España se enfrenta a una escalada progresiva en la amenaza del terrorismo yihadista, según revelan los datos oficiales del Ministerio del Interior, que registran un incremento del 179% en detenciones desde 2018 hasta 2024.

Este ascenso, marcado por picos anuales alarmantes, transforma un panorama que parecía estabilizado tras los atentados del 11-M en 2004, con un total acumulado de 496 operaciones y 1.197 detenciones hasta el mes de julio. La tendencia no sólo refleja una mayor actividad en la detección, sino que genera interrogantes sobre la expansión de esta amenaza en el territorio nacional.

Antes de 2018, los esfuerzos antiterroristas mostraban un equilibrio relativo, con detenciones que promediaban alrededor de 50 al año, culminando en un descenso en 2018 —con sólo 29 arrestos, un 62% menos que en 2017—. Pero esta percepción cambió drásticamente a partir de entonces, marcando el inicio de una trayectoria ascendente que ha transformado el panorama de la lucha contra el yihadismo en España.

En los últimos años los incrementos han sido alarmantes en comparación con los años previos. En 2019, los arrestos se duplicaron respecto a 2018, alcanzando 58, un salto del 100%. Aunque hubo fluctuaciones en 2020 y 2021 —con descensos del 36% y un modesto repunte del 5%—, la tendencia se endureció en 2022 con un aumento del 18%, seguido de saltos del 70% en 2023 y del 4% en 2024, llegando a 81 detenciones. Hasta julio de 2025, esa cifra ya se ha igualado, apuntando a un posible cierre de año aún más elevado. En operaciones, el patrón es paralelo. En total, desde 2018 hasta 2024, las detenciones han crecido un 179%, y las operaciones un 113%.

Esta preocupación se amplifica al observar la amplia representación geográfica de la amenaza en 2025, donde las detenciones y operaciones —hasta julio— se han dispersado por todo el territorio nacional. Cataluña emerge como un foco principal, con 14 operaciones y 27 detenciones, concentradas en Barcelona (11 operaciones, 24 detenidos), Tarragona (2 operaciones, 2 detenidos) y Gerona (1 operación, 1 detenido). La Comunidad Valenciana registra ocho operaciones y 12 detenciones, con Valencia (6 operaciones, 9 detenidos) y Alicante (2 operaciones, 3 detenidos) como puntos clave. Andalucía muestra actividad dispersa en 6 operaciones y 6 detenciones, distribuidas en Málaga (2 operaciones, 2 detenidos), Córdoba (1 y 1), Granada (1 y 1), Huelva (1 y 1) y Sevilla (1 y 1). En Castilla y León, hay 4 operaciones y 6 detenciones en Ávila (1 y 2), Burgos (1 y 1), Salamanca (1 y 2) y Soria (1 y 1). Galicia suma 3 operaciones y 5 detenciones en Pontevedra (1 y 3), La Coruña (1 y 1) y Orense (1 y 1). La Comunidad de Madrid tiene 5 operaciones y 9 detenidos. Otras regiones como Castilla-La Mancha (2 operaciones, 4 detenidos en Toledo y Guadalajara), Región de Murcia (2 y 2), Galicia (3 y 5), Aragón (1 y 1 en Zaragoza), Canarias (1 y 2 en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) y País Vasco (datos parciales en Álava con 1 operación) contribuyen a esta extensión. Esta difusión por al menos 13 comunidades autónomas y más de 20 provincias ilustra cómo la amenaza ya no se concentra en enclaves tradicionales, sino que se infiltra en áreas rurales y costeras, desde el norte hasta el sur, haciendo más desafiante su contención y subrayando un riesgo nacional generalizado.

Con 81 detenciones ya registradas en los primeros siete meses de 2025 —igualando el total de 2024—, una proyección lineal del ritmo actual sugiere que el año podría concluir con más de 130 arrestos. Para las operaciones, la estimación apunta a más de 80. Estos escenarios, extraídos directamente de los patrones históricos, evocan un futuro de mayor alerta, donde sin interrupciones en la tendencia, España se vería ante una amenaza yihadista cada vez más exigente de recursos.