Varias bandas rivales de magrebíes se disputan una casa okupada ante la incredulidad de la propietaria: «La Policía me dijo que tienen sus derechos»
Vivienda okupada en Tavernes de la Valldigna. Redes sociales
Una mujer llamada Pilar se ha convertido en otra de las víctimas de un delito cada vez más común en España: el de la okupación ilegal. Su segunda residencia, situada frente al mar en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, ha sido tomada por un grupo de jóvenes magrebíes que, según los testimonios vecinales, son menores de edad y podrían pertenecer a bandas rivales.
El episodio no sólo le ha privado del uso de su vivienda durante el verano, sino que ha sumido a toda la zona en una situación de inseguridad constante. Tal como ha relatado Pilar al diario El Debate, los vecinos están alarmados por el ambiente conflictivo que se ha instalado en el barrio desde que los okupas entraron. «Se escuchan peleas en la calle continuamente», afirma.
Según su relato, los ocupantes forzaron una de las ventanas, cambiaron los bombines de las puertas y dejaron señales evidentes de su presencia: restos de porros, botellas de alcohol y destrozos. Cuando Pilar acudió a la Policía para denunciar la intrusión, la respuesta de los agentes la dejó atónita: le dijeron que «esas personas también tienen derechos», pese a haber accedido ilegalmente a su vivienda.
La frustración aumentó cuando los okupas aseguraron ante la Policía que llevaban tres meses viviendo en la casa, una afirmación que Pilar califica de absurda. «Mi hija pasó allí la noche no hace tanto, y mis vecinos pueden confirmar que esa gente no lleva ese tiempo dentro. Nosotros vamos con frecuencia y ya habíamos denunciado intentos de robo anteriores», explica.
Lo que en principio parecía un incidente aislado se ha convertido en una auténtica pesadilla. Según cuenta Pilar, sus vecinos han sido testigos de cómo se celebraban fiestas dentro del domicilio okupado, en las que participaban menores y otras personas ajenas. «Llegaron a ser unos 15 en una fiesta, en mi propia casa. Yo, sin embargo, no puedo ni acercarme, porque me arriesgo a una denuncia por coacciones», lamenta.
Mientras su casa sigue en manos de extraños, Pilar denuncia la pasividad del consistorio local, gobernado por una coalición de partidos de izquierda —PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida— que, a su juicio, no han movido un dedo para resolver la situación. “La indignación en el pueblo es general. Estamos recogiendo firmas para dejar constancia del abandono que sentimos por parte del Ayuntamiento”, asegura.
Este caso pone de manifiesto una realidad incómoda: aunque miles de propietarios sufren cada año situaciones similares, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros tienden a minimizar el problema de la okupación. A menudo, al ser preguntados al respecto, restan importancia al fenómeno, ignorando el drama personal que implica para quienes lo padecen en primera persona.
Para Pilar, el verano que debía ser un momento de descanso familiar ha acabado siendo una amarga experiencia marcada por la impotencia. Mientras ella espera una solución legal que le devuelva su hogar, los ocupantes siguen disfrutando de su vivienda sin consecuencias inmediatas. Una imagen que, para muchos, simboliza la inversión de valores que vive actualmente el país.
