Concentración este mediodía frente al Tribunal Supremo reclamando una justicia independiente. Cientos de jueces y fiscales protestan contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia. La conocida como ‘ley Bolaños’ modificaría el acceso a ambas carreras y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales. Se han sumado la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales, excepto las progresistas. Además, han anunciado huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.

Fue el pasado 17 de junio cuando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron la convocatoria de esta concentración como antesala a la huelga anunciada para el 1, 2 y 3 de julio.

Las firmantes han materializado la advertencia que lanzaron el pasado 11 de junio, cuando realizaron un paro de 10 minutos frente a las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Tras aquel paro, realizaron una consulta interna en la que más del 80% de los preguntados en dichas asociaciones se mostraron a favor de cumplir con la advertencia de ir a huelga.

En un comunicado dirigido a ambas carreras, las asociaciones explican que han elegido el Supremo por tratarse de un “emplazamiento profundamente simbólico e institucional”.

“Es el lugar donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad”, subrayan.

Afirman, además, que “no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial”.

Los convocantes, que tras la concentración leerán un manifiesto conjunto, aclaran que “está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con la Justicia”, aunque subrayan que “se desarrollará en un marco estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción partidista”.

TEMORES “INFUNDADOS”

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro, el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los “temores” de las asociaciones eran “infundados”.

Bolaños ha defendido públicamente que las reformas anunciadas son “imprescindibles” para modernizar la Justicia española, al tiempo que ha calificado de normales las reticencias de un sector que –dice– siempre se ha resistido al cambio.

Las asociaciones aseguraron que pararían las protestas, huelga incluida, si el Gobierno accedía a retirar dichas reformas, pero el Ejecutivo lo ha descartado.

En este contexto, se reunieron tanto con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, como con el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, unos encuentros que los convocantes tacharon de cordiales pero poco productivos.