En un mundo donde el dinero parece dictar cada decisión, el empresario británico Samuel Leeds ha emergido como un ejemplo de integridad al rechazar una oferta tentadora de 420.000 libras esterlinas al año (casi medio millón de euros) para convertir su hotel boutique, Willingham House, en un alojamiento para inmigrantes ilegales. Esta propuesta, proveniente de empresas como Serco y otras vinculadas al Gobierno del Reino Unido, abarcaba un periodo de siete años, lo que habría representado un ingreso pasivo millonario a cambio de ceder su propiedad para fines que, según Leeds, van en contra de sus valores personales y empresariales.

Leeds, un inversor inmobiliario y youtuber conocido por sus audaces adquisiciones, compró Willingham House en 2024 mediante un acuerdo de opción de compra por dos millones de libras, con un depósito inicial simbólico de sólo una libra. Ubicado en Cambridgeshire, este hotel rural de lujo fue restaurado con la visión de mantenerlo como un negocio familiar y accesible para turistas y locales. Sin embargo, poco después de la adquisición recibió presiones para unirse a la red de alojamientos temporales gestionados por el Home Office, el Ministerio del Interior británico, que contrata a compañías privadas para hospedar a solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales.

«Les dije ‘no’», declaró Leeds en una publicación en la red social X, donde compartió un video explicando su decisión. «A pesar de las ofertas tentadoras de Serco y muchas otras compañías, Willingham House se mantendrá como un hotel. Muchos otros dueños de hoteles están cediendo bajo la presión. No yo». Su rechazo no es un caso aislado, pero resalta una rara resistencia en un sector donde la rentabilidad inmediata a menudo prevalece sobre consideraciones éticas o sociales. En 2022, otro propietario de hotel en Kent rechazó una oferta de un millón de libras del Gobierno por motivos similares, argumentando que destruiría la reputación de su negocio de la noche a la mañana.

Esta gesta de Leeds no sólo subraya la importancia de priorizar principios sobre ganancias fáciles, sino que también expone las grietas de un sistema migratorio británico que, en lugar de disuadir la inmigración ilegal, la fomenta activamente. El Gobierno del Reino Unido ha gastado miles de millones en contratos con empresas privadas como Serco, que desde 2019 gestiona alojamientos para solicitantes de asilo en regiones como el noroeste, las Midlands y el este de Inglaterra.

Estas medidas, lejos de ser soluciones temporales, perpetúan un ciclo vicioso. Al ofrecer contratos lucrativos de hasta 10 años a propietarios de propiedades vacías, residenciales o incluso de estudiantes, el sistema incentiva la llegada masiva de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales cruzan el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias. En lugar de invertir en políticas disuasorias efectivas, como procesamientos rápidos de solicitudes de asilo o repatriaciones ágiles, el enfoque actual convierte a los inmigrantes ilegales en una «industria» rentable para empresas privadas.