Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Paula Baena.- Desde que estallara el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, –calificado por ella misma como una «operación de Estado» para tratar de destruirla políticamente a través de un asunto personal de su pareja, con la que ni siquiera la une ningún vínculo legal– han sido varias las cuestiones llamativas que han rodeado a los implicados en la causa.

El más flagrante de los ejemplos se encuentra en la inspectora de la Agencia Tributaria (AET) que abrió el expediente fiscal a González Amador, Mercedes Urbano López de Meneses, quien fue ascendida en noviembre del año pasado. Aunque conserva el nivel 29 que ya tenía antes de la designación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sí percibió una mejora salarial relacionada con el complemento específico y la productividad.

Esta inspectora no cuenta con un prestigio especial entre sus compañeros, quienes consideran que no era, precisamente, la candidata más idónea para la mejora.

Otro de los casos que llaman la atención en torno a esta «operación de Estado», según Ayuso, contra su persona utilizando a su pareja sentimental, radica en el abogado general del Estado, Diego Vigas Álvarez, quien, apenas unos días después de su nombramiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en junio de 2024, paralizó el acuerdo al que había llegado González Amador con el fiscal Diego Lucas Álvarez y la Abogacía del Estado –representante de la Agencia Tributaria– que eliminaba el delito de falsedad documental.

El abogado del Estado que había concluido que no había falsedad documental tras hablar con la Agencia Tributaria fue Julián Martínez-Simancas que, tras la orden de Vigas de paralizar el acuerdo y de que el fiscal propusiera un texto nuevo que echaba atrás el acuerdo inicial y que sí incluía el delito de falsedad documental, no tuvo más remedio que, antes su superior jerárquico, cumplir órdenes y retirar su escrito.

Tras este episodio, el abogado del Estado fue relegado a un segundo plano para situar al frente de la causa a Zaida Fernández Toro, la misma que defendía a la fiscal Pilar Rodríguez, jefe de la Fiscalía provincial de Madrid, en la causa que González Amador tiene abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, antes de que esta decidiera recientemente que su defensa quede en manos de Daniel Campos Navas, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional.

Fernández Toro fue, además, la misma abogada del Estado que firmó el informe con el que el Gobierno pidió al Supremo la aplicación urgente e inmediata de la amnistía a Carles Puigdemont, incluyendo la totalidad de los delitos que pesan sobre el ex presidente catalán y prófugo de la Justicia. Esto es: desobediencia y malversación.

Además, también fue quien firmó la querella presentada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, y es quien defiende al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, imputado en el caso de Begoña Gómez.

Por otra parte, el fiscal Diego Lucas Álvarez, quien sustituyó a Julián Salto en la causa, ha cambiado de criterio radicalmente a lo largo del proceso, favoreciendo la dilatación del caso. Así, en enero de este año, registró un escrito ante la juez del Instrucción número 19 de Madrid, en el que el subordinado de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada en el Alto Tribunal, pidió citar de manera «urgente» a González Amador. En dicho documento se instó, también, a la ampliación del catálogo de delitos inicialmente abiertos –fraude tributario y falsedad documental, que fue descartada por la Abogacía del Estado desde el inicio– a otros dos: administración desleal y corrupción en los negocios.

Y ello, pese a que en un primer momento el fiscal Diego Lucas Álvarez descartó, hasta en dos ocasiones, apoyar las denuncias planteadas por el PSOE y Más Madrid, en el sentido de practicar pruebas para depurar las relaciones comerciales de González Amador con el Grupo hospitalario Quirón.

Así las cosas, cabe recordar que la magistrada que investiga el caso en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, se jubila el próximo verano y, según apuntan algunas fuentes, podría estar urdiendo una estrategia para tratar de seguir alargando un caso que el Gobierno de Sánchez ha convertido en su principal munición contra Díaz Ayuso.

Esta consistiría en que, después de que el fiscal Diego Lucas Álvarez haya informado a la defensa del empresario de que no piensa responder a los escritos de ninguna de las partes, –de la defensa solicitando el sobreseimiento y de la acusación popular (PSOE y Más Madrid) pidiendo nuevas diligencias– este decida finalmente solicitar nuevas diligencias, de tal manera que la magistrada dé el visto bueno justo antes de jubilarse y, de esta forma, el juez sustituto se vea obligado a seguir con el caso y practicar las nuevas diligencias que le deje su compañera, sin opción alguna al sobreseimiento y finalización de la causa los meses siguientes.