El dirigente de la Plataforma per Catalunya (PxC) y alcaldable en Vilanova i la Geltrú, Gerard Bellalta, ha expresado hoy su «perplejidad más absoluta» ante las «amenazas» cursadas contra él por la Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña luego de sus denuncias en Alerta Digital acerca de la existencia de una casa de prostitución «repleta de ilegales» cerca de una comisaría de la localidad. La CEP insinuó en su nota la posible aplicación a Bellalta de un artículo del código penal por «apología del racismo», lo que a juicio del mandatario identitario «rebasa todos los límites tolerables».

-¿De qué forma valora las críticas vertidas contra usted por la CEP?

-Aún no salgo de mi asombro, no sólo por el contenido del comunicado, sino por el hecho de que unos funcionarios policiales arremetan de esa forma contra el representante de una formación política que cuenta con la adhesión de miles de catalanes, como tendremos ocasión de comprobar el domingo. La Policía no está para hacer pronunciamientos legales que competen sólo y exclusivamente a los jueces.

-Ellos eluden cualquier responsabilidad de la existencia de una casa de citas cerca de una comisaría de Policía ya que entienden, cosa lógica por otra parte, de que si existe ese establecimiento es porque alguna instancia pública le ha concedido la licencia de apertura preceptiva?

Y estoy absolutamente de acuerdo. Pero si leen mis declaraciones en AD con rigor y no con prejuicios partidarios, yo no les acuso de que existan casas de prostitución en Vilanova. Digo y reitero que dentro de esa casa de citas hay trabajando extranjeras que se hallan en nuestro país en situación irregular, y eso si compete a la Policía, concretamente a su sección de Extranjería. El razonamiento de la CEP es tan descabellado que estoy seguro que debe tratarse de un error por parte de quien redactó la nota. En Vilanova existen casas de citas y esa responsabilidad, en efecto, corresponde a quien permite la existencia de dichos establecimientos. Ahora bien, dentro hay mujeres extranjeras, algunas incluso que desconocen nuestro idioma, que se hallan en situación ilegal y que presumiblemente han sido inducidas a practicar la prostitución contra su voluntad. Y yo, sin ser jurista, digo que eso rebasa los límites de nuestro ordenamiento legal y que su esclarecimiento compete no sólo a la Policía, sin a la inspección de Trabajo y a los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Generalitat. Así de simple.

-¿Ha cambiado su opinión sobre el Cuerpo Nacional de Policía tras la nota de la CEP?

Para nada. La Policía Nacional, por suerte para todos, está por encima de lo que opinen los señores Rosales y Castro. Siempre he defendido que las fuerzas de seguridad del Estado son sobre todo garantes de las libertades de las personas, que ejercen una labor excepcional y admirable. Claro está que en cualquier colectivo hay siempre algún garbanzo negro que palidece el trabajo del resto. A los autores de la nota yo le aconsejaría que leyesen los anuncios de prostitución que publica el Diari de Vilanova. En ellos se ofrece sexo por 30 euros a cargo de señoritas extranjeras, en el caso que denuncié de raza asiática, que no hablan catalán ni castellano y que, por consiguiente, nos induce a pensar en la existencia de un supuesto delito.

-¿Teme que se le aplique el artículo 510 del código penal por sus declaraciones en AD?

Eso es una barbaridad. Fíjese usted la incongruencia de la nota enviada por la CEP. Se me amenaza veladamente por mi supuesta actitud racista cuando lo que defiendo precisamente es que se salvaguarden los derechos laborales y la dignidad humana de esas pobres mujeres que, debo suponer, han sido arrastradas a prostituirse en contra de sus deseos. De racista yo no tengo nada. Soy un catalán que se siente profundamente español y que trabaja para que Cataluña y España conserven su identidad cultural. Exactamente lo mismo que defiende el arzobispo de Barcelona cuando sostiene que nuestras raíces son las que son.

-Si en vez de llamarse Gerard Bellalta y militar en la PxC se hubiese llamado Carod Rovira y perteneciera a alguno de los partidos tradicionales, ¿cree que la CEP se habría pronunciado con la misma rotundidad?

No hay que ser un pitoniso para predecir que no. Si me llamase Carod Rovira no se habrían atrevido siquiera a mencionar mi nombre. Cuando los nacionalistas radicales arremeten con saña contra la identidad española de Cataluña, agrediendo a quienes comparten a partes iguales sus sentimientos catalanes y españoles, nunca leí que la Confederación Española de Policía se pronunciara al respecto. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso los prejuicios ideológicos prevalecen sobre la persecución de los supuestos delitos? Lamentablemente, con su nota pública, la CEP ha conseguido que mucha gente de la Plataforma per Catalunya haya cambiado su percepción sobre el Cuerpo Nacional de Policía. Afortunadamente, insisto, la Policía Nacional está por encima de lo que opinen esos dos funcionarios públicos que mencioné antes.

-¿Se cumplen las leyes en Cataluña?

Vaya usted y formule la misma pregunta a muchos vecinos de Vilanova o de cualquier pueblo de Cataluña que sufra un porcentaje alto de extranjeros ilegales. El peligro de Cataluña no se llama Gerard Bellalta. Me gustaría que esos celosos garantes de la ley adquiriesen el mismo compromiso a la hora de impedir que en decenas de mezquitas radicales se adoctrine a los fieles en el odio y en la intolerancia contra los no musulmanes. Desearía que la CEP se pronunciara contra el imán de Lleida con la misma rotundidad que lo han hecho conmigo. O que expliquen por qué en un supuesto Estado de Derecho los radicales pueden defender impunemente sus puntos de vista mientras que la Plataforma per Catalunya debe organizar sus actos electorales entre decenas de policías, para que los islamistas y los radicales no nos agredan.

No van a intimidarme ni a evitar que siga defendiendo la necesidad de que se apliquen las leyes contra cualquier extranjero que resida ilegalmente en el país, sin que por ello tenga que hacer un ejercicio de contrición democrática al gusto de esos señores. Yo no entiendo de leyes, pero sí de sentimientos ciudadanos. Estoy en política porque me debo a esos sentimientos y aspiro a construir una Cataluña mejor que la que tenemos. Quienes deberían hacer cumplir las leyes son otros que, sin embargo, prefieren atacarme a mí. Si creen que he incumplido alguna norma, entonces que acudan a los tribunales ordinarios, que para eso están. No voy a permitir que un funcionario público me dé lecciones de moral ni de legalidad aquí ni en ninguna otra parte de España. Yo cumplo con mi deber al denunciar lo que está ocurriendo en Cataluña. Otros tal vez no podrían decir lo mismo.