Luis María Anson.- En junio de 2018 se contabilizaron en España 3.121.000 empleos públicos, cifra que multiplicaba por tres las necesidades reales de las Administraciones. La mayoría de los partidos políticos, convertidos en agencias de colocación, se dedicaron -y se dedican- a enchufar a parientes, amiguetes y paniaguados. Resultado: la aparición de una burocracia insoportable. Mujeres y hombres instalados en empleos innecesarios se inventaron -y se inventan- todo tipo de trabas y trámites burocráticos para justificar sus sueldos. Caminamos hacia una dictadura burocrática. Tal vez la padecemos ya.

Resulta que durante los largos años del sanchismo en el poder no solo no se ha contenido el enchufismo y el despilfarro. Por el contrario, se han sumado, hasta ahora, 657.948 empleados públicos más. Ciertamente, si ese empleo no hubiera crecido en un porcentaje que supone relativamente el 24,7 del sector, el paro habría resultado más gravoso Lo que ocurre es que la fórmula resulta doblemente negativa. Solo a base de subir los impuestos se puede financiar un empleo público desmedido e innecesario, lo que compromete agriamente a la entera economía de la nación.

El “Sánchez, colócanos a todos” se ha convertido en los últimos siete años en un banderín político de enganche. Una economía nacional seria no se puede sustentar sobre el despilfarro del sector público, con grave lesión para la ciudadanía.

¿Habrá algún partido político que se decida a propugnar la reducción de los empleados públicos a cifras razonables? ¿Habrá algún partido político que anuncie su propósito de disminuir el gasto público? España se convertiría en un paraíso si se redujera lo que nos cuestan los abusos de los políticos.

Según expertos cualificados, la cifra de empleados públicos no debería pasar del millón. Y las empresas públicas innecesarias, los colaboradores, los asesores, los viajes gratis total, el dispendio en la decoración de despachos e instalaciones, la desmesura de automóviles y transportes, de chóferes y escoltas, así como la suntuosidad de la que se rodean los altos y los medios cargos, tanto en el Gobierno de Madrid como en la mayoría de las Comunidades Autónomas, deberían extirparse porque esos abusos no pueden ser más lamentables y contraproducentes. Spengler subrayó el siglo pasado las consecuencias que podía generar el gasto público desbocado en las nuevas democracias, porque contribuía a la decadencia de Occidente. Hoy en casi toda Europa, no solo en España, el derroche emborrona la ordenada vida social.