ED.- Jessica Rodríguez, la mujer con la que el exministro José Luis Ábalos tuvo una «relación particular», según la Guardia Civil, ha declarado en el Tribunal Supremo como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, que investiga al exministro por favorecer, presuntamente, contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones, que no fue a trabajar a ninguna de las dos empresas en las que cobró un sueldo público y en las que fue enchufada gracias a Joseba García, el hermano de Koldo.

Se trata de INECO y Tragsatec, dos compañías públicas a las que pudo acceder gracias a sus lazos con el Ministerio, y en base a un dudoso proceso de contratación desvelado por El Debate, en el que se aseguraba que había sobresalido por encima de 900 aspirantes. Sin embargo, ninguna de las dos compañías ha querido desvelar el sueldo concreto que cobró en el periodo en el que formó parte de sus plantillas.

Koldo admitió ante el juez que se la contrató primero en una y luego en otra, porque pidió «un favor» a su hermano, que tenía relación con ambas compañías, algo que ha corroborado la propia Jessica en sede judicial, donde también ha asegurado que nunca pidió a Ábalos que la colocara en ningún puesto o cargo público. Pero, visiblemente «afectada», también ha reconocido que nunca trabajó «realmente» en ninguna de ellas.

Jessica fue ‘fichada’ por INECO, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, gracias a un contrato laboral de carácter temporal desde el 1 de marzo de 2019, hasta el 28 de febrero de 2021. Allí tendría que desempeñar labores de auxiliar administrativo, gracias a un encargo de Adif, concretamente, para la prestación del «servicio de asistencia técnica para apoyo técnico y a la gestión administrativa de Adif Alta Velocidad».

Según se explica en los documentos, la empresa asegura que recaló allí tras recurrir a la bolsa de empleo existente en la compañía e insiste en que fue seleccionada porque su perfil era «compatible con los requisitos exigidos en la vacante». Sin embargo, en sede judicial, ha afirmado que fue Joseba García quien le ayudó a entrar.

Además, INECO, en un nuevo documento al que ha accedido este periódico, firmado por su secretaria general, Amparo Monterrey, se ha negado a facilitar el montante total al que ascendió el salario cobrado por Jessica, alegando que «no cuenta con el consentimiento de la titular» y «debe imperar el interés individual en la protección de los derechos fundamentales del sujeto interesado».

Así, cuando se le acabó este contrato, en el sumario de la causa, consta un mensaje de WhatsApp de Ábalos a Koldo, enviado el 23 de febrero de 2021, avisándole de que se le iba a acabar el contrato con INECO. «Pensó que podría ayudar», expuso el ex asesor ministerial, apostillando que la gente le solía ayudar cuando intentaba conseguir trabajo para otras personas, por lo que en marzo de 2021, la joven firmó un nuevo contrato con TRAGSATEC.

Esta empresa pública de ingeniería que forma parte del grupo TRAGSA, que a su vez está incluido en el conglomerado empresarial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), contrató a la joven después de un supuesto proceso de selección al que se presentaron casi mil personas, según manifestó la empresa.

En concreto, Jessica fue la segunda mejor candidata del total de 929 personas que se presentaron a la oferta. «De ellas, 42 candidaturas cumplían los requisitos de la convocatoria (según las respuestas dadas en el cuestionario de inscripción), de los que finalmente 7 superaron la valoración técnica de la unidad organizativa y la prueba competencial».

Allí firmó un «contrato por circunstancias de la producción», lo que, según reconoció la compañía, permite realizar un ‘casting’ «más sencillo y rápido», aunque en la oferta consta que la relación laboral será «de 6 meses con posibilidades de ampliación o continuidad». Estas circunstancias de la producción se refieren, de nuevo, a la necesidad de cumplir con el encargo denominado «Servicio de Asistencia para el apoyo a la Gestión Presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF Alta Velocidad para el periodo 2019-2021», que recibió de otra de las empresas dependiente del Ministerio de Transportes, Adif.

Este proceso «se inicia el 22/12/2020» y Jessica consigue ser la segunda mejor de aquel proceso de selección en el que se tienen en cuenta «las respuestas dadas en el cuestionario de inscripción», además de «la valoración técnica de la unidad organizativa y la prueba competencial», en la que obtiene 7 puntos sobre 10, lo que le permite sumar un total de 52 puntos en todo el procedimiento.

Eso sí, aunque Tragsa insistió, entonces, en que no «consta recomendación alguna de la contratación de la persona interesada», este empleo le llegó a Jessica después de haber estado en INECO y ahora ha reconocido en sede judicial que ambos trabajos le llegaron por mediación del hermano de Koldo.

Sin embargo, Tragsatec tampoco aclara cuál fue su salario, sino que, a través de un escrito firmado el 23 de diciembre por la directora de Gabinete de la Presidencia, Patricia Tresgallo, explica que solicitó permiso a Jessica, a través de un burofax, para poder proporcionar a este periódico el salario que percibió. Sin embargo, no obtuvo respuesta, puesto que «fue devuelto indicándose que la destinataria es desconocida en esa dirección, no teniendo conocimiento de otra dirección en la que pueda ser notificada».

Por tanto, la empresa considera que debe prevalecer el «derecho a la protección de los datos personales» de la persona afectada, por lo que no es «posible comunicar la cifra concreta de las retribuciones económicas percibidas», aunque asegura que fue lo recogido en el convenio colectivo.

Además, aclara que Jessica «no ostentaba un puesto de confianza ni posición alguna en el proceso de toma de decisiones de TRAGSATEC, lo que determina que no sea posible comunicar la cifra concreta de las retribuciones económicas percibidas por Dª Jessica Rodríguez García durante el período de tiempo en que fue trabajadora de dicha entidad, ni el desglose de las mismas», pese a que según relató Koldo ante el juez, se la eligió por ser persona de «confianza» para llevar «el tema de Joseba». En este punto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que se necesitara a una persona de confianza para hacer tareas administrativas.

Pero este no habría sido el único beneficio que habría obtenido la joven, sino que, también se investiga el alquiler de un piso ubicado en la Plaza de España de Madrid, del que disfrutó durante aproximadamente dos años y que está bajo el escrutinio del juez porque podría tratarse de una ‘mordida’ que pagaba la trama corrupta liderada, presuntamente, por Víctor de Aldama, a cambio de contratos públicos.

La testigo ha confirmado al magistrado que fue Koldo el que medió para que entrase a vivir en la vivienda donde permaneció como inquilina entre los meses de marzo de 2019 y 2022, previo pago de una renta mensual de 2.700 euros que ella «no pagó». Además, ha sostenido que siempre que tuvo algún tema relacionado con el alquiler, se dirigió al propio Koldo o a Escolano, el empresario que, en último término habría asumido la renta y que figura en el sumario como investigado, al ser el supuesto testaferro de Aldama.

Por otra parte, se le ha preguntado por los viajes oficiales a los que acompañó a Ábalos, 16, según la UCO, y ha confirmado que acompañó a Ábalos en esos traslados porque era su novia, aunque ha matizado que viajaba en clase turista, no con él, y que sus gastos los pagaba Koldo, a quien luego le reembolsaba el entonces ministro.