Antonio Naranjo.- La «financiación singular» es en realidad el eufemismo de «atraco consentido», y tiene tanto que ver con la cohesión de España como los bombardeos de Putin con la paz en Ucrania. No se puede naturalizar el abuso, dándole la categoría de debate razonable, como si pudiera haber dos posturas y ambas fueran igual de legítimas.

Pretender convertir los impuestos que individualmente pagan los catalanes en un botín del territorio en el que trabajan es un dislate conceptual, ya de entrada, que avala el atraco: las comunidades no pagan, lo hacen los ciudadanos, y ni Illa, ni Mazón, ni Ayuso, ni por supuesto las regiones que gobiernan pueden apropiarse de un esfuerzo inequívocamente individual.

Y esas rentas personales son objeto de una intervención fiscal redistributiva, con una fórmula que en la dosis oportuna es saludable y, en la actual, roza la confiscación y mantiene artificialmente una Administración Pública monstruosa e incompetente y un régimen clientelar que apuesta por el sedentarismo de inmensos sectores de la población a cambio de obtener su voto.

Sánchez no negocia nunca nada que atienda a un código moral, político e institucional razonable, previsible e incluido en las normas y costumbres inherentes al Estado de Derecho: simplemente anota las distintas versiones del impuesto revolucionario que le giran sus chantajistas y él atiende para no enfrentarse al vacío político y judicial que le espera a la puerta de su casa.

Que el mismo PSOE que exige solidaridad al norte próspero de Europa se permita hacer lo contrario dentro de España no solo demuestra la psicopática ausencia de escrúpulos del personaje, sino también su disposición a destruir la arquitectura constitucional a largo plazo por un beneficio egoísta al corto, cada vez más exiguo y limitado a librarse de la respuesta judicial, social y política que reclama a voces su reiterada lista de traiciones, trampas y corruptelas.

Quebrar aún más la Hacienda española, ya maltrecha por la transformación del cupo vasco y el fuero navarro en una excusa para consolidar allí paraísos fiscales (con pretextos históricos que podrían alegarse en Castilla, Aragón, Andalucía o Galicia, y se traducen en una exención contributiva que no ha calmado las ansias soberanistas, sino que las han extendido y redoblado) es una agresión a la propia idea de España. Que hace inviable el equilibrio en las regiones más desfavorecidas y genera españoles de primera, segunda y hasta tercera; alimenta el delirio separatista; premia al desleal y castiga al solidario y aboca a un proceso soberanista completo, cuando las circunstancias sean propicias, y mientras a la devaluación de la Constitución por la puerta de atrás.

Da igual que las modificaciones legales para completar ese latrocinio estén en el aire, por las dificultades para obtener las mayorías parlamentarias necesarias: la legitimación del abuso supone un precedente de inmenso impacto, al que se apelará ya siempre para iniciar el mismo desafío a España que el nacionalismo lleva siglo y medio perpetrando.

En Sánchez no es solo peligroso lo que intenta aprobar; también lo es que lo intente, pues eso deja sembrada y regada una semilla que solo puede crecer o provocar un conflicto sin precedentes. Y todo por una miserable prórroga de su triste Presidencia, un fraude desde el inicio que solo puede perpetuarse si se prolonga en el tiempo la rendición, crece en las concesiones y eleva el tono represivo.

Ahora está dispuesto a condenar al retraso a todas las regiones con la excepción, tal vez, de Madrid, Valencia y Baleares, que además serán acusadas de «dumping fiscal» mientras mantienen al país con sus riñones.

Y si los diputados socialistas de esas tierras no se rebelan tampoco ahora, es de desear que en sus pueblos y ciudades les reciban como merecen: con una visita al pilón de la plaza mayor.