Jorge Sanz Casillas.- La primera (y quizá la única) conclusión que deberíamos sacar de todo lo que ha ocurrido con La Vuelta a España es que en este país ya no existe el imperio de la ley. Cortar una carrera ciclista por medios violentos no es una chiquillada, es un delito. Un delito que, para más señas, se ha jaleado desde el Gobierno con una equidistancia cómplice que nos ha dejado como un país de tercera a ojos del mundo civilizado. Donde Sánchez y el podemismo rosa y morado ven un «ejemplo», la gente común ve un sonrojo mundial.

¿Habría ocurrido algo parecido con el Tour de Francia en los Campos Elíseos? ¿Habría permitido Meloni que unas decenas de manifestantes frenasen el Giro al entrar en Roma? No lo sé. Francamente no lo sé. París las pasó canutas con la final de Champions del año 2022 (que se lo digan a los aficionados del Madrid, acechados por lo más abyecto de la «multiculturalidad») pero no me imagino a Macron, con todos sus defectos, haciendo guiños a aquellos que deciden por medios violentos que la calle es suya.

Si yo mañana quiero cortar Callao y manifestarme por aquello que considero injusto (una fiscalidad confiscatoria que sirve para pagar sueldos a la putita de un ministro, por ejemplo) tengo que pedir permisos. Lo que se conoce como ajustarse a Derecho, que es de primero de democracia. Hoy el mundo entero ha visto que en la capital de España puedes cortar la calle y que te salga gratis, arruinando de paso la tarde a miles de familias y personas que querían ver La Vuelta e incluso manifestarse de forma pacífica, que también los hay.

Mañana Netanyahu seguirá trillando Gaza y en el haber de esos delincuentes habrá un eucalipto roto, el muslo en carne viva de un ciclista manchego (qué culpa tiene él) y decenas de miles de españoles de bien pensando que qué vergüenza.

Eso se llevarán los alborotadores, que mañana seguirán a sus cosas, quizá cobrando de algún observatorio público de dudosísima utilidad. Los demás, los que procuramos ceñirnos a las normas, nos levantaremos mañana dirigidos por un Gobierno que está del lado del delincuente en vez de aquellos que queremos ver La Vuelta con normalidad. Porque eso es lo grave y lo que permanecerá: un Gobierno que se formó gracias al voto de varios delincuentes (Otegi y Puigdemont) mostrándose incapaz de mantener la ley y el orden. ¿En qué cabeza cabe que un Gobierno que financia La Vuelta aliente las manifestaciones que han dado un triste final a La Vuelta? ¿Qué sentido tiene que el Gobierno que jalea a los manifestantes organice un operativo (fallido) contra esos mismos manifestantes?

El camino de la ley y el orden es un camino solo de ida. Una vez que se cruza esa frontera es difícil regresar. Porque ¿con qué cara le dirás al siguiente que las normas se respetan?