Pumpido y Zapatero

En una democracia no se pueden amnistiar los delitos cometidos contra el ordenamiento jurídico y constitucional porque presupone la falta de legitimidad del Estado a la hora de establecer el marco jurídico de convivencia. No parece que sea un planteamiento difícil de entender, más aún cuando están al alcance de cualquiera las actas de las sesiones de las Cortes constituyentes en las que se debatió la inclusión o no de una ley de perdón general en el articulado de la Carta Magna. No sólo los padres de la Constitución rechazaron la propuesta, sino que fueron más allá al prohibir expresamente los indultos generales, dado que en un sistema de libertades públicas la responsabilidad de los ciudadanos siempre es individual.

Por lo tanto, en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, la mayoría progresista no ha votado a favor de una interpretación jurídica; ha respaldado, simple y llanamente, el acuerdo de investidura con Junts, que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa con los votos de los nacionalistas catalanes, precisamente, los mismos con intereses directos y personales en la amnistía, más allá de su voluntad de deslegitimación del Estado y su marco legal. No hay, pues, otra motivación que la de un acuerdo entre partes que intercambian servicios y acuerdan el precio correspondiente. Hablar de intereses generales, de la convivencia entre españoles o de la superación de conflictos no deja de ser un sarcasmo hiriente.