La cadena de atentados terroristas que se han sucedido esta semana en Bamako, capital de Malí, dejaron unos 70 militares asesinados y 200 heridos. El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama de Al Qaeda en la región africana del Sahel, zona de interés estratégico para España, se atribuyó el ataque a una base militar cercana al aeropuerto y el asalto de una academia de la gendarmería en Faladié, un barrio al otro lado del Níger, el caudaloso río que atraviesa la populosa ciudad de más de cuatro millones de habitantes.

Lejos de debilitarse, Al Qaeda ya está infiltrada en el corazón mismo de Malí. Un país asfixiado por el yihadismo desde finales de los noventa y que está dirigido desde mayo de 2021 por la junta militar golpista de Assimi Goita. El coronel que controla las Fuerzas Armadas (FAMA) no solo no ha cumplido con su promesa de dirigir una transición pacífica hasta la celebración de elecciones, sino que ha prohibido toda actividad política de partidos y asociaciones.

La alianza estratégica de Goita con Rusia y el ejército privado del Grupo Wagner -ahora llamado África Corps tras la muerte de su líder Yevgueni Prigozhin en un extraño accidente aéreo- no ha mejorado la seguridad. Al revés. Los golpes a la FAMA son cada vez más recurrentes, crecen las denuncias por vulnerar derechos humanos y el yihadismo avanza sin contención en el desértico norte. El remate son estos atentados mortales en Bamako, al sur del país, los peores desde 2015.

Entonces, hace nueve años, las misiones militares de Francia, Unión Europea -con España como principal contribuyente en defensa de sus intereses estratégicos en la región: rutas migratorias, terrorismo y suministros energéticos desde Argelia-, la Unión Africana y Naciones Unidas estaban plenamente operativas en Malí con un doble objetivo: revertir la creciente inseguridad y potenciar la instrucción del débil Ejército local para contener a los grupo criminales.

Las Fuerzas Armadas españolas contribuyeron entre 2013 y 2024 con el envío de 8.675 militares para luchar contra el terrorismo y adiestrar a cerca de 20.000 integrantes de la FAMA. Una factura que, según los datos recopilados por este periódico a partir de información del Ministerio de Defensa, ascendió a más de 850 millones de euros.

Una media de 80 millones al año para el despliegue y asistencia de la fuerza en el cuartel general de Bamako, el centro de entrenamiento de Koulikoro y otras bases. Durante estos once años fue la operación terrestre más costosa para las arcas públicas solo por detrás de Afganistán -se gastaron 3.500 millones en 19 años- y Líbano, activa desde 2006.

Sin soluciones

A pesar de todo este esfuerzo, hoy se puede decir sin ambages que el cometido de estas misiones internacionales no se cumplió por la inestabilidad política en Malí, ya resumida. Tampoco funcionó la receta de ‘buscar soluciones africanas para problemas africanos’, esto es, dotar de las condiciones básicas de seguridad, gobernanza y desarrollo para la población civil. Una ceremonia sin pompa celebrada en mayo pasado en el cuartel de la UE en Bamako, con la presencia de la cúpula militar maliense, fue el broche a la presencia occidental.

Malí quedó así a la suerte de un coronel golpista y su aliado ruso. Y la sensación en los despachos de Bruselas es que se había consumado otro sonoro fiasco tras la caída de Afganistán en manos de los talibanes y la abrupta salida en agosto de 2021.

En este escenario, el Gobierno español se mantuvo expectante sobre el futuro de la misión hasta el último momento. Confiaban en que la UE encontrara otra salida que no fuera la retirada total y los esfuerzos militares realizados y la factura económica pagada no quedaran en balde. Pero el tira y afloja desde hacía tres años, cuando la junta golpista maliense anunció que negociaba con Wagner, llevó a confirmar el cierre de EUTM-Malí.

De forma previa, Francia puso fin a su operación de combate tras ocho años y el repliegue de 5.000 efectivos. “Existe un sentimiento generalizado de que perdemos el hilo del motivo por el que estamos ahí”, justificó entonces el presidente Macron.

El punto de no retorno para España fue en mayo de 2023. Tras diez años adiestrando y asesorando a militares en Koulikoro, el Ejército de Tierra abandonó la base empujado por la suspensión de la UE. Entonces, en un guiño a su intención de continuar, el mando de operaciones español firmó un acta con la FAMA para ceder parte del material instalado en la base. La donación consistió en cuatro infraestructuras de vida militar y un equipamiento sanitario. No se entregaron “ni antenas, ni vehículos ni elementos de protección”, según ha conocido este periódico a través del Portal de la Transparencia. De poco sirvió este gesto altruista, ya que un año después finalizó la misión para revés de los intereses españoles.