Francisco Franco posa en 1936 con militares sublevados

Miguel Platón.- Fueron los días más críticos y decisivos del último siglo y medio de la historia de España. El mes de julio de 1936 comenzó de forma incierta, con una crisis política continuada que el gobierno de Frente Popular no era capaz de revertir, pero terminó con una guerra civil declarada que por diversas causas sumaría medio millón de muertos.

No tendría que haber sido así. Los gobiernos de centro derecha habían estabilizado la economía en 1935 y estaban sentadas las bases para un crecimiento significativo. El “camino al 18 de julio”, como ha titulado una de sus últimas obras el profesor Stanley Payne, comenzó en diciembre, cuando el presidente Niceto Alcalá Zamora, en contra el resultado de las elecciones generales de noviembre de 1933, designó presidente del Consejo de Ministros al centrista gallego Manuel Portela Valladares, que ni siquiera era diputado.

Las elecciones que invalidan la Segunda República como una democracia

Portela no obtuvo la confianza de las Cortes, lo que condujo a la convocatoria de elecciones generales, cuando todavía faltaban casi dos años para el final de la legislatura. Se celebrarían en primera vuelta el domingo 16 de febrero y en segunda el 1 de marzo. Al contrario de lo ocurrido en las elecciones de 1933, cuando las fuerzas políticas se presentaron por separado, se formaron dos bloques de partidos, uno de izquierdas y otro de derechas. El primero se denominó Frente Popular y su principal impulsor fue el republicano de izquierda Manuel Azaña, que había presidido el gobierno entre octubre de 1931 y septiembre de 1933. En enero de 1936 patrocinó una alianza con los partidos que sólo quince meses antes, en octubre de 1934, habían organizado una rebelión violenta contra el gobierno legal y legítimo de la República, con el resultado de más de un millar de muertos, un número superior de heridos y destrucciones generalizadas. Eran los partidos Socialista y Comunista, y Esquerra Republicana de Cataluña.

El segundo, Frente de Orden, tuvo como principales componentes a la Confederación Española de Derechas Autónomas -CEDA-, el partido Republicano Radical, la Lliga Regionalista catalana, el partido Agrario, la Comunión Tradicionalista, los republicanos conservadores y el Bloque Nacional, integrado principalmente por Renovación Española, el partido monárquico afín al rey exiliado Alfonso XIII. Este Frente se vio debilitado por la decisión de Portela Valladares de presentar candidaturas de centro en varias provincias. El sistema electoral era de carácter restringido -como el actual del Senado-, de tal forma que la candidatura que obtuviera el 40 por ciento de los votos obtenía el 80 por 100 de los escaños. Era una extraordinaria prima a las candidaturas más votadas, en detrimento del resto.

Durante el mes anterior a la votación la violencia política causó 41 muertos. La campaña fue muy radical, con manifestaciones antidemocráticas de los partidos Socialista y Comunista, así como de la Falange, que había sido excluida de las candidaturas derechistas. Los dirigentes de estas últimas se distinguieron por unas declaraciones ambiguas, que extremaban las diferencias con la izquierda.

Los resultados fueron equilibrados en cuanto a número de votos. Tanto la investigación dirigida por el profesor Javier Tusell en 1971, como la publicada en 2017 por los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, coinciden en atribuir a los dos bloques entre el 46 y el 47 por ciento del voto popular, con ligero predominio de la izquierda. El centro obtuvo algo más del seis por ciento. Las características del sistema electoral, sin embargo, permitieron que el Frente Popular obtuviera la prima del 80 por ciento de los escaños, en provincias donde la derecha y el centro se habían presentado por separado, aunque juntos tuvieran más votos que la izquierda.

El Frente Popular se adjudicó la mayoría absoluta de los 473 diputados electos, mediante una sucesión de supuestas irregularidades. La misma noche electoral se falsearon los resultados en cierto número de circunscripciones, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, aunque con predominio de la segunda. La segunda vuelta dio lugar a cambios menores, pero la Comisión parlamentario de Actas, dominada por la mayoría atribuida a la izquierda, restó once diputados a la derecha y uno a sus rivales, Por último, la repetición de elecciones en Cuenca y Granada, el 3 de mayo, se efectuó con tal grado de coacciones por parte de la izquierda que invalidaron a la Segunda República como un régimen democrático.

El Frente Popular toma el poder

Gobierno del Frente Popular con Azaña, Largo Caballero e Indalecio Prieto

Al mismo tiempo, durante los cinco meses en que el Frente Popular ejerció el poder, se produjo un acusado deterioro de la convivencia. 1935 había sido el año con menor número de muertos por violencia política -142, según la investigación de Juan Blázquez Miguel-, pero entre el 17 de febrero y el 16 de julio de 1936 ascendieron a 482 (en Fuego Cruzado los profesores Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey contabilizan 484, pero hay un error en las cifras de Ceuta y Melilla). Esa violencia tuvo origen diverso: izquierdistas contra derechistas, derechistas contra izquierdistas, izquierdistas contra izquierdistas, actuación de las fuerzas de Orden Público, pero la mayor responsabilidad fue de los partidos y sindicatos de izquierda, según la exhaustiva investigación efectuada por los dos profesores.

La izquierda efectuó así mismo un continuado acoso a la religión, desde la incautación o destrucción de iglesias y conventos a la persecución de religiosos y la prohibición de cultos. Durante los primeros cuatro meses, de mediados de febrero a mediados de junio, los profesores Álvarez Tardío y Villa García han sumado 957 actos de violencia anticlerical. También fueron atacadas publicaciones derechistas. Diez periódicos fueron destruidos y 33 gravemente dañados.

La economía se vio alterada por centenares de huelgas con reivindicaciones que no podían ser atendidas por las empresas. La más prolongada fue la de la construcción en Madrid, iniciada a comienzos de junio y que duró mes y medio, hasta el comienzo de la guerra. La CNT se impuso a la UGT y hubo enfrentamientos mortales entre ambos sindicatos, que ya habían tenido lugar en Málaga y otras poblaciones. Al mismo tiempo, campesinos pobres del centro y el sur de la Península ocuparon propiedades agrícolas, sin que les reportaran utilidad alguna, por falta de medios y de conocimientos de gestión. Las exigencias de mayores costes sociales, frente a unos precios estabilizados, abocaron a muchas explotaciones a pérdidas y numerosos propietarios abandonaron las fincas para establecerse en las ciudades.

Ese estado de cosas promovió un “caldo de cultivo” que alarmó a buena parte de la sociedad y que sería terreno abonado cuando en julio se produjo el golpe de Estado militar. El Gobierno, presidido entre febrero y abril por Manuel Azaña y a partir de mayo por su correligionario Santiago Casares Quiroga, ambos de Izquierda Republicana, fue incapaz de hacer frente a la crisis. Su principal aliado político, el PSOE, estaba dividido. La facción mayoritaria, encabezada por Francisco Largo Caballero, promovía la fusión con el Partido Comunista. A comienzos de abril las organizaciones juveniles de ambos partidos habían constituido las Juventudes Socialistas Unificadas. A finales de junio, ante las elecciones en la Agrupación Socialista Madrileña, los largocaballeristas propusieron formalmente la unión con el PCE.

La preparación del golpe

Mientras tanto, a mediados de mayo el general Emilio Mola Vidal, comandante militar de Navarra, comenzó a preparar un golpe de Estado. Sólo un reducido número de mandos militares fue informado del plan, que consistía en la proclamación del estado de guerra y la convergencia de cuatro columnas sobre Madrid, procedentes de las divisiones orgánicas Tercera (Valencia), Quinta (Zaragoza), Sexta (Burgos) y Séptima (Valladolid). Ante las dificultades encontradas en las guarniciones de Madrid, Barcelona y Valencia, el 24 de junio cambió los planes y redactó unas “Directivas para Marruecos”, que otorgaban el protagonismo de la sublevación a las fuerzas del Protectorado, que eran con diferencia las mejor instruidas del Ejército, con parte de sus unidades profesionales: dos legiones del Tercio y cinco grupos de Fuerzas Regulares Indígenas. Su composición era la de regimientos de Infantería ligera. Legionarios y regulares deberían ser los primeros en declarar el estado de guerra y embarcar de inmediato a la Península, para trasladarse a Madrid y superar, por el camino, a las fuerzas que pudiera oponer el Gobierno.

A primeros de julio los planes de Mola parecían “cogidos con alfileres”. Tenía el apoyo de varias guarniciones del Norte, entre ellas la muy importante del jefe de la Quinta División Orgánica, el general Miguel Cabanellas, pero carecía de noticias del comandante militar de Canarias, general Francisco Franco, que debería ponerse al frente del llamado “Ejército de África”. Tampoco le apoyaba la Comunión Tradicionalista, por estimar inaceptables las exigencias políticas de su dirección. Sólo la Falange estaba comprometida, pero en la práctica se componía de unos miles de hombres con escasa instrucción y mal armados, frente a unas milicias izquierdistas muy superiores en número y medios.

Mola, pese a todo y con un cheque en blanco del financiero exiliado Juan March, organizó el envío desde Londres a Canarias de un moderno avión de turismo -DH.89 “Dragon Rapide”- para el rápido traslado de Franco a la zona española del Protectorado de Marruecos. El comandante militar de Canarias era reticente. El domingo 12 de mayo envió a los conspiradores de Madrid un mensaje cifrado: “Geografía poco extensa”. Temía una repetición del fracaso del pronunciamiento del general José Sanjurjo en agosto de 1932. Cuando Mola recibió el mensaje comentó lo que parecía obvio: “Franco no va”. La sublevación estaba en el aire.

El catalizador que precipitó los acontecimientos

El líder derechista Calvo Sotelo tras ser asesinado en julio de 1936 por miembros del PSOE, el suceso que desencadenó la guerra civil.

Todo cambió en la madrugada del lunes 13. En venganza por el asesinato en Madrid de un teniente izquierdista de la Guardia de Asalto, José Castillo, policías y paisanos afines al Partido Socialista secuestraron en su domicilio y asesinaron al diputado José Calvo Sotelo, líder del grupo parlamentario del Bloque Nacional, de tendencia monárquica. El asesino, Luis Cuenca, formaba parte de la escolta de Indalecio Prieto, vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Dos tiros en la nuca, por la espalda, acabaron con la vida del diputado. El asesinato se efectuó en una camioneta de la Guardia de Asalto y el cadáver fue llevado al cementerio del Este, donde manifestaron que se trataba de un sereno.

El Gobierno entorpeció la instrucción judicial y censuró la información. Prohibió que la muerte de Calvo Sotelo fuera considerada un asesinato y eliminó las referencias a la responsabilidad policial en el crimen. Durante todo el mandato del Frente Popular se renovó, mes a mes, el Estado de Alarma, que comprendía la censura previa de los medios. En la tarde del mismo lunes el diario vespertino “Ya”, de la Editorial Católica, publicó una edición con información veraz sobre lo ocurrido, ante lo cual fue secuestrado y suspendido. El martes 14 sólo “La Vanguardia” de Barcelona pudo informar del suceso, gracias a que su censura la ejercía la Generalidad. Lo del diario conservador madrileño “La Época” fue surrealista: ante la prohibición de publicar que Calvo Sotelo había sido asesinado y por razones de dignidad, la dirección optó por no publicar el periódico, ante lo cual fue suspendido de manera indefinida. No por decir, sino por no cumplir la consigna gubernamental.

El miércoles 15 se reunió la Comisión Permanente de las Cortes y el Gobierno del Frente Popular inventó una nueva modalidad de censura: prohibió cualquier información sobre la sesión parlamentaria, a menos que se reprodujera íntegramente el acta taquigráfica. Por razones de espacio, la mayor parte de los periódicos no pudieron publicar una sola línea.

En Canarias la disposición de Franco cambió al conocer el asesinato de Calvo Sotelo. El lunes 13, no antes, encargó a su ayudante que sacara unos pasajes para su mujer y du hija, en un barco que hiciera escala en algún puerto francés. El ayudante era su primo el teniente coronel Francisco Franco Salgado-Aráujo, quien adquirió dos billetes para un buque alemán, el “Wadai”, mixto de carga y pasaje, que el domingo 19 zarparía de las Palmas y haría escala en El Havre. Tras comunicar a Madrid que participaría en la rebelión, Franco planeó despedir a su mujer y su hija, y trasladarse luego al Protectorado, donde declararía el estado de guerra el lunes 20 o el martes 21 de julio. El “Dragon Rapide” llegó a Las Palmas el martes 14, con la cobertura de que los dos tripulantes y los tres pasajeros eran británicos. Aunque no tenía instrucciones precisas, el periodista Luis Bolín, corresponsal de “ABC” en Londres y organizador del vuelo, decidió enviar el avión desde Casablanca, al tener noticias del asesinato de Calvo Sotelo.

Este último fue el catalizador que precipitó los acontecimientos. Además de Franco, el general Mola pudo contar con la participación de la Comunión Tradicionalista, que disponía de la milicia mejor organizada, el Requeté. También se sumó de forma expresa la principal formación de la derecha, la CEDA. Su líder, José María Gil Robles, entregó a Mola medio millón de pesetas de los fondos electorales del partido y ordenó a los afiliados ponerse a disposición de las autoridades militares.

Una decisión que lo cambia todo

El jueves 16 el general Franco obtuvo autorización del ministerio de la Guerra para desplazarse de Tenerife a Gran Canaria y representar al Gobierno en el entierro del general Amado Balmes, comandante militar de Las Palmas, que había fallecido en un accidente de tiro.

La falta de comunicaciones entre los principales conspiradores se hizo patente el viernes 17, cuando los comprometidos de Tetuán y Melilla recibieron la orden de estar listos a partir de las cinco de la tarde, momento en que se esperaba la llegada a Ceuta del general Franco. Era un doble error: Franco estaba en el entierro de Balmes y la referencia a Ceuta se debía a que el plan inicial establecía que Franco se trasladaría de Canarias a Ceuta en hidroavión, opción que había resultado inviable.

Los conspiradores de Tetuán fueron advertidos de que Franco se retrasaría al menos 24 horas. Los de Melilla no fueron informados, pero también supusieron el retraso y tomaron una decisión que lo cambió todo: la primera Legión del Tercio y los grupos de Regulares 2 y 5, unidades consideradas seguras, necesitarían horas para llegar desde sus acuartelamientos a la ciudad, donde había numerosos soldados izquierdistas que cumplían el servicio militar en los batallones de Cazadores 3 y 7, la Agrupación de Artillería y otras unidades. El Frente Popular había obtenido en febrero más del 70 por ciento del voto popular y existía el riesgo de que los elementos de izquierda civiles y militares se hicieran dueños de la situación.

Para contrarrestarlo decidieron armar a unas decenas de falangistas, con pistolas obtenidas en el Parque de Artillería. Cuando tres falangistas regresaban de este último en el taxi de uno de ellos encontraron por casualidad a un correligionario, el teniente retirado Álvaro de la Cruz, a quien invitaron para ir con ellos a la pequeña unidad donde se reunían los conspiradores: la Sección de Límites de África de la Comisión Geográfica de Marruecos. Las pistolas ya habían llegado y fueron repartidas a varios falangistas para que las entregaran a correligionarios en sus domicilios. Álvaro de la Cruz recibió tres, con su munición, pero se dirigió con ellas al bar donde se encontraba el teniente de alcalde Felipe Aguilar, líder local de Unión Republicana, de quien era confidente. De inmediato Aguilar se lo comunicó al delegado gubernativo, Jaime Fernández Gil, quien ordenó un registro de la Comisión Geográfica, tras obtener autorización del comandante general de la Circunscripción Oriental del Protectorado, general Manuel Romerales.

Poco después de las cuatro de la tarde irrumpió en la Comisión Geográfica una fuerza integrada por media docena de policías del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, junto con una decena de agentes uniformados del Cuerpo de Seguridad, con su jefe el teniente Zaro, al mando de Francisco Benet, secretario particular del delegado gubernativo. Se desplegaron por el gran patio de la unidad, fuera de la vista de una docena de conspiradores, que se ocultaban en un edificio de oficinas de una sola planta. Antes o después serían descubiertos y por el teléfono militar solicitaron ayuda a la vecina Representación del Tercio, dedicada a gestiones de carácter administrativo. Respondió un sargento portugués, Joaquín Souza, quien en breves minutos llegó a la Comisión, al frente de dos cabos y seis legionarios.

Uno de los conspiradores, el teniente del Tercio Julio de la Torre, se puso al frente de los legionarios y les ordenó encañonar a los guardias, uno de los cuales arrojo su fusil, seguido por los demás. El teniente Zaro ordenó que no tirasen y se dirigió a De la Torre: “compañero oficial, mis guardias no disparan contra el Ejército”. Luego se dieron un abrazo. El registro fue interrumpido y el jefe de la conspiración melillense, el teniente coronel retirado Juan Seguí, ordenó tres medidas: llamar al Tercio y Regulares para que acudieran cuanto antes a la ciudad, detener al general Romerales y proclamar el estado de guerra, lo que era ilegal.

Hacia las seis de la tarde la guerra estaba declarada y la izquierda local, pobremente armada con medios de fortuna, intentó una resistencia que resultaría inútil. En las horas siguientes el estado de guerra fue declarado en Nador, Villa Alhucemas, Larache, Alcazarquivir, Tetuán y Ceuta, con el respaldo de casi todos los mandos militares. Gracias al telégrafo de la Delegación gubernativa, el Gobierno estuvo puntualmente informado de los acontecimientos, mucho antes que el general Mola en Pamplona y el general Franco en Las Palmas.

El resultado principal de este adelanto fue que los sublevados perdieron el efecto sorpresa, lo que favoreció al Gobierno. Tres destructores de Cartagena fueron enviados a Melilla para bloquear el mar de Alborán y evitar que fueran embarcadas tropas con destino a la Península. Similar precaución fue tomada en el Estrecho de Gibraltar. Los sublevados, por su parte, obtuvieron el respaldo generalizado de jefes, oficiales y suboficiales, a pesar de que sólo unos pocos estaban al tanto de la conspiración. En la Circunscripción Oriental sólo rechazaron sumarse unos 15 de un total de 650 mandos. Al finalizar el día sólo estaba a las órdenes de Madrid el aeródromo de Sania Ramel, junto a Tetuán, al mando del jefe de las Fuerzas Aéreas de África, comandante Ricardo de la Puente Baamonde, primo hermano izquierdista del general Francisco Franco (las madres de ambos eran hermanas). Durante la madrugada unos cañonazos y la amenaza de un asalto de Regulares determinaron la rendición de la base, donde la mayor parte de los mandos respaldaron la sublevación.

Franco duerme en Las Palmas ajeno al estado de guerra

Amanecía el sábado 18 de julio y el general Franco dormía con su familia en la habitación de un hotel, hasta que supo entre las dos y las tres de la madrugada que Melilla se había adelantado. Se trasladó a la Comandancia Militar para declarar el estado de guerra en el Archipiélago y envió un manifiesto a las principales unidades militares, que incluía un viva la República, lema compartido por el resto de bandos que proclamaban el estado de guerra. No era una sublevación contra el régimen de 1931, sino contra el Gobierno de Frente Popular.

A lo largo del día el golpe de Estado se extendió a buena parte de la Península. Su principal éxito lo protagonizó en Sevilla el general Gonzalo Queipo de Llano, con un mínimo apoyo que se extendió a las unidades militares y la Guardia Civil de la capital andaluza. Como en casi todas partes fue una adhesión espontánea. Cuando los oficiales de las dos comandancias de Sevilla -Interior y Exterior- fueron requeridos para que manifestaran su opinión, el más joven se limitó a decir “¡Viva España!”. seguido por los demás con una sola excepción. Lo mismo ocurrió con la totalidad de la tropa. En Pamplona los guardias rechazaron la orden de trasladarse a Tafalla, no contestaron el viva la República de su jefe, en su lugar dieron vivas a España y dispararon contra el comandante José Rodríguez-Medel, que resultó muerto.

La sublevación se extendió a Cádiz, Córdoba y Málaga, y más tarde, entre la noche del 18 y la madrugada del 19, a Valladolid, Burgos, Zaragoza, Palma de Mallorca, Pamplona y Barcelona. El presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, se negó a repartir armas a los milicianos de partidos y sindicatos de izquierda, y al final del día presentó la dimisión.

Franco subió a las dos de la tarde al “Dragon Rapide” y tras una escala en Agadir para repostar gasolina, el avión logró aterrizar de noche en Casablanca, donde buscaron alojamiento. No llegarían a Tetuán hasta primera hora de la mañana del domingo 19.

El gobierno se mantiene en el 60 por 100 del territorio

El Gobierno y sus fuerzas afines -una minoría de militares y milicianos de la CNT, el PSOE, el PCE y otras organizaciones- derrotaron la sublevación en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Albacete y varias localidades más, que sumaban el 60 por 100 del territorio y de la población. También disponía del 80 por ciento de la industria, del 40 por ciento de la producción agraria y de la práctica totalidad de las reservas financieras del Estado, así como de la Administración estatal. El amotinamiento de las tripulaciones le permitió así mismo disponer de la mayor parte de la Flota: un acorazado, tres cruceros, 14 destructores y doce submarinos. También dos tercios de la Aviación militar. El domingo 19, tras el nombramiento de José Giral como nuevo jefe de gobierno, se efectuó un reparto masivo de armas a los milicianos izquierdistas, que de esa forma se hicieron con el poder efectivo, al margen y por encima de las leyes.

Frente a ello, los rebeldes de Franco y Mola tenían como principal activo la adhesión de las tres cuartas partes de los jefes y oficiales del Ejército, la Armada y las fuerzas de Orden Público. No fue un golpe de Estado de generales, sino de jóvenes oficiales. A mayor juventud, mayor grado de rebeldía. En el caso de la Armada y de la Aeronáutica Naval se sublevaron algo más del 90 por ciento, lo que hizo casi inútil a la Escuadra gubernamental.

Un error del Gobierno favoreció a los rebeldes. Casares Quiroga ordenó el bombardeo aéreo del norte de África y a tal fin tres aviones de la compañía LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas) fueron modificados en el aeródromo de Tablada (Sevilla), para que pudieran lanzar bombas. Eran un Douglas DC-2 y dos trimotores Fokker VIIb, aunque el primero fue inutilizado, mediante tiros de fusil, por el capitán de Infantería y piloto aviador Carlos Martínez Vara del Rey, que sería perseguido y herido. Los Fokker fueron enviados a Ceuta y Tetuán. Junto a la primera ciudad atacaron el acuartelamiento de la Segunda Legión en Riffien, donde causaron dos muertos y siete heridos. Luego, poco después de las tres de la tarde, el objetivo fue Tetuán, pero en lugar de alcanzar la Alta Comisaría las bombas estallaron junto a una mezquita. Hubo 15 muertos y 40 heridos, de los que 11 y 10 eran marroquíes musulmanes.

Al poco tiempo estos últimos organizaron una manifestación de protesta contra los militares alzados, cuya actuación había provocado el bombardeo. El teniente coronel Juan Beigbeder, nuevo jefe de Asuntos Indígenas, mandó llamar al gran visir, Ahmed Ben Hach Abdel Krim Ganmia, de 73 años y enfermo, que tenía un considerable prestigio entre los marroquíes. Cuando los dos hombres aparecieron en el balcón principal de la Alta Comisaría Beigbeder, que hablaba árabe, aprovechó para dirigirse a los manifestantes. Les dijo que los militares se habían sublevado porque el Gobierno de España estaba en manos de enemigos de Dios, como lo probaba el incendio de iglesias en la Península y el bombardeo de la mezquita. El teniente coronel tocó con ello el más sensible de los valores de los musulmanes. Estos últimos no podían ser neutrales ante un ataque al Dios único y era bien cierto que los militares españoles habían respetado su religión. La manifestación se transformó en un apoyo a los sublevados, que sería compartido por la generalidad de los musulmanes marroquíes y tendría una considerable trascendencia para la victoria del Ejército Nacional de Franco. Varias decenas de miles de jóvenes marroquíes se alistaron voluntariamente en Regulares y se distinguieron como extraordinarios combatientes.

El balance de la jornada, no obstante, fue que ningún bando logró imponerse al otro y por ello dio comienzo una sangrienta guerra de casi tres años.

*Miguel Platón es autor del libro Así comenzó la Guerra Civil. Del 17 al 20 de Julio de 1936: Un golpe frustrado.