Protesta contra inmigrantes ilegales en el Reino Unido.

El Gobierno británico está utilizando herramientas desarrolladas para rastrear contenido yihadista con el fin de identificar y vigilar publicaciones críticas con la inmigración y con los hoteles para solicitantes de asilo. Así lo ha revelado este fin de semana The Telegraph, en un escándalo que ha encendido las alarmas en Washington sobre los crecientes ataques a la libertad de expresión en el Reino Unido.

La unidad de Desinformación y Seguridad Nacional del Gobierno británico (NSOIT, por sus siglas en inglés), operativa desde Whitehall, ha empleado software de vigilancia digital destinado inicialmente a combatir el terrorismo islamista. Esta misma tecnología fue desarrollada en 2017 por la firma de inteligencia artificial Faculty para rastrear vídeos de reclutamiento del Estado Islámico, con el objetivo de que las redes sociales los eliminaran antes de que llegaran al público británico.

Lo que comenzó como una herramienta para evitar la difusión de ejecuciones yihadistas ha evolucionado, bajo el paraguas de un contrato público de 2,3 millones de libras, en una «plataforma de datos contra la desinformación» centrada en detectar supuestas amenazas a la seguridad nacional. A día de hoy, esa misma tecnología ha sido utilizada para señalar publicaciones relacionadas con los disturbios de Southport, incluidas publicaciones sobre hoteles para inmigrantes ilegales y las protestas por la doble vara de medir policial frente a manifestaciones.

Una segunda empresa, Global Strategy Network, fundada por el exjefe antiterrorista del MI6 Richard Barrett, también ha sido contratada para vigilar publicaciones que, según el Gobierno, pueden suponer un «riesgo para la seguridad pública«. Entre ellas, críticas ciudadanas al modelo de alojamiento masivo de inmigrantes ilegales en hoteles.

La revelación ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del Reino Unido. El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha expresado su preocupación por la deriva censora del Ejecutivo de Keir Starmer, y ha advertido de que seguirá «muy de cerca» la situación para asegurarse de que las empresas estadounidenses no sean sometidas a presiones políticas.

A esta advertencia se ha sumado una delegación de congresistas estadounidenses que esta semana trasladaron personalmente su inquietud al secretario británico de Tecnología, Peter Kyle.

Organizaciones en defensa de las libertades civiles como Big Brother Watch han denunciado el uso de tecnología antiterrorista contra ciudadanos británicos que expresan opiniones legales sobre políticas migratorias. «Es alarmante que el Gobierno esté dirigiendo tecnología de vigilancia en redes sociales contra ciudadanos respetuosos de la ley», han declarado, exigiendo la eliminación de estas unidades y una revisión independiente urgente de su funcionamiento.

Mientras tanto, la red social X (antiguo Twitter) ha sido la primera gran plataforma en criticar públicamente las nuevas normas impuestas por la Ley de Seguridad Online, que amenazan con sanciones millonarias a las empresas tecnológicas si no eliminan contenidos bajo criterios vagos y arbitrarios.

El Ministerio del Interior británico, por su parte, se ha limitado a justificar el uso de estas herramientas con el argumento de que «la seguridad nacional es la principal prioridad del Gobierno». Sin embargo, no ha explicado por qué se está utilizando tecnología diseñada para perseguir terroristas contra ciudadanos que se oponen, legítimamente, a la política de puertas abiertas.