Con la decisión del pasado lunes del juez Juan Carlos Peinado de investigar también a Begoña Gómez por un delito de malversación de caudales públicos, la esposa del presidente del Gobierno aglutina ya hasta cinco delitos que, en un hipotético escenario de condena, podrían llegar a acumular penas de hasta 17 años de cárcel.

El origen de la causa se remonta a abril de 2024, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó abrir diligencias contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde entonces, a esos cargos iniciales se han sumado los de apropiación indebida, intrusismo profesional y, finalmente, malversación. Todos ellos giran en torno al crecimiento de su trayectoria académica y profesional desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El detonante fue la denuncia del sindicato Manos Limpias, que alegaba que Gómez, aprovechando su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, habría avalado con su firma a empresarios en concursos públicos. Entre los beneficiados figuraba Juan Carlos Barrabés, cuyas sociedades y consorcios obtuvieron adjudicaciones millonarias tras recibir esas cartas de recomendación. Aunque la querella se apoyaba en informaciones de prensa, el juez consideró que había indicios suficientes para iniciar la investigación.

La Audiencia Provincial de Madrid, pese a que en varias ocasiones ha limitado el alcance de la instrucción —por ejemplo, descartando que existieran elementos sobre su participación en el rescate de Air Europa—, también ha respaldado parte de la tesis del juez instructor. Según señaló la Sala en octubre de 2024, Gómez podría haber recurrido a su posición institucional para favorecer a determinadas empresas que, a cambio, apoyaban el despegue de su actividad en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Ese despegue coincidió con un notable incremento en los contratos adjudicados al grupo empresarial de Barrabés. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha acreditado que Innova Next SLU, vinculada al empresario, consiguió cerca de 21 millones de euros mediante 11 contratos públicos en los ejercicios 2021 y 2022. El tribunal destacó la «llamativa variación cuantitativa y cualitativa» de esas relaciones con la Administración en paralelo a la consolidación de la cátedra y los másteres de Gómez.

El Código Penal contempla penas relevantes para los delitos atribuidos: hasta dos años de cárcel por tráfico de influencias, un máximo de seis por malversación, cuatro por corrupción en los negocios, tres por intrusismo profesional y otros dos por apropiación indebida.

La aplicación práctica de algunos de estos tipos penales, en especial el de tráfico de influencias, no es sencilla. La Audiencia advertía de que su persecución es compleja y depende, en muchas ocasiones, de la existencia de un «informante interno». Aun así, el tribunal ha considerado que existen elementos suficientes para continuar indagando en la relación de la investigada con las adjudicaciones públicas.