La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha incoado diligencias previas para investigar si hubo irregularidades en la gestión de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales. Todo ello, a raíz de una denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana por los delitos de prevaricación y malversación contra cargos directivos y técnicos.

La magistrada quiere saber si se cometieron «irregularidades» como retribuciones ilegales por encima del límite legal; contrataciones opacas sin la debida publicidad; pagos sin cobertura contractual o legal; falta de auditorías obligatorias o una aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas.

Para ello, ha pedido diferente documentación, como contratos, nóminas y resoluciones salariales del personal directivo; expedientes completos de selección nombramiento de los directores de TV3, Cataluña Radio y la Fundación La Marató, además de acuerdos del Consejo de Gobierno sobre retribuciones superiores al máximo legal.

En su auto de incoación, la jueza requiere a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña «para que aporte el informe 2/2025 en su versión íntegra, incluyendo todos sus apartados, anexos, papeles de trabajo, documentación soporte y cualquier otra información interna utilizada durante la fiscalización» de la Corporación.

Y es que en ese informe, se alerta de las «deficiencias» en las bases de la selección de los directores de TV3 y de Cataluña Radio; también de las elevadas retribuciones de cuatro directivos del ente, hasta el punto de que superaron la del consejero de la Generalitat «contrariamente a lo que establece la normativa». Se trata de sueldos superiores a los 120.000 euros.

Y a eso hay que añadir la falta de transparencia para elegir a los directivos o incumplimiento de la jornada laboral. Y es que, la normativa determina que no puede ser inferior a las 37,5 horas, pero en la CCMA se ha establecido en 35 horas.

Desde Sociedad Civil catalana insisten en que «los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal. Por ello, en la denuncia se han solicitado diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores».

No hay que perder de vista que a TV3 no le falta la financiación pública. Recordemos que el anterior gobierno de la Generalitat, presidido por Pere Aragonés, dio luz verde a un contrato programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con una inversión de 1.347 millones de euros hasta 2027. Sale a una media de 350 millones de euros cada año. Y eso que se prorrogaron los presupuestos del 2024 y también se ha hecho lo mismo con los actuales.

El Debate