Esta nueva ley lo cambia todo; así mejora la indemnización si se sufre un accidente
Desde el 25 de julio de 2025 está en vigor la Ley 5/2025, que modifica de forma significativa la normativa sobre responsabilidad civil y seguro obligatorio en la circulación de vehículos a motor. Esta reforma supone un antes y un después en la protección a las víctimas de accidentes de tráfico en España.
La ley adapta la legislación española a la Directiva (UE) 2021/2118, e introduce cambios clave en cuatro grandes bloques: vehículos obligados a asegurarse, cuantías indemnizatorias, procedimiento de reclamación y garantías para las víctimas.
Más vehículos obligados a tener seguro
Uno de los cambios más visibles es la ampliación del concepto de “vehículo a motor”. A partir de ahora, deben tener seguro obligatorio no solo los coches, motos o camiones, sino también:
Tractores y vehículos agrícolas
Vehículos industriales usados en recintos privados
Patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP) con velocidad superior a 6 km/h y peso superior a 25 kg
Los usuarios de estos nuevos vehículos tienen hasta el 2 de enero de 2026 para contratar un seguro, sin sanciones durante el periodo de adaptación.
Indemnizaciones más altas y actualizadas con el IPC
Otro aspecto fundamental de la Ley 5/2025 es la mejora de las indemnizaciones. Se eliminan los criterios anteriores basados en el índice IRP y se sustituye por el Índice de Precios al Consumo (IPC), más representativo y ajustado a la realidad económica.
Además:
Se aumentan los límites mínimos de cobertura obligatoria:
70 millones de euros para daños personales
15 millones de euros para daños materiales
Se reconocen nuevas situaciones indemnizables, como los daños sufridos por personas que realizan tareas del hogar familiar sin remuneración.
Se mejora el acceso y la valoración de secuelas, lesiones temporales y fallecimientos, asegurando compensaciones más ajustadas a cada caso.
Reclamaciones más ágiles y extrajudiciales
La nueva norma también da un paso adelante en la agilización del procedimiento de reclamación. Entre las novedades más destacadas:
Las aseguradoras tienen la obligación de hacer una oferta motivada en un plazo máximo de 3 meses desde la reclamación.
El acceso a atestados policiales y documentación médica será más sencillo y rápido.
Se refuerzan los informes periciales médicos como base objetiva para las ofertas de indemnización.
Se facilita la resolución extrajudicial, reduciendo la necesidad de acudir a los tribunales.
El Consorcio de Compensación de Seguros gana protagonismo
En caso de que el vehículo responsable del accidente no tenga seguro, haya sido robado o pertenezca a una aseguradora insolvente, será el Consorcio de Compensación de Seguros quien se haga cargo de las indemnizaciones, incluidas aquellas causadas por vehículos extranjeros en territorio español.
Esto supone un refuerzo importante en la protección de las víctimas, asegurando una respuesta rápida y garantizada incluso en situaciones complejas.
La nueva ley mejora la seguridad jurídica, eleva el nivel de protección de las víctimas y adapta el sistema español a los nuevos retos de movilidad urbana y responsabilidad civil. Una reforma esperada que supone un paso más hacia una movilidad más segura y justa para todos.
Carla Tonín, Responsable del Departamento Jurídico de Calculatuindemnización.es, destaca que la Ley 5/2025 representa un avance significativo en la protección legal de las víctimas de accidentes de tráfico. “Llevábamos tiempo esperando una reforma como esta. Aunque antes la normativa parecía favorecer a la víctima, en la práctica existían obstáculos, como tener que adelantar dinero para acceder al atestado o quedar desprotegidos ante accidentes con patinetes o bicicletas eléctricas. Con esta ley se adapta el marco normativo a las necesidades actuales, ampliando el espectro de protección y mejorando la indemnización económica. Es un paso real hacia una justicia que realmente repare el daño sufrido.”
Desde Calculatuindemnización.es asumen este cambio con responsabilidad y compromiso, poniendo a disposición de los clientes un asesoramiento especializado y actualizado para garantizar la defensa efectiva de sus derechos y el acceso a una compensación justa conforme a la nueva legislación.
