Sánchez en la toma de posesión de Óscar López como ministro, a la que también asistieron el presidente del TC y Bolaños

Pedro Sánchez y tres de sus ministros han quedado señalados en el último informe del Consejo de Europa por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones contra la corrupción. Según el documento del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), España lleva seis años sin aplicar ni una sola de las tres medidas clave que se le reclamaron. Los responsables directos: el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, el de Interior Fernando Grande-Marlaska y el de Transformación Digital Óscar López.

Cada uno de ellos tenía asignada una tarea concreta para reforzar la integridad institucional. Pero ninguna ha sido cumplida. El informe recuerda que estas obligaciones fueron notificadas a España desde hace años y que, pese a las advertencias, la inacción del Gobierno ha sido total.

Grande-Marlaska, el peor evaluado

El ministro del Interior es, con diferencia, el más criticado. Su responsabilidad era revisar los códigos disciplinarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil para hacerlos más justos y objetivos. Sin embargo, no se ha producido ni el más mínimo avance. El Greco denuncia que, incluso en 2024, las autoridades españolas siguen escudándose en normas ya vigentes que no garantizan ni transparencia ni proporcionalidad en los procedimientos disciplinarios.

La institución lamenta que Interior se niegue a reconocer el problema y le recuerda que el objetivo es impedir que los superiores impongan castigos arbitrarios sin garantías. Respecto a la Policía Nacional, el informe es todavía más contundente: «No se ha proporcionado ninguna actualización». Y concluye sin ambages: «La recomendación XIX no se implementa».

Óscar López, entre promesas y retrasos
El ministro Óscar López también suspende, aunque con matices. Tenía el encargo de crear un sistema de control sobre los asesores del Gobierno, como los que desempeñan funciones políticas sin pasar por concurso ni oposición —entre ellos estuvo Koldo García, asesor de Ábalos implicado en el caso de las mascarillas—.

El Gobierno presentó un borrador de ley de Administración Abierta como parte de su Plan de Acción para la Democracia, prometiendo transparencia, integridad y control sobre los asesores. Pero nada se ha aprobado aún. El texto ni siquiera ha llegado al Congreso y Greco critica que, sin una norma vigente, no puede evaluarse el contenido ni el cumplimiento de la recomendación. Ya en informes anteriores se alertaba de que el Gobierno ignoraba sistemáticamente el control sobre sus asesores pese a las peticiones recibidas desde 2019.

Bolaños, sin avances sobre los aforamientos

La tercera gran tarea era para Félix Bolaños, que debía impulsar la reforma de los aforamientos, una figura que dificulta la investigación penal de los altos cargos por corrupción. Pero, en lugar de avanzar, Justicia ofreció excusas. Alegó que el Congreso ya lo intentó en 2019 y que el adelanto electoral de 2023 frustró la iniciativa. Nada nuevo desde entonces.

Greco considera insuficiente esa respuesta. El informe recuerda que ningún cambio se ha producido en el Parlamento nacional, y que los escasos intentos regionales no son válidos. Por tanto, la conclusión es clara: «La recomendación X sigue sin implementarse».

Con este informe, España continúa en situación de incumplimiento desde 2023. De las 19 recomendaciones planteadas por Greco, solo 16 se cumplen parcialmente y las tres más sensibles siguen completamente desatendidas. Bolaños, Grande-Marlaska y López tienen hasta el 30 de junio de 2026 para corregir el rumbo si no quieren volver a quedar retratados en la próxima evaluación.

El Consejo de Europa vigilará de cerca a España, que deberá someterse a revisiones anuales hasta que el grueso de las medidas se aplique por completo. Mientras tanto, las promesas del Gobierno de Sánchez siguen sin traducirse en hechos.