El fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, preside el Consejo Fiscal

Las asociaciones de fiscales han pedido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el auto del Supremo que confirma su procesamiento por supuesta revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado que la decisión del Tribunal Supremo nos sitúa ya prácticamente “en la imagen del fiscal general del Estado sentado en el banquillo”. “Esa imagen para la institución es demoledora, porque ciertamente no se está enjuiciando a la Fiscalía, por supuesto, sino a Álvaro García Ortiz, pero, manteniéndose en el cargo de fiscal general del Estado, la imagen que proyecta de nuestra institución resulta muy comprometida y el daño reputacional es máximo”, ha denunciado.

La presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales considera que, llegados a este punto, “lo lógico sería que dimitiera, se centrase en la defensa de sus intereses, en defender su inocencia y dejar al margen a la institución”.

Porque además -advierte- la imagen del fiscal del caso también va a quedar comprometida. “Va a ser criticada, haga lo que haga, porque razonablemente suscita dudas la actuación de un fiscal cuando se dirige contra quien es su superior jerárquico, y quien pueda decidir sobre sus ascensos, su reconocimiento o su continuidad en el cargo, etcétera”.

Dexeus afirma que esta situación “no ayuda en absoluto” a la imagen de imparcialidad de la institución. “El fiscal general debiera de reflexionar sobre ello y dimitir ya de inmediato para poder ejercer su derecho de defensa y centrarse en la línea a seguir al respecto”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha señalado a EFE que este nuevo auto les hace reafirmarse en su opinión de que es “insostenible” que el fiscal general siga en el cargo aunque ven “inconcebible” que él vaya a dimitir, por lo que auguran que la situación “va a seguir igual”.

Esta asociación, que es acusación popular en la causa, ha solicitado al Tribunal Supremo que se suspenda cautelarmente como fiscal general del Estado, y también como fiscal, a Álvaro García Ortiz una vez que se abra juicio oral contra él, ya que lo contrario sería una “distorsión inaceptable” porque el fiscal del caso “actuaría al servicio del propio acusado”.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la APIF solicita a la Sala de lo Penal del Supremo que “una vez se dicte auto de apertura de juicio oral contra don Álvaro García Ortiz, se le suspenda cautelarmente como fiscal general del Estado y, por tanto, también como fiscal”.

HECHO SIN PRECEDENTES

El hecho de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vaya a ser juzgado es un hecho sin precedentes, hasta tal punto que entre los motivos tasados en la ley para su cese, no se contempla el de su procesamiento.

Los motivos tasados para el cese de un fiscal general son cuatro, según el artículo 31 del Estatuto Fiscal: a petición propia, por incompatibilidad, incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o por el cese del Gobierno que lo propuso.

En este caso, el Gobierno ha mostrado de forma reiterada su apoyo a García Ortiz y el propio presidente, Pedro Sánchez, al conocer la confirmación de su procesamiento, ha insistido en que cree en su inocencia, por lo que nada augura que vaya a instar su cese antes de ser juzgado.

Todo apunta por tanto a que García Ortiz irá a juicio manteniéndose en su cargo, con lo que será la primera vez que un fiscal general del Estado sea juzgado en el ejercicio de sus funciones.

Situación anómala que quedará patente en ese futuro juicio, en el que uno de sus subordinados deberá ejercer la acción penal, si bien en este caso la Fiscalía ha defendido “la rotunda inexistencia de prueba” de que el correo sobre la negociación de dicho pacto de conformidad partiera de la Fiscalía General del Estado.

Será por tanto la acusación particular que representa a Alberto González Amador, que pide cuatro años de cárcel para el fiscal general, y las acusaciones populares las que mantendrán que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos por la filtración de ese correo.

Entre esas acusaciones figura la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha pedido al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que decrete la suspensión cautelar de García Ortiz como fiscal general del Estado cuando dicte el auto de apertura de juicio oral.

Según expone el escrito de APIF, el artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal dispone que el fiscal general podrá acordar previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal. Suspensión que se acordará, añade, cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles pidió respeto al Tribunal Supremo y a la presunción de inocencia de García Ortiz y rehusó decirle si debe dimitir o no, porque esta decisión es de índole “personal”. “Por tanto”, prosiguió, “yo no soy quién para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al Tribunal Supremo, tener plena confianza en el Tribunal Supremo y en las instituciones”.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha reprobado que “por primera vez España va a tener un fiscal general del Estado sentado en el banquillo”, pero “apoyado por el presidente del Gobierno”. En su opinión, Álvaro García Ortiz “debe dimitir ‘ipso facto’ por el bien de la democracia”.