José María Rotellar.- El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lleva pendiente de renovación desde el 31-12-2013, cuando, con la ley en la mano (DA séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre), habría que haberlo revisado o, como poco, desde el 31-12-2015, si nos atenemos a las liquidaciones definitivas de 2013, entregadas en junio de 2015. La ley no lo deja claro, pero hace entre ocho y diez años que debería haberse reformado.

En lugar de acometer esta reforma del sistema, el Gobierno, para poder seguir en La Moncloa, pacta el aberrante cupo catalán, que es injusto, insolidario e ineficiente, y que con el ordenamiento jurídico actual, es ilegal. El PSOE quiere dar una financiación a la carta a Cataluña, según sean los deseos de los independentistas catalanes, con la creación de un régimen foral para Cataluña o cupo catalán, por mucho que quieran revestirlo de algo extensible al resto. Adicionalmente, y aunque no sea parte del SFA, quieren condonar la deuda catalana emitida por el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o, al menos, parte de ella, aunque si se empieza por miles de millones se puede llegar a la totalidad, que es, por cierto, la exigencia de los independentistas.

El actual SFA fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España. Es más: los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña –también a Andalucía, gobernada entonces por los socialistas- de manera que, al hablar de población ajustada, que es la que se emplea para distribuir los distintos fondos, emplearon unos ajustes, unos grupos de edad y unos intervalos que aproximaban la población ajustada de Cataluña a su población real, mientras que a Madrid le hacían perder muchos habitantes, además de imponer el límite del fondo de competitividad para perjudicar a la región madrileña. Además, el sistema se diseñó penalizando a quienes bajasen impuestos, al emplear la capacidad normativa a la hora de calcular la cobertura de necesidades de financiación.

Todo ello se negoció con ERC previamente, de tal manera que hasta que dicho partido no dio su visto bueno en sus órganos de dirección, el Gobierno no transmitió la propuesta al resto de comunidades autónomas (CC.AA.). Ahora la historia se repite: pactan un cupo fiscal con Cataluña, una suerte de sistema foral, revistiéndolo de normalidad, diciendo que se extenderá a todas las CC.AA., y señalando que respetará el principio de ordinalidad.

Esto no es una reforma del sistema, sino un privilegio entregado a Cataluña, por exigencia de los independentistas catalanes, para comprar tiempo para que Sánchez siga en el Gobierno gracias a sus votos. Si a Cataluña le dan ese sistema especial, quiebra la solidaridad interregional, porque no habrá dinero para ello. Por mucho que digan que Cataluña aportará a la financiación del resto de CC.AA., habrá que ver si finalmente se concreta, si no es temporal y cómo se calcula. Lo normal es creer que la aportación quedará prácticamente en nada, tal y como sucede con el cupo vasco y con la aportación navarra.

Extenderlo al resto no es posible tampoco, porque si ya es imposible mantener la solidaridad interregional sin la aportación de Cataluña, más lo sería sin la aportación de Madrid y Baleares, las otras dos aportantes netas. Podría irse a un régimen de competencia fiscal, pero eso tampoco lo proponen y, en cualquier caso, la solidaridad no sería posible.

Por otra parte, la ordinalidad no es el problema. Es lo único sensato de la propuesta, porque no quiere decir que se deje de aportar, sino que el que aporte no quede más pobre que el beneficiario después de la aportación, pero se mantiene con ello la aportación. La ordinalidad no es quedarse con todo y no ayudar a las regiones menos prósperas. No, todo lo contrario: la ordinalidad respeta el principio de solidaridad para que todos los ciudadanos puedan tener unas prestaciones equivalentes de servicios públicos fundamentales, aplicando el sentido común en el reparto de fondos, como veremos a continuación. No es que no haya solidaridad, sino que la solidaridad se establece dentro de los límites que impidan que quien ayuda no quede en una situación peor que aquel otro al que se ha ayudado. Así, el principio de ordinalidad se entiende como una modulación a la solidaridad interregional en un sistema de financiación descentralizado, de modo que se garantice que las regiones que más aportan cuenten finalmente con recursos no inferiores a la media.

En términos estrictos, significa que el orden de las regiones por capacidad fiscal en términos de capacidad tributaria normativa ajustada per cápita con población ajustada en términos de financiación, se mantiene después de la aplicación de los mecanismos de solidaridad en términos de financiación homogénea ajustada per cápita con esa misma población ajustada en términos de financiación, aunque se reduzca la magnitud de las diferencias. Es decir: si una región tiene una capacidad tributaria per cápita de 150 unidades monetarias y otra la tiene de 50 y sólo hubiese estas dos regiones, la solidaridad se modularía para que la aportante no quedase nunca por detrás de la receptora: es decir, podría quedar la aportante con una financiación per cápita de 130 y la receptora de 70; o podría quedar la aportante en 110 y la receptora en 90; o podría quedar la aportante en 101 y la receptora en 99; o en un sistema perfecto, podrían quedar ambas en 100.

Lo que la ordinalidad impide es que la aportante quede por detrás de la receptora, porque no parece lógico que quien tiene una capacidad tributaria per cápita de 150 ayude a la que la tiene de 50 y, tras la ayuda, los ciudadanos de la aportante queden con menos recursos que los de la receptora. Eso es la ordinalidad y no otra cosa. Es de sentido común: en el día a día cotidiano, cualquier persona ayuda a otra dentro de sus posibilidades, dando esa ayuda de los recursos que le sobran, no empeorando respecto de la otra quedándose con menos recursos que la persona ayudada, como sucede ahora. Sin embargo, Cataluña utiliza la ordinalidad para disimular lo que no es tal cosa: ellos aspiran a quedarse con todos sus ingresos, y eso no es ordinalidad, sino un sistema propio injusto.

En lugar del pernicioso e ilegal cupo catalán, hay que reformar el SFA, pero no en la línea catalana de dotarles de una especie de régimen foral propio, porque, entonces, se quebraría la solidaridad interregional, ya que Madrid no tendría capacidad para poder cubrir al resto de regiones de régimen común. El SFA debe ser reformado para ser transparente, superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, diseñadas principalmente contra Madrid, Valencia y Murcia. Ha de ser claro, justo y solidario, y no debe desincentivar las bajadas de impuestos, sino impulsar la corresponsabilidad fiscal: quien quiera subir los impuestos para gastar más, que lo haga y se lo explique a sus ciudadanos, pero quien quiera bajarlos por ser más eficientes y poder hacerlo sin menoscabo de los servicios esenciales, que pueda hacerlo sin ser penalizado.

El Debate