Óscar Bermán.- La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, ha sido presentada por el Gobierno como un avance en materia de derechos humanos, reparación a las víctimas y dignificación de la historia reciente de España. Sin embargo, un análisis desapasionado de su contenido y de sus implicaciones políticas revela que esta norma no está exenta de graves riesgos: debilita la neutralidad del Estado en el ámbito histórico, abre la puerta a la censura ideológica y erosiona los principios de reconciliación que hicieron posible la democracia española.

Historia y política: una relación peligrosa

La historia, en un sistema democrático, debe ser objeto de investigación libre, plural y crítica. Corresponde a los historiadores, y no a los legisladores, elaborar interpretaciones sobre el pasado. La Ley de Memoria Democrática, sin embargo, convierte una determinada visión de la Guerra Civil y de la dictadura en un relato oficial respaldado por el aparato del Estado. Este fenómeno, lejos de fomentar la memoria, corre el riesgo de cristalizar en un dogma histórico que excluye versiones alternativas y empobrece el debate académico.

Justicia retroactiva y fractura social

Otro de los problemas centrales de la norma es su carácter de relectura retroactiva de hechos ocurridos hace más de ochenta años. La transición política española se construyó sobre un consenso amplio: dejar atrás los antagonismos de la Guerra Civil y la dictadura, apostando por la reconciliación y la convivencia democrática. Reabrir ese pasado desde una óptica judicial y política supone romper el pacto fundacional de 1978 y reactivar heridas que la sociedad había sabido superar con madurez.

Censura cultural y memoria selectiva

La ley, además, no se limita a un marco de reparación moral y simbólica. Establece mecanismos de control cultural y social: retirada de monumentos, sanciones a asociaciones, revisión de archivos y limitaciones a la libertad de expresión en torno a determinados discursos. Esto conduce a una memoria selectiva, donde unas víctimas son reconocidas y otras quedan silenciadas, en función de criterios ideológicos más que de principios universales de justicia.

Un instrumento político, no histórico

El verdadero trasfondo de la Ley de Memoria Democrática no es la memoria en sí, sino el presente. La utilización del pasado como instrumento de legitimación política debilita la confianza ciudadana en las instituciones y reduce la historia a un campo de batalla partidista. En lugar de consolidar la democracia sobre la base de la libertad y la pluralidad, esta norma la condiciona a una narrativa impuesta.

La memoria histórica es legítima y necesaria, pero solo cuando surge de la sociedad civil, de los historiadores y de un debate abierto y plural. La Ley de Memoria Democrática, en cambio, se erige en una ley de memoria oficial, lo que resulta incompatible con los principios básicos de una democracia liberal. España no necesita una historia decretada, sino un marco que garantice la libertad de investigación, la pluralidad de visiones y la preservación de la convivencia nacional.