La seguridad en Cataluña se ha deteriorado notablemente en los últimos años a consecuencia de las políticas migratorias impuestas por el separatismo y el bipartidismo. Este contexto ha favorecido la consolidación de un modelo de gestión laxo frente al delito, con especial permisividad hacia los delincuentes reincidentes. Barcelona, en particular, se ha convertido en el epicentro de este fenómeno, con Ciudad Vieja como el distrito con mayor concentración de detenciones (29,2%), seguido por el Ensanche. Para muchos vecinos, esta evolución no es ninguna sorpresa, ya que vienen advirtiendo desde hace tiempo de una creciente sensación de abandono e inseguridad en las calles.

En los primeros seis meses de 2024, los Mossos d’Esquadra han arrestado a 637 personas con al menos siete antecedentes previos, una cifra que prácticamente triplica la registrada en 2020. El perfil predominante de estos detenidos es el de varones jóvenes, extranjeros, con edades comprendidas entre los 25 y los 37 años. Muchos de ellos viven en los márgenes del sistema legal, con múltiples detenciones —algunos con hasta 50 en un solo año— sin que ello implique su ingreso en prisión o su expulsión del país.

El fenómeno de la multirreincidencia ha crecido un 145% desde que Salvador Illa —exministro de Sanidad y actual líder del PSC— ganó las elecciones autonómicas catalanas en febrero de 2021. Desde su llegada al primer plano político en Cataluña, los casos de individuos con extensos historiales delictivos han aumentado de forma constante, sin que se hayan promovido cambios legales o refuerzos en la política penal.

Las estadísticas oficiales muestran que el 94% de estos reincidentes son hombres, con una media de 11 detenciones por persona. En cuanto al origen, más de la mitad de ellos provienen del norte de África, principalmente Marruecos y Argelia. La incidencia de personas de origen magrebí alcanza el 57,5% entre los detenidos con más historial delictivo, vinculados mayoritariamente a delitos como hurtos, robos violentos y agresiones.

Pese a la gravedad de la situación, la respuesta de las instituciones catalanas ha sido prácticamente inexistente. Ni desde la Generalidad se han impulsado reformas legislativas para endurecer las penas, ni desde el ámbito judicial se ha dado respuesta a la reiteración delictiva. Esta falta de reacción institucional refuerza la percepción de impunidad y convierte la reincidencia en una estrategia de vida rentable para muchos.

Mientras los cuerpos policiales acumulan datos sobre esta tendencia al alza, la ciudadanía continúa padeciendo las consecuencias: robos reiterados, agresiones sin castigo y una creciente desconfianza hacia un sistema que parece más volcado en proteger al infractor que en garantizar la seguridad del ciudadano.