Cada verano, los incendios en España dejan tras de sí un balance devastador: miles de hectáreas calcinadas, explotaciones agrarias reducidas a cenizas y, lo más trágico, bomberos que pierden la vida intentando salvar pueblos y montes.

No hablamos solo de profesionales que se juegan la piel: hablamos de hombres y mujeres que mueren en acto de servicio, defendiendo el territorio rural mientras otros permanecen a salvo en sus despachos.

Mientras tanto, la clase política parece más preocupada en intercambiar reproches que en coordinar medios de forma eficaz. Gobierno central y comunidades autónomas se culpan mutuamente: que si faltan brigadistas, que si los aviones llegaron tarde, que si no se pidió ayuda europea a tiempo. Pero lo cierto es que las llamas no entienden de competencias, y mientras las administraciones discuten, el fuego avanza y el rural paga la factura.

Francia: solidaridad inmediata frente al fuego

El contraste con Francia es evidente. Tras el megaincendio del macizo de Corbières, con más de 16.000 hectáreas arrasadas y 2.000 de cultivos destruidos, el Gobierno francés reaccionó con rapidez. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, visitó la zona afectada y anunció un fondo de urgencia de 8 millones de euros para compensar a agricultores y ganaderos.

El mensaje fue claro: el Estado está con su campo, no contra él. La solidaridad nacional se tradujo en hechos concretos y no en discursos vacíos.

En España, en cambio, tras cada gran incendio lo que se suceden son ruedas de prensa, promesas de planes futuros y culpas cruzadas. Las ayudas directas tardan meses en materializarse, cuando llegan, y el mundo rural queda abandonado a su suerte.

El campo, víctima doble

Los incendios no solo destruyen masa forestal: afectan de lleno a cultivos, naves ganaderas, maquinaria agrícola, colmenas y viñedos. Cada hectárea perdida supone menos ingresos, más despoblación y un golpe añadido a un medio rural que ya lucha por sobrevivir.

Paradójicamente, los agricultores y ganaderos son a menudo señalados como sospechosos, en vez de ser integrados en la estrategia de prevención. En Galicia y otras regiones, las organizaciones agrarias reclaman desde hace años un papel activo en la gestión del monte: pastoreo controlado, limpieza de franjas, aprovechamiento sostenible de biomasa. Pero en demasiadas ocasiones, su propuesta cae en saco roto.

Héroes en el fuego, silencio en los despachos

Los bomberos y brigadistas denuncian una realidad que cada vez resulta más insoportable: arriesgan su vida y algunos la pierden, mientras la coordinación política se convierte en un laberinto burocrático.

Un brigadista gallego lo resumía con amargura: “Nosotros ponemos el cuerpo, ellos ponen las excusas”.

El fuego exige rapidez, refuerzos inmediatos y recursos bien distribuidos. En España, con frecuencia, llegan tarde: medios dispersos, falta de efectivos, ayuda internacional solicitada cuando ya es demasiado tarde. Esa ineficacia convierte cada incendio en una tragedia mayor de lo que debería ser.

El precio de los reproches

La Fiscalía francesa investiga el origen humano del incendio de Corbières. En España, la mayoría de los incendios también son provocados, pero seguimos atrapados en un ciclo de acusaciones políticas que bloquea lo esencial: prevención real, persecución del delito y apoyo rápido a los afectados.

Los bomberos pagan con su vida la falta de planificación. El campo, con su ruina. Y los políticos, a salvo entre reproches, se han convertido en los únicos que parecen salir indemnes de cada temporada de incendios.

Diferencias 

La diferencia entre España y Francia no está en las hectáreas quemadas, sino en la reacción. En Francia, la política se convierte en respaldo inmediato al mundo rural. En España, se convierte en un espectáculo de culpas cruzadas.

Mientras bomberos mueren en los frentes de fuego y el rural pierde su futuro, los despachos se enredan en discusiones estériles. El fuego no espera. España tampoco debería hacerlo.