Luis Roldán

Estanislao de Kostka.- La estrategia del PSOE y del Gobierno para equiparar el caso del exministro popular con sus gigantescos escándalos de corrupción tropieza con las diferencias temporales, políticas y de responsabilidad institucional. Pedro Sánchez y su aparato propagandístico han intentado usar la imputación de Cristóbal Montoro, como cortina de humo para relativizar la avalancha de casos que ahogan al PSOE y al propio Gobierno. La maniobra naufraga ante un obstáculo insalvable: ni el ‘caso Montoro’ es equiparable a las tramas que cercan hoy al Ejecutivo, ni Sánchez puede ser responsabilizado por la corrupción de Luis Roldán, del mismo modo que Núñez Feijóo no responde por las presuntas fechorías de un exministro que ejerció sus funciones cuando él presidía la Xunta de Galicia.

La historia ofrece una lección que el PSOE parece haber olvidado convenientemente. Luis Roldán, primer civil al frente de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, fue condenado a 31 años de prisión por malversar fondos reservados y cobrar comisiones millonarias en la construcción de cuarteles y otras lindes. Su rocambolesca huida internacional y su posterior entrega en Bangkok., convirtieron el escándalo en símbolo de la corrupción del felipismo. En ningún momento se atribuyó responsabilidad penal al entonces presidente Felipe González, y nadie sugirió que la corrupción de Roldán invalidase al futuro líder socialista Pedro Sánchez.

Del mismo modo, ocho años después de abandonar el Ministerio de Hacienda, Montoro ha sido imputado por supuestamente cambiar leyes para beneficiar a empresas gasistas a cambio de pagos canalizados a través de su antiguo despacho Equipo Económico. Los indicios son demoledores: siete delitos graves que incluyen cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Sin embargo, nada de ello implica responsabilidad alguna de Alberto Núñez Feijóo, que durante los hechos investigados (2011-2018) era presidente de la Xunta de Galicia y no formaba parte del Ejecutivo central.

La investigación de la trama Montoro ha destapado una presunta red de influencias con epicentro en el despacho Equipo Económico, que Montoro fundó antes de ser ministro. Según el auto judicial, el exministro y su equipo habrían cobrado entre 7,8 y 11 millones de euros de compañías del sector energético a cambio de asesorarles en la redacción de normas fiscales, que acababan siendo aprobadas por el propio Gobierno.

Investigadores de la Agencia Tributaria sostienen que Montoro impulsó rebajas fiscales “contra el criterio de los técnicos” tras recibir casi 780.000 euros de las gasistas a través de Equipo Económico. La UCO califica la operativa como “red de influencias”, que llegó a insertar propuestas “literalmente” redactadas por los lobbies en los presupuestos de 2018.

Los hechos son muy graves y correos electrónicos internos revelan el envío de información fiscal reservada sobre políticos y celebridades —Rafa Nadal, Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre— al buzón ministerial ‘[email protected]’, vinculado a Montoro. La Guardia Civil investiga un presunto desvío de 12 millones de euros mediante un entramado de sociedades fantasma en más de diez países.

Apenas se conoció el auto judicial, portavoces socialistas salieron “en tromba” exigiendo que Feijóo rindiese cuentas y presentando el caso como prueba de “corrupción sistémica” en el PP. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebautizó la causa como la “Kitchen Fiscal” e instó a convertirla en comisión de investigación parlamentaria. La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, llegó a afirmar que la imputación “afecta de lleno” a Feijóo porque “tiene en su equipo al equipo del señor Montoro”. Una afirmación que obvia deliberadamente las diferencias temporales y de responsabilidad política. Está claro que no ven la viga en el ojo propio,

La estrategia del “y tú más” exhibe un desequilibrio evidente cuando se comparan las dimensiones y la proximidad temporal de los escándalos que afectan a cada formación política. José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, junto con Koldo García, integraron supuestamente durante al menos un trienio (2018-2021) una trama delictiva que se enriqueció con el amaño de obras públicas. La UCO identifica al menos once expedientes de obras adjudicadas bajo sospecha y recoge audios donde los implicados discuten “mordidas” y repartos internos. No son indicios, son pruebas. Cerdán está en prisión provisional sin fianza, después de que la investigación confirmara que poseía el 45% de Servinabar, empresa clave en la trama, y otras fechorías deleznables.

Pero la corrupción socialista va más allá del caso Koldo. Begoña Gómez, esposa del presidente, es investigada por presunto tráfico de influencias en contratos de turismo sostenible. La UCO la mencionó en su informe sobre el caso Koldo, asegurando que Javier Hidalgo contactó directamente con ella para interceder en el rescate de Air Europa. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado nombrado por Sánchez, camina hacia el banquillo por revelación de secretos. Un magistrado del Tribunal Supremo consideró que los indicios contra él por presuntamente haber cometido un “delito de revelación de secretos” quedaron “confirmados” durante la investigación. David Sánchez, hermano del presidente, ha sido procesado en la Diputación de Badajoz por presunta malversación y prevaricación. La juez señaló directamente al presidente como la persona que habría influido para crear el puesto de alta dirección de su hermano.

Frente a este panorama desolador, Alberto Núñez Feijóo reivindica una “trazabilidad” política inusual en España: “En 30 años en política no he nombrado a nadie metido en un supuesto de corrupción”. Es una afirmación verificable que ningún medio, ni siquiera los más críticos con el PP, ha logrado desmentir. Ningún vicepresidente ni consejero de sus gobiernos gallegos ha sido imputado por corrupción. Los altos cargos bajo su responsabilidad que acabaron investigados lo fueron tras dejar sus puestos y sin nombramiento directo del actual líder popular. La hemeroteca, incluso la más hostil al PP, admite que Feijóo “no tiene ninguna responsabilidad política” en el caso Montoro. Como subrayó la vicesecretaria del PP Carmen Fúnez: “Cuando supuestamente se produjeron los hechos que está investigando la Justicia, Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, nada tenía que ver”.

La acusación que intenta encadenar a Feijóo con Montoro choca con cuatro hechos verificables: inexistencia de corresponsabilidad orgánica: Montoro abandonó Hacienda en 2018, se dio de baja del PP en 2025 tras su imputación y no forma parte de la dirección nacional; distancia temporal y geográfica: cuando se perpetran los hechos investigados (2011-2018), Feijóo gobernaba Galicia sin competencias estatales en materia de Hacienda; actitud institucional transparente: Feijóo exige “investigar hasta el final” y rehúye cualquier discurso de lawfare. Su criterio es claro: “No puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte”; y, en cuarto lugar, coherencia disciplinaria: El PP abrió expediente y suspendió cautelarmente de militancia a Montoro el mismo día que se levantó el secreto de sumario.

La diferencia en la gestión de la corrupción es palmaria. Mientras el PP actúa de inmediato contra Montoro, Sánchez mantiene en Moncloa a ministros señalados y nombra altos cargos salpicados antes de que terminen las pesquisas. La concatenación de sumarios que afectan al círculo íntimo de Sánchez ha llevado a analistas a hablar de “estrangulamiento del Gobierno de Sánchez por la corrupción”. No es casualidad que el oficialismo se agarre desesperadamente al caso Montoro para intentar empatar un marcador que le es claramente desfavorable.

Uno de los aspectos más graves revelados por la investigación es cómo Montoro utilizó la Agencia Tributaria para “amedrentar y perseguir a periodistas incómodos”. El entonces ministro amenazaba públicamente a medios críticos con su amnistía fiscal, llegando a convocar a directivos de Onda Cero para presionarles directamente. Carlos Alsina relató cómo Montoro le espetó sin rodeos: “Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente”. El periodista Francisco Quevedo narró su “calvario” tras publicar libros críticos con el Gobierno de Rajoy.

Esta utilización partidista de Hacienda, que el PSOE denomina “Kitchen Fiscal” en paralelo con la operación Kitchen, demuestra la gravedad de la corrupción de Montoro. Pero también evidencia que se trata de prácticas del pasado que no guardan relación alguna con el liderazgo actual del PP.

El caso Montoro debe investigarse hasta el final, y si se confirman los hechos, el exministro debe ir a prisión. Pero su escándalo no puede servir de cortina de humo para un Ejecutivo que acumula más sumarios que proyectos de ley en el cajón. La ejemplaridad no se proclama: se demuestra día a día. Feijóo aporta 30 años de servicio público sin una sola imputación en su círculo de nombramientos directos. Sánchez, por el contrario, acumula querellas que afectan a su esposa, su hermano, su fiscal general y sus principales colaboradores políticos desde antes de llegar al Gobierno.

La diferencia entre ambos modelos de hacer política es evidente. Uno se basa en la integridad personal contrastada a lo largo de tres décadas; el otro en la gestión de crisis permanente y el nombramiento de personas que acaban investigadas por la justicia. La situación actual se puede resumir con palabras del propio Feijóo: “No puede haber dos varas para la corrupción”. El paralelismo que el Gobierno intenta forzar naufraga porque los hechos y las responsabilidades políticas no son simétricos.

Igual que nadie culparía hoy a Sánchez por la fuga de Roldán en los años noventa, resulta intelectualmente deshonesto atribuir a Núñez Feijóo las supuestas tropelías de un exministro del anterior ciclo político popular. La cronología, la geografía política y la responsabilidad institucional son elementos objetivos que no pueden manipularse por conveniencia partidista.

La regeneración democrática exige responder ante la justicia con la misma contundencia que se reclama al adversario. Montoro, si es hallado culpable, debe cumplir condena. Pero su caso no puede conferir patente de corso a un Ejecutivo que convierte cada semana en una nueva crisis judicial. Entre un líder que puede exhibir treinta años de servicio público sin mácula y otro que acumula investigaciones en su círculo más íntimo, la elección parece clara. Los ciudadanos tienen derecho a exigir coherencia: que quienes predican la regeneración, la practiquen primero en sus propias filas.

*Abogado jefe de AD y politólogo