Baleares se perfila como el nuevo epicentro de la inmigración ilegal en España. Mientras el flujo de llegadas a Canarias se desploma un 41,7% en lo que va de año, el archipiélago balear ha sufrido un repunte sin precedentes del 170%. Sólo en lo que llevamos de 2024 han desembarcado 3.503 inmigrantes ilegales procedentes de Argelia, repartidos en unas 180 pateras. Una cifra que duplica con holgura la del mismo periodo del año anterior y que, a este ritmo, superará ampliamente el récord de 2023 al cierre del ejercicio.

En 2016, solo 22 ilegales alcanzaron Baleares. Cuatro años más tarde, en plena pandemia, ya eran más de 1.400. Entre 2023 y 2024, el salto ha sido aún más dramático: un 266% de incremento, pasando de 2.194 a 5.848. La presidenta autonómica, Marga Prohens, no esconde su alarma: si la tendencia se mantiene, estima que podrían alcanzarse los 20.000 en tres años. La mayoría de las embarcaciones llegan a Mallorca, seguidas de Formentera, una isla de apenas 83 km², e Ibiza. Solo Menorca permanece, por ahora, ajena a esta oleada.

Lejos de ser solo un fenómeno magrebí, el perfil de los que arriban a las costas baleares ha cambiado. Según el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, solo una minoría son argelinos o tunecinos. Cuatro de cada cinco proceden de países tan lejanos como Afganistán, Pakistán o Somalia, lo que evidencia la consolidación de redes internacionales que operan sin oposición efectiva.

En paralelo, los traficantes argelinos siguen prefiriendo rutas más cortas hacia la Península, sobre todo a Almería, Murcia y Alicante, usando potentes lanchas por las que los inmigrantes llegan a pagar hasta 10.000 euros. Las pateras, por su parte, siguen siendo sinónimo de tragedia: 31 cadáveres han sido hallados en lo que va de año en aguas o playas de Baleares, incluyendo cinco inmigrantes encontrados en junio atados de pies y manos. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación: ¿los ataron para evitar disturbios a bordo o fueron eliminados deliberadamente?

Pese a todo ello, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se resiste a reconocer que la ruta Argelia-Baleares esté consolidada, limitándose a admitir una «tendencia al alza». Muy distinto es el tono de Prohens, que esta semana se reunió con Pedro Sánchez en Palma para exigir recursos ante el desbordamiento de los servicios de acogida. “Suplico al Gobierno de España que ponga todo lo que está a su alcance para evitar que Baleares se convierta en Canarias”, declaró la presidenta autonómica. Celebró, al menos, que Sánchez admitiera por fin que «las mafias están estableciendo la ruta balear como la principal para la inmigración irregular».

Ante la pasividad del Ejecutivo central, la Delegación del Gobierno y la Autoridad Portuaria han acordado abrir de noche la Terminal 3 de la estación marítima de Palma, donde la Cruz Roja ofrece techo, comida y duchas a los recién llegados. Se negocia implantar medidas similares en Ibiza y Formentera. La semana pasada, Prohens ya planteó expulsar a los inmigrantes ilegales que cometan delitos, e incluso extender esa medida a los que, estando regularizados, reincidan en actividades delictivas. Más claro fue Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y responsable autonómico de inmigración: “Yo no digo que todos los inmigrantes vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí”.

El repunte migratorio en Baleares no es casual. Responde, entre otros factores, al éxito de Italia bajo el liderazgo de Giorgia Meloni en frenar las llegadas desde Libia y Túnez, y al desplazamiento del flujo migratorio por parte de Marruecos hacia otros puntos como Mauritania o Senegal. Las presiones diplomáticas españolas sobre Nuakchot han dado resultado, obligando a los inmigrantes a buscar rutas alternativas, como la argelina.

Pero Argelia no coopera ni con la Unión Europea ni con España. Sus fuerzas de seguridad están desbordadas y sin coordinación efectiva con las españolas. Además, los puntos de salida se han extendido hacia el este del país, dificultando aún más el control.

Mientras tanto, Ceuta sigue siendo el único «punto negro» migratorio de la relación con Marruecos. Solo entre el viernes y el lunes pasados, 73 menores –casi todos marroquíes– llegaron a nado a sus playas. Ya son más de 1.150 jóvenes en lo que va de año. La presión migratoria se extiende, los datos no engañan, y las respuestas del Gobierno central siguen sin llegar.