El contraste entre desahucios a españoles y ayudas a inmigrantes alimenta la sensación de injusticia y explica parte del auge de Vox.

* España atrapada en una contradicción social

* Dos varas de medir en el acceso a la ayuda

En España, cuando un ciudadano no puede pagar el alquiler o la hipoteca, la respuesta suele ser tajante: desahucio. Sin recursos de emergencia, muchas familias acaban literalmente en la calle.

Sin embargo, cuando se trata de inmigrantes en situación de vulnerabilidad —incluso en situación irregular— el discurso institucional cambia. Se les garantiza alojamiento temporal, acceso a programas asistenciales y, en ocasiones, ayudas públicas. El contraste resulta evidente para muchos españoles: mientras a unos se les corta en seco, a otros se les tiende una red.

 Los datos y la percepción social

Los estudios muestran que España no registra una relación directa entre inmigración y criminalidad, aunque en barrios con alta presión migratoria sí aumenta la sensación de inseguridad. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) subraya que la inmigración no dispara los delitos, pero la percepción pública cuenta más que los números.

En paralelo, el número de inmigrantes ha crecido hasta rozar el 20 % de la población en 2025. El Gobierno incluso plantea regularizar a 300.000 personas al año hasta 2027 para responder al reto demográfico y laboral. Mientras tanto, miles de españoles siguen enfrentándose a desahucios sin apenas alternativas habitacionales.

 El caldo de cultivo del voto a Vox

Ese contraste alimenta un sentimiento de agravio: “primero los españoles, luego los demás”. Una idea que resuena en la calle y en redes sociales, especialmente entre quienes se sienten abandonados por el sistema.

Aquí encuentra terreno fértil Vox, que ha convertido el malestar en votos. Su éxito no se debe tanto a una oleada de racismo como a la percepción de injusticia institucional: la idea de que el Estado protege antes al extranjero que al ciudadano de aquí.

 Un reto para las instituciones

Ni la Xunta ni el Gobierno central pueden seguir mirando hacia otro lado. Las ONG que trabajan con colectivos vulnerables también reclaman protección para sus trabajadores, que en ocasiones sufren agresiones como la ocurrida recientemente en A Coruña. El silencio institucional y mediático, lejos de calmar los ánimos, alimenta la sensación de ocultamiento.

Lo urgente es una política de equilibrio y transparencia: que el apoyo a los inmigrantes no se perciba como un privilegio frente al desamparo de los nacionales. De lo contrario, la brecha social seguirá creciendo y el debate será monopolizado por discursos extremos.

 No al enfrentamiento

España necesita políticas de vivienda y asistencia social que no enfrenten a unos con otros. Mientras la ayuda a los inmigrantes se perciba como prioritaria frente a los españoles desahuciados, la desafección ciudadana seguirá siendo terreno abonado para la protesta electoral.