El narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro (d), recibe al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (i), en Caracas

La crisis venezolana ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas, consolidando un régimen que muchos analistas califican como una “narcodictadura”. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, el país ha sufrido una profunda degradación institucional, donde las estructuras del Estado se han visto permeadas por la corrupción, la impunidad y el tráfico ilícito de drogas. Informes de la ONU, la DEA y diversas organizaciones de derechos humanos documentan vínculos del gobierno con redes de narcotráfico, así como una sistemática represión contra opositores políticos, periodistas y ciudadanos comunes. La economía colapsada, la escasez de alimentos y medicinas, y la emigración masiva de millones de venezolanos son testigos de la crisis humanitaria que el régimen ha profundizado deliberadamente.

En paralelo, la reacción internacional, y en particular la de España bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido objeto de críticas por su tibieza frente a la dictadura venezolana. Aunque España ha denunciado formalmente ciertas violaciones de derechos humanos y ha adoptado algunas sanciones simbólicas, muchos analistas señalan que la política del Ejecutivo español ha oscilado entre la diplomacia cautelosa y una actitud de complicidad silenciosa. España mantiene lazos económicos y comerciales con Venezuela, e incluso en ciertos sectores se percibe un interés por proteger inversiones o alianzas políticas, a pesar del sufrimiento de millones de venezolanos.

La crítica central es doble: por un lado, la narcodictadura venezolana sigue consolidando un régimen de opresión y corrupción; por otro, gobiernos europeos, incluyendo el de Sánchez, parecen priorizar intereses geopolíticos o económicos por encima de los valores democráticos y los derechos humanos. Esta doble dinámica plantea preguntas incómodas: ¿hasta qué punto la comunidad internacional, y España en particular, está actuando como garante de la democracia y los derechos humanos, y hasta qué punto se ha convertido en cómplice pasiva de un régimen criminal?

Venezuela continúa atrapada en un círculo vicioso: represión interna, colapso económico y migración masiva. Mientras tanto, la política internacional que debería apoyar la restauración de la democracia muchas veces se queda en declaraciones formales y gestos simbólicos. La lección para el mundo es clara: la complicidad silenciosa frente a la opresión y el crimen organizado no es neutral; contribuye a perpetuar el sufrimiento y socava la legitimidad de quienes se presentan como defensores de los derechos humanos.