El líder de VOX y presidente de Patriotas por Europa, Santiago Abascal, ha valorado la situación de España en uno de sus momentos más críticos ante la inseguridad causada por la inmigración masiva y descontrolada, la crisis económica o las cada vez más preocupantes alianzas del Gobierno de Pedro Sánchez en el exterior.

La conversación, emitida en el espacio audiovisual Bipartidismo Stream y centrada principalmente en la inmigración ilegal y sus consecuencias, ha abordado también la actuación del Partido Popular en Bruselas, el papel de los medios de comunicación, la política internacional y los retos económicos y sociales que, en su opinión, afronta el país.

Durante la entrevista, Abascal ha acusado al Gobierno socialista, al Partido Popular y al bipartidismo europeo de fomentar una «invasión» mediante políticas que han provocado que España se convierta en la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales a Europa. Ha asegurado que las consecuencias ya se ven en la pérdida de seguridad, de identidad y de calidad en los servicios públicos, y ha reclamado medidas drásticas como deportaciones masivas. El líder de VOX ha advertido de que los intentos de censura y la persecución política contra fuerzas patrióticas se intensificarán, pero ha defendido que el cambio político es imparable.

España se ha convertido en la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales de toda Europa. ¿Está todavía a tiempo de frenar esta invasión migratoria sin precedentes viendo que en sólo cuatro años han llegado casi dos millones de forma irregular?

Pues yo vengo de Covadonga, por lo tanto tengo que decir que sí estamos a tiempo. Lo digo con la convicción de quien conoce la historia de España. Los españoles hemos afrontado momentos mucho peores que el actual, y aunque ahora vivimos una etapa crítica, con libertades que se nos escapan, con inseguridad creciente, con una identidad amenazada y unos servicios públicos desbordados por políticas desastrosas, no estamos condenados a aceptarlo. Podemos recuperar nuestra tierra y nuestra libertad. Esta situación no la ha creado sólo el actual Gobierno, aunque Pedro Sánchez la haya acelerado, sino que es consecuencia de décadas de políticas del bipartidismo europeo que han promovido la inmigración masiva. Hoy, las consecuencias son claras: importación de islamistas que vienen a imponer una ideología totalitaria, personas que creen que esta tierra les pertenece. España no es Al-Ándalus, no es Marruecos y no va a serlo.

El vínculo entre la inmigración ilegal procedente de África y el aumento de delitos como las violaciones es innegable. Prueba de ello es que mientras en el Reino Unido han crecido más de un 600% las agresiones sexuales con penetración en las últimas dos décadas, en países como Polonia han disminuido. ¿Cómo estamos en España?

La situación es muy grave. Sólo con este Gobierno, las violaciones se han multiplicado por tres. Y no hablamos de un problema abstracto: ya hay ablaciones en nuestro territorio, matrimonios forzosos, matrimonios infantiles. Tenemos yihadistas en España: el año pasado fueron detenidos 81, y este año vamos camino de superar esa cifra. Las consecuencias están llamando a la puerta. Podemos mirar a Francia o Alemania y pensar que están peor, pero eso es un consuelo muy triste. No debemos llegar a esos extremos. Y aunque en el pasado los españoles hemos recuperado el territorio tras siglos de ocupación, no disponemos de 700 años para volver a hacerlo. Hay que evitar que el islamismo vuelva a instalarse en nuestro país.

Uno de los ejemplos recientes es Jumilla, en Murcia, donde se ha prohibido la celebración de festividades musulmanas en espacios públicos. ¿Es suficiente para frenar el radicalismo?

Son medidas positivas, pero muy pequeñas para la magnitud del problema. Lo que hay que hacer es mucho más serio: deportaciones masivas de quienes han entrado ilegalmente y de quienes, aun siendo legales, delinquen, ocupan, violan o pretenden imponer una ideología totalitaria. Y no sólo eso: proponemos la prohibición del velo islámico en espacios públicos. Queremos que las calles de España sigan pareciendo españolas, que las mujeres no caminen detrás de los hombres como sombras, que los homosexuales no teman ser agredidos o colgados y que no tengamos miedo a que un extremista se inmole en cualquier lugar.

Pese a que la gran mayoría de ciudadanos han acogido esta medida con satisfacción y hasta el 70% apoya vuestras políticas migratorias, vemos que los medios de comunicación generalistas siguen tratando de manipular una realidad cada vez más presente. ¿Cuál es su responsabilidad en la situación actual de España?

La responsabilidad de los medios es absoluta porque forman parte del bipartidismo. Sobreviven gracias a subvenciones públicas pagadas con los impuestos de los españoles y actúan como portavoces del poder. Llevamos meses sufriendo manipulación total: han dicho que queremos deportar a «media humanidad», cuando muchos inmigrantes legales que aman a España y trabajan aquí nos apoyan en esa medida contra ilegales y delincuentes. Han manipulado lo ocurrido en Torre Pacheco, tergiversando nuestras palabras para presentarnos como incitadores a la caza de personas. Han falsificado el sentido de las medidas en Jumilla para acusarnos de atacar la libertad religiosa. En realidad, defendemos que cualquiera pueda practicar su fe, siempre que no sea una ideología que denigra a las mujeres y que es incompatible con nuestras leyes.

Me gustaría preguntarle por las ONG. El otro día, se publicaba que Quorum Social 77 detuvo a sus dos líderes, uno miembro del PSOE, por presunto maltrato e irregularidades. Esta asociación había recibido más de 100 millones en subvenciones para la gestión de menas. ¿Le preocupa el negocio que esconde la inmigración ilegal?

Hay dos grandes patas: las mafias del tráfico de personas y las mafias que gestionan recursos para inmigrantes ilegales. Ambas viven de nuestros impuestos. Es escandaloso: mantener a un supuesto menor extranjero —y digo supuesto porque muchos no lo son— cuesta más que mantener a un soldado. Tenemos un sistema corrupto que invierte más en los que han entrado ilegalmente que en nuestros mayores o en quienes defienden España. En Valencia, por ejemplo, se gasta hasta cuatro veces más en un centro de menores que en una residencia de ancianos. Y mientras, barrios enteros pierden seguridad y cohesión social.

Y ante esta situación, vemos cómo la jerarquía eclesiástica sigue posicionándose en vuestra contra pese a que defendéis valores cristianos. Lo mismo ocurrió cuando VOX presentó una medida para fomentar la natalidad en Castilla y León. ¿Por qué actúan así?

Estoy perplejo y entristecido con una parte de la jerarquía, insisto, una parte. No es sólo por su posición ante la inmigración o el islamismo radical, sino por su silencio ante políticas de género, ante el aborto o ante la eutanasia. Criticaron, por ejemplo, cuando en Castilla y León se propuso escuchar el latido fetal. Su postura ante el Valle de los Caídos o ante determinados ataques a nuestra fe ha sido, como mínimo, decepcionante. No sé si se debe a los ingresos que reciben del Estado, a los fondos por la gestión de inmigración ilegal o a los casos de pederastia que les tienen atados de manos. Pero yo tengo mi responsabilidad política y la voy a ejercer, aunque otros no cumplan la suya.

La Fundación Disenso denunció hace años la «influencia» china en la política en España por la complacencia del PSOE y del PP con el régimen comunista. De hecho, el lobby Acento, con expolíticos del bipartidismo, está implicado en el caso de sobornos de la tecnológica en la Comisión Europea. ¿Le preocupa nuestra dependencia de regímenes totalitarios como China o Venezuela?

El bipartidismo español y europeo nos está acercando a regímenes como China, Marruecos o Venezuela. Sánchez viaja a China de rodillas, Zapatero es socio de Maduro, y Feijoo mantiene acuerdos con el Partido Comunista chino que ocultan en sus webs. Esto pone en riesgo nuestra soberanía y nuestra seguridad: información fiscal o de inteligencia española puede estar en manos de una potencia hostil. Y mientras se ataca a líderes como Orbán o Trump, se toma como referencia a países sin libertad de prensa ni religiosa. España debe volver a fortalecer alianzas con democracias occidentales que respeten las libertades y defiendan sus intereses nacionales.

En el plano internacional, hemos visto cómo se acrecienta la persecución contra los patriotas. Son muchos los líderes soberanistas que han sido inhabilitados o incluso atacados por defender posturas contrarias al globalismo y la Agenda 2030. ¿Crees que lo hacen porque tienen miedo?

Totalmente. Bolsonaro, Uribe, Marine Le Pen, Salvini, Meloni… todos están siendo atacados judicialmente. En algunos casos, como en Brasil o Colombia, incluso con intentos de asesinato. Es la reacción desesperada de un globalismo que sabe que el cambio político está en marcha y quiere frenarlo a cualquier precio.

Bruselas prepara la Ley de Servicios Digitales y desde la Cámara de Representantes de los EEUU ya han advertido de que será utilizada para acallar voces disidentes. ¿Qué le preocupa de esta medida?

Que se utilice para censurar redes sociales, que son fundamentales para la movilización ciudadana, especialmente entre jóvenes. Hoy, el 50% de los votantes de entre 18 y 24 años apoya a VOX, y eso les aterra. Ya hemos visto cómo en Brasil se ha prohibido la red X para silenciar a la oposición. Aquí utilizarán casos manipulados, como el de Torre Pacheco, para justificar limitaciones.

Ha hablado también del euro digital como una amenaza, y la propia Christine Lagarde (presidenta del BCE) se ha atrevido a compararlo con el sistema monetario chino. ¿Por qué debemos rechazar su aplicación?

Porque es un instrumento de control absoluto. Lo presentan como lucha contra el dinero en negro, pero su objetivo real es vigilar cada gasto de cada ciudadano y, llegado el momento, limitarlo. Siguiendo el modelo chino, podrían decirte que tu dinero sólo sirve en tu ciudad o que no puedes comprar más carne porque superas un límite de CO₂. Es una herramienta para recortar libertades y disciplinar a la población.