Grupos de menores migrantes no acompañados (menas) alojados en centros de Canarias acuden, aproximadamente, una vez cada dos semanas al karting de Tenerife acompañados por ONG subvencionadas que sufragan los gastos. Así lo cuenta La Gaceta, confirmando una práctica que ha generado una fuerte oleada de indignación en redes sociales tras la difusión de imágenes y testimonios de algunos testigos.

Desde el circuito de karting aseguran que las visitas se realizan de forma periódica y en grupos reducidos, de unas cinco personas por sesión. No obstante, usuarios que han coincidido con ellos en el recinto denuncian que, en ocasiones, los grupos superan la veintena y que su comportamiento ha provocado tensiones con otros clientes. Uno de los testimonios enviados a este medio relata un incidente especialmente grave: “Uno de ellos chocó adrede contra una mujer extranjera en plena carrera. El golpe fue tan fuerte que ella salió de la pista y no quiso seguir compitiendo. A él lo sacaron del circuito”.

La ONG que más frecuentemente acompaña a estos jóvenes es la Asociación Coliseo, entidad que ha recibido del Gobierno de Canarias —presidido por la coalición CC-PP— un total de 51,9 millones de euros para la atención de 905 menores extranjeros no acompañados (menas) entre 2023 y marzo de 2025.

Las imágenes compartidas por los usuarios y adelantadas por @CanarioToday muestran a grupos de jóvenes disfrutando en la cafetería del karting, con bebidas y atención incluida, generando un fuerte contraste con la realidad de muchas familias españolas que no pueden permitirse este tipo de actividades de ocio. Críticas ciudadanas apuntan al uso de fondos públicos para sufragar entretenimiento mientras otros servicios sociales atraviesan recortes o saturación.

Ante la controversia, desde el karting han señalado que su papel se limita a acoger a los grupos cuando son gestionados por las ONG y que no intervienen en la organización ni en la financiación de las visitas. Sin embargo, la polémica ya ha saltado al debate público y ha reabierto el foco sobre el destino de las subvenciones destinadas a la atención de inmigrantes ilegales en las islas.