Nicolás Maduro es el líder de un imperio criminal que ha convertido a su país en un narco-Estado. Bajo su régimen, Venezuela ha dejado de ser una nación soberana para convertirse en un centro de operaciones del narcotráfico mundial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maduro de “narcoterrorismo”, señalando su complicidad con las FARC para inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína. Además, el Departamento del Tesoro ha identificado al Cartel de los Soles, dirigido por Maduro, como una organización terrorista global. En respuesta, Estados Unidos ha elevado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, la más alta en la historia de la lucha contra el narcotráfico.

En 2024, Venezuela exportó más de 8.236 millones de dólares en cocaína, según informes de Transparencia Venezuela. Este negocio ilícito no solo ha enriquecido a Maduro y sus aliados, sino que ha sumido al pueblo venezolano en una crisis humanitaria sin precedentes.

Mientras millones de venezolanos sufren hambre y represión, el régimen se beneficia del tráfico de drogas, utilizando a las Fuerzas Armadas y a grupos paramilitares como el Tren de Aragua para garantizar el control de las rutas de narcotráfico.

La reciente destrucción de un barco cargado de drogas vinculado al Tren de Aragua, en el que murieron 11 personas, es solo la punta del iceberg. Este grupo, originado en las cárceles venezolanas, opera con la complicidad del régimen y extiende su influencia a países vecinos, como Colombia. Las autoridades estadounidenses han señalado que Maduro tiene vínculos directos con este grupo criminal, acusándolo de liderar un “cartel de narco-terroristas”.

Este panorama revela la magnitud de la corrupción y el crimen organizado que permea el gobierno de Maduro. La comunidad internacional debe actuar con firmeza para aislar a este régimen y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la justicia. Maduro debe rendir cuentas por sus crímenes y ser llevado ante la justicia internacional.