El presidente del Gobierno presentó ayer en el Pleno del Congreso durante su comparecencia para explicar los casos de corrupción que cercan a su partido y al Ejecutivo un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas y sostuvo que lo habían «diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de Anticorrupción e Integridad en el Gobierno». E insistió: «Un Plan Estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción, con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE».

No obstante, según publica El Mundo, la OCDE desmiente a Pedro Sánchez apuntando que no ha habido una elaboración conjunta, sino que habitualmente esta organización ayuda a los gobiernos a «definir las estrategias anticorrupción» y en este caso se le pidió «que proporcione apoyo técnico para la implementación de medidas específicas» de ese plan «de acuerdo con las mejoras prácticas internacionales», tal como le traslada al diario Elsa Pilichowski, la directora del departamento de gobernanza de la organización.

Según explicó el jefe del Ejecutivo el plan se ha elaborado durante el último mes, a raíz del estallido del escándalo de Santos Cerdán, en colaboración con su socio de coalición, Sumar, y defendió que va a suponer «el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país». Su objetivo, llegó a decir Sánchez, es situar a España en esta cuestión «a la vanguardia del continente».

Entre las medidas que contempla están por ejemplo la creación de una Agencia de Integridad Pública Independiente, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales, exigir a las empresas tener canales internos de denuncia, la creación de nuevas secciones de delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, retirar subvenciones públicas a los partidos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción, o elaborar listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.