Nico Nicolli – Un bebé prematuro, nacido por subrogación de vientre, fue abandonado por la progenitora, presuntamente víctima de trata, en una clínica de la ciudad argentina de Córdoba. Según consta en la investigación judicial, el embarazo se había complicado, por lo que el pequeño llegó dos meses antes de la fecha estipulada. De la mujer francesa que aportó los óvulos y pagó el embarazo nada se sabe.

El parto, originalmente acordado con una obstetra contratada con antelación, se adelantó ocho semanas, por lo que la gestante debió dar a luz en noviembre pasado en Córdoba y no en la Ciudad de Buenos Aires como estaba previsto. El caso tomó notoriedad pública en las últimas semanas y devolvió a la agenda del país el debate ético, económico y jurídico por la subrogación de vientre, ya que hoy existe un vacío legal.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la subrogación es una opción terapéutica dentro de los tratamientos de reproducción asistida y permite que una persona, la gestante, lleve adelante un embarazo con el objetivo de que el niño nacido establezca vínculos de filiación con otra persona o pareja. Por el motivo que sea, ya sea alguna enfermedad, imposibilidad o simplemente decisión estética, otra familia se ve beneficiada.

El bebé nació de siete meses en el sanatorio Allende, ubicado en la capital cordobesa y cercano a la residencia de la embarazada al momento de tener el imprevisto de salud. Como estas mujeres suelen considerarse víctimas de trata de personas, no enfrentan responsabilidad penal. De allí que las medidas investigativas apuntan a la madre biológica, de nacionalidad francesa.

Al contratar a distancia a la gestante a través de una agencia especializada, la mujer nunca tocó suelo argentino por su hijo ni para saber el estado del embarazo en cuestión. Decidió no asumir la responsabilidad del niño al enterarse de que tenía problemas de salud, incumpliendo el contrato y evitando viajar al país, como si hubiera considerado al bebé un “producto fallado”.

Afortunadamente, el recién nacido logró recuperarse y se encuentra con controles médicos. Si bien la gestante lo visitó durante su internación e incluso intentó quedarse con él, no pudo hacerlo por razones confidenciales. El menor está bajo el cuidado de una familia con fines de adopción.

El caso no tiene imputados hasta el momento, y es el fiscal federal, Enrique Senestrari, quien pidió la incompetencia para que el caso sea remitido a Buenos Aires y quede a cargo de Alejandra Mángano. El único avance es la confiscación de un teléfono móvil y la computadora de una abogada vinculada a una agencia dedicada a la subrogación de vientre, además del dinero con el que la francesa abonó el “servicio” a la mujer argentina.

Subrogación de vientre: el vacío (o gris) normativo en Argentina y Chile

La también llamada “gestación solidaria” tomó fama mediática en la última década por los famosos vinculados a la práctica. En Argentina, el conductor Alejandro “Marley” Wiebe, histórica figura de los realities y shows de mayor éxito en Telefe, y la modelo y exreina del festival de Viña del Mar, Luciana Salazar, alquilaron un vientre para tener a sus hijos. Sin embargo, lo hicieron en Estados Unidos -ella, por ejemplo, reveló haber pagado 70 mil dólares- y no en su país, donde a pesar de que existe un vacío legal, se practican hasta 500 procedimientos al año.

Si bien la práctica no está prohibida ni está estipulada como delito, en Argentina tampoco existe una legislación explícita sobre la subrogación de vientre. Se encuadra bajo el amparo legal de que todo lo que no está prohibido está permitido. Y de seguir los principios de igualdad y reserva consagrados en los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional del país trasandino, se trata de un acto que queda en la esfera de la vida íntima de las personas y es factible de realizarse siempre que no afecten a terceros.

En Chile sucede (y se interpreta) de una manera similar. No existen hoy normas sobre la gestación por subrogación, ni siquiera sobre la reproducción asistida. El problema se da cuando el bebé nace, porque en Chile se considera como madre a quien realiza el acto de parir, en este caso, la “colaboradora” y no la biológica que aporta sus óvulos.

En enero pasado, el tema recuperó polémica a raíz de una bancada transversal de diputados que presentó una iniciativa legal para prohibir la práctica con sanciones tipificadas, previo a una modificación del Código Penal chileno.

Volviendo a Argentina, en su capital hay varias clínicas dedicadas a la subrogación de vientre, incluso con publicidad “amena” vía internet. Sólo en Buenos Aires, mientras rigió una medida cautelar desde 2017 y hasta 2024, cuando se revocó, los menores nacidos en un vientre subrogado podían ser inscritos a nombre de sus progenitores mediante la aprobación por notario de un consentimiento previo, libre e informado firmado por ellos y la gestante.

Pero desembocó en casos relacionados a la trata de personas y/o al llamado “turismo de fertilidad”. En concreto, 49 expedientes aún están abiertos a la espera de avances en la Justicia porteña.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo emitido el año pasado, determinó que los niños nacidos de vientre subrogado son hijos de la mujer que dio a luz y de quien quiso convertirse en padre o madre y prestó “su consentimiento previo, informado y libre” para ello, “con independencia de quién haya aportado los gametos”, como indica el artículo 562 del Código Civil y Comercial. Madre es quien da a luz.

Así fue que las agencias, hoy en la mira de quienes buscan algún tipo de regulación para la práctica, dejaron de ser atractivas para conectar a los extranjeros con gestantes argentinas, siendo el caso de Córdoba uno de los últimos escándalos en la materia.

Los requisitos para acceder a una subrogación de vientre son estrictos. Las gestantes deben tener plena capacidad civil, acreditaciones psíquicas y físicas conforme a los protocolos que establezca la autoridad, con controles y evaluaciones psicosociales previas, estudios médicos, obstétricos y genéticos. En tanto, los comitentes quedan con plena capacidad civil y acreditar la imposibilidad de llevar el embarazo a término.