La política española ha alcanzado nuevas cotas de cinismo. El PSOE, con Pedro Sánchez al frente, ha decidido que la mejor defensa no es la transparencia, sino su famoso fango. Cuando la sombra de la corrupción empieza a rozar a su entorno más íntimo —con el caso de Begoña Gómez avanzando en los tribunales y con más preguntas que respuestas sobre los contratos públicos a empresas con las que mantenía vínculos—, el partido en el poder opta por la vía más ruin: desviar la atención al pasado, remover el lodo de otros para ocultar el propio.

Esta semana, el PSOE ha lanzado una campaña institucional para revivir el caso Montoro, como si una amnistía fiscal de 2012 pudiera justificar los escándalos actuales que apuntan a su núcleo más cercano. Lo hacen con dinero público, y lo hacen justo cuando Aldama y algunos medios han empezado a revelar informaciones sobre cuentas en el extranjero con hasta 6 millones de dólares, presuntamente vinculadas a Begoña Gómez y a otros dirigentes del PSOE. Cuentas que podrían estar asociadas a adjudicaciones públicas irregulares, favores empresariales y una red de intereses opacos que merece ser investigada con rigor.

Pero conviene aclarar algo: los partidos no roban. Las personas roban. Los corruptos tienen nombre y apellidos. Y en el caso del Partido Popular, esas personas fueron juzgadas, condenadas y apartadas de la vida política. No sin dolor, no sin vergüenza. Pero apartadas. En cambio, en el PSOE, muchas de las personas presuntamente implicadas en el uso irregular, cuando no delictivo, de fondos públicos han seguido en el poder durante años, sin asumir ninguna responsabilidad. De hecho, algunos han estado al frente de instituciones clave hasta hace muy poco. Y lo que es aún más grave: algunos de esos escándalos no se limitan a adjudicaciones amañadas o tráfico de influencias. Hablamos también de desvío de dinero público para financiar drogas y prostitución, según investigaciones que están en curso y documentos que circulan en medios internacionales.

Nada de esto ha sido respondido con claridad por el Gobierno. Nada ha sido desmentido con contundencia. Al contrario: se ha desacreditado a los jueces, se ha manipulado la Fiscalía, se ha señalado a los medios críticos y se ha escupido propaganda institucional como cortina de humo.

Y aún hay quien pretende justificarlo todo diciendo que “el PP también robó”. Como si un delito justificara otro. Como si la corrupción fuera una tradición que se hereda y se acepta. Como si la democracia pudiera soportar ese chantaje emocional.

Todos los partidos que roban son corruptos. Y todas las personas que roban, sean del color que sean, deben ser expulsadas de la política y juzgadas. La diferencia está en cómo reacciona cada formación: si depura o si protege; si asume responsabilidades o si tapa con victimismo; si limpia o si encubre.

España no necesita más justificaciones. Necesita justicia. Necesita que se abran las cuentas, que se investigue todo, que caigan todos —del PP, del PSOE, de cualquier partido— si metieron la mano en lo que es de todos. Pero lo que no puede tolerarse es este espectáculo de hipocresía y propaganda, en el que se ataca al pasado para seguir saqueando el presente.

Porque gobernar no es una licencia para delinquir. Y quien roba, trafica influencias o malversa fondos públicos, merece una cosa: el banquillo.

*Ex portavoz municipal de VOX en Benalmádena (Málaga)