(Foto: Diputación de Badajoz)

Ramón Pérez-Maura.- Ya no hay términos para describir la implosión del Estado. Una implosión perpetrada desde el partido que ocupa el Palacio de la Moncloa. Decíamos aquí el pasado 18 de mayo (La máquina del fango) que se preparaba un informe contra la UCO para desacreditarla. Fallé el tiro porque mi fuente me habló de un informe de errores de esa unidad de la Guardia Civil, pero que estaría siendo preparado por el núcleo duro de la Fiscalía General del Estado que rodea directamente a Álvaro García Ortiz. Sus más fieles. Pues no sé si mi fuente se equivocó de autor del informe o que en la histeria que hay en el Sanchismo se han puesto a preparar más de uno. Eso todavía está por ver. Pero sospecho que más bien lo segundo.

Las grabaciones que ha ofrecido El Confidencial de las conversaciones entre Leire Díez Castro y Alejandro Hamlyn son propias de la mafia calabresa. En el fondo y en la forma. Ofrecer a un delincuente sentarlo con la Fiscalía para mejorar su situación y decir que hay que acabar con el jefe de la UCO demuestra que nos encontramos con una conspiración desde el partido en el poder para acabar con una institución que no ha logrado controlar. Añadamos la torpe excusa de que Leire Díez no está en nómina en el PSOE para comprender que eso es lo único en lo que no debe estar. Los cargos en los que la han ido colocando durante las administraciones socialistas y sus constantes visitas a la sede de Ferraz demuestran que ella era alguien relevante en la órbita del sanchismo. Y a más, a más, sus fotos con Sánchez y Begoña Gómez demuestran que era algo más que una simple afiliada.

Es tal la cantidad de casos y la gravedad de los mismos que el sanchismo se ha convertido en un pollo que corre sin cabeza. Me dice quien tiene razón para saberlo que el número indecente del aforamiento express de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura les puede salir muy mal. Se creen que la juez Biedma tiene una inquina personal contra David Sánchez. Pero no es así. Simplemente está siguiendo las pautas procesales en un caso en el que, cuando menos, hay muchos indicios de que ha habido tráfico de influencias y prevaricación. Y razones sobradas para llevarlo a juicio.

La desesperada maniobra de recolocación de Gallardo en el Parlamento de Extremadura sólo se justifica para quitar el caso a la juez que lo ha instruido. ¿De verdad están seguros de que en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les va a ir mejor? Puede que tengan mucha fe en los jueces que fueron designados para esa instancia por el Parlamento extremeño en la pasada legislatura, cuando tenía mayoría absoluta el PSOE. Pero no es menos probable que se lleven una gran sorpresa y para David Sánchez acabar siendo juzgado en el TSJE acabe siendo peor. Eso no lo sabremos hasta dentro de bastante tiempo. En lo que no hay discusión es en que el traslado de la causa beneficia a los hermanos Sánchez por la demora que va a provocar en todo el procedimiento.