Declaraciones de jueces y fiscales en la multitudinaria protesta contra el Gobierno

«Durante los tres días de movilización, la participación masiva de jueces y fiscales ha sido un éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70%», aseguran en una nota conjunta emitida, este jueves, las cinco entidades convocantes: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Todas las entidades habían movilizado a sendas Carreras, esta semana, tras una primera protesta frente al Tribunal Supremo, el pasado 28 de junio, contra las reformas que el Gobierno acelera para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF), al entender que suponen «un ataque al Estado de Derecho».

«Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial (…) siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de Justicia», han incidido en el comunicado.

«Esta huelga responde a unas reformas tramitadas -inexplicablemente- por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al fiscal general del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal», han continuado.

Y, para ello, critican abiertamente los planes por los que se prepara «la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ‘ad hoc’» que implicará un temario más reducido y la presentación de un dictamen práctico cuya valoración responde a criterios subjetivos que terminan con la igualdad de oportunidades para los actuales opositores y futuros aspirantes.

Tal es así que, si bien en un primer momento las dos asociaciones profesionales más afines al Gobierno se desmarcaron de la huelga, ayer mismo, se pronunciaban públicamente contra este programa de «estabilización» de jueces sustitutos a los que se «está privilegiando». Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -de la que fue presidente el actual fiscal general Álvaro García Ortiz- han manifestado su malestar con el enfoque de las últimas enmiendas, en este sentido, hasta el punto de que la entidad de la Carrera fiscal ha amenazado, directamente, con recurrir a «medidas de conflicto» si el Ejecutivo persiste.

La últimas enmiendas incorporadas por el PSOE, al texto de las reformas, resultan aún más lesivas para los principios constitucionales

Asimismo, han criticado que, «a pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia» no ha hecho nada por «evitar esta situación». «Resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España», han destacado los representantes de los jueces y fiscales.

Bolaños, los desmiente

Frente al éxito del que hablan los convocantes, basado en los mails remitidos por los profesionales del Poder Judicial que «de manera voluntaria» han querido comunicar su apoyo efectivo a los paros, por su parte, el Ministerio de Justicia se apoya en «los datos oficiales facilitados por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas», para rebajar los resultados hasta un pírrico 30% de media de respaldo a la huelga, durante los tres días en los que se ha prolongado.

Esto es, los datos facilitados por el propio Félix Bolaños se basarían en las suspensiones de señalamientos registrados del que, aseguran los convocantes que se desconoce« el número exacto (…) dado que este dato solo obra en poder del Ministerio». «La labor de jueces y fiscales va mucho más allá de la celebración de vistas o juicios, abarcando una compleja y esencial función para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho» que ha podido dejar fuera a muchos «compañeros» que no han sido contabilizados formalmente.

Hasta el momento, Bolaños niega la mayor e insiste en que lejos de tratarse de dos proyectos legislativos perjudiciales para la independencia judicial, la separación de poderes y, por ende, contra el Estado de Derecho; los cambios, son «imprescindibles» para modernizar la administración de Justicia y adaptarla a los estándares de Europa.