Friedrich Merz

Alemania afronta en 2025 un paradójico y alarmante escenario demográfico y económico: cada vez más alemanes —especialmente jóvenes preparados y con títulos universitarios— hacen las maletas para marcharse, mientras Berlín insiste en la necesidad de atraer hasta 400.000 inmigrantes netos al año para sostener el mercado laboral.

Según datos de The European Conservative, sólo entre enero y abril, 93.000 ciudadanos abandonaron el país rumbo al extranjero. Si la tendencia se mantiene, el año cerrará con un récord histórico de emigración, superando los casi 300.000 que dejaron Alemania en 2024. Y no se trata de jubilados que buscan climas más cálidos, sino de profesionales menores de 40 años, con estudios superiores y experiencia laboral.

Desde 2005, la balanza migratoria de ciudadanos alemanes es negativa: se van más de los que vuelven. El crecimiento poblacional se sostiene únicamente gracias a la llegada de solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales, mayoritariamente procedentes de Asia occidental y África. Sin embargo, esta inmigración no compensa la pérdida de capital humano: muchos carecen de cualificación y casi la mitad de los perceptores de ayudas sociales en Alemania no son nacionales.

El discurso oficial, respaldado por el Gobierno y por economistas como Marcel Fratzscher, sostiene que el único modo de mantener el empleo es atraer 400.000 trabajadores al año. Pero incluso la Agencia Federal de Empleo reconoce que serían necesarios 1,7 millones de entradas anuales para compensar la emigración y cubrir el déficit, sin que exista ningún plan real para retener a los alemanes que se marchan.

Los motivos del éxodo son evidentes: impuestos asfixiantes, burocracia inabarcable, creciente inseguridad en las ciudades y el colapso de los servicios públicos, con la educación como ejemplo paradigmático. En una década, el número de estudiantes aumentó en 800.000, pero hoy hay 110.000 plazas de profesor vacantes, lo que obliga a cubrir clases con personal sin formación pedagógica o, directamente, a cancelarlas. A ello se suma la caída de la calidad educativa, erosionada por los intentos de integrar a miles de alumnos recién llegados con escasa preparación para el mercado laboral europeo.

El problema se agrava con la crisis de la vivienda: los precios se disparan mientras la construcción se hunde, dificultando la acogida de los recién llegados y empujando a miles de alemanes a buscar mejores oportunidades en otros países. Pese a ello, las autoridades no aplican reformas para frenar la fuga de cerebros, mejorar la calidad educativa o garantizar unas pensiones sostenibles.

La cuestión ya no es sólo económica. La pérdida continuada de jóvenes cualificados erosiona la competitividad, compromete la viabilidad del Estado del bienestar y amenaza la estabilidad política. Una población activa menguante, reemplazada por un flujo constante de inmigrantes con baja cualificación y problemas de integración, aumenta la presión sobre la asistencia social y fractura la cohesión cultural de Alemania. El riesgo, a medio plazo, es un país más pobre, más inseguro y más dividido.

El caso alemán no es aislado. Francia y España repiten el patrón: pese a sus elevadas tasas de paro —7,5% y 12% respectivamente—, sus gobiernos mantienen políticas de fronteras abiertas con el argumento de que la inmigración es indispensable para cubrir supuestas carencias laborales. La realidad es que buena parte de los recién llegados acaban dependiendo de subsidios públicos sin contribuir de forma efectiva al sostenimiento del Estado. Y mientras se repite el mantra de que «pagarán nuestras pensiones», el sistema español ya es insostenible y consume cerca del 12% del PIB.

En las mayores economías de Europa, la conclusión es la misma: en lugar de diseñar políticas para retener a sus propios ciudadanos, fomentar la natalidad y fortalecer el tejido productivo, sus dirigentes apuestan por tapar las grietas con inmigración masiva, ignorando las consecuencias para la cohesión social y el equilibrio demográfico.