Yarisley Urrutia.- La UE anuncia un «escudo europeo» contra la desinformación, Pedro Sánchez presenta un plan para «reforzar la libertad de expresión» y un informe de la inteligencia militar española identifica un supuesto «ecosistema de desinformación ruso» con 279 emisores. Los analistas consultados ven intención de prohibir voces contrarias a las tesis de la OTAN.

Con el objetivo de enfrentar amenazas híbridas, ciberataques, discursos de odio y campañas de desinformación, la Comisión Europea ha pergeñado un proyecto dentro del Plan de Acción para la Democracia para combatir injerencias extranjeras en la producción de información.

Se trata de un «escudo europeo para la democracia», tal y como lo describió Ursula von der Leyen durante el discurso de su reelección por otros cinco años al frente de la Comisión Europea. Para proteger «la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación», este organismo ha pedido a los Estados miembros la asunción de las correspondientes medidas a nivel nacional. El objetivo es luchar «contra la desinformación» mediante una red europea de agencias de verificación de noticias.

En realidad, el proyecto busca reforzar la línea de acción de la unidad de comunicación estratégica adscrita desde 2014 al Servicio de Acción Exterior de la UE. Esta unidad es la encargada de detectar narrativas que, a su juicio, se consideren inapropiadas y de solicitar su eliminación en virtud del reglamento de Servicios Digitales de la UE. La decisión ulterior corresponde a los países miembros.

En España, el anuncio de Von der Leyen coincidió con el debate en sede parlamentaria de cómo frenar la desinformación que enturbia la política nacional. Por ejemplo, la que se vierte en determinados tabloides digitales que, además, reciben subvenciones públicas.

Tras el amago de renuncia de Pedro Sánchez y el cerco mediático en torno a su esposa so pretexto de su supuesta implicación en casos de corrupción, el tema es candente a nivel doméstico.

Al socaire de este contexto, el presidente español esbozó las líneas maestras del Plan de Acción por la Democracia, bajo cuya égida se abordarán cambios en los ámbitos del poder ejecutivo y los medios de comunicación, así como reformas en la legislación para «reforzar la libertad de expresión» y garantizar el derecho a la «información veraz» que consagra el artículo 20 de la Constitución Española.

«No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Esa labor le corresponde al ciudadano –afirmó Pedro Sánchez en el Parlamento–, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa».

Las palabras de Sánchez entrañan la contradicción, pues se asume el compromiso de dar forma en España a un plan europeo que precisamente «reparte carnets de fiabilidad» entre los medios y dicta los que son correctos y los que cabe censurar. Es decir, se atenta en realidad contra el propio artículo 20 de la Constitución, que en realidad consigna que el ejercicio de ese y otros derechos «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».

El informe de la inteligencia militar

También con ocasión de los anuncios en Bruselas y en Madrid del plan para luchar contra la desinformación, una fuente militar de El Periódico, presumiblemente la misma que filtró a este diario que militares ucranianos espían en España a ciudadanos españoles, reveló la existencia de un informe del Ejército español que analiza el funcionamiento de un supuesto «ecosistema de desinformación de Rusia en España».

Los analistas de inteligencia militar estudiaron los focos emisores de «argumentarios, declaraciones y bulos» entre febrero y agosto de 2022 y constataron la existencia de 18 «narrativas rusas» distribuidas a través de «cuatro pilares». A saber:

– Las representaciones diplomáticas rusas en España;

– plataformas creadas en Rusia o financiadas por el Kremlin;

– plataformas creadas por ciudadanos españoles o por ciudadanos rusos residentes en España (cámaras de comercio, fundaciones, centros de formación);

– «agentes de influencia» en diversos medios de comunicación (líderes de opinión, tertulianos o intelectuales) «que no necesariamente han de ser conscientes de que transmiten narrativas rusas».

En el informe, los militares españoles someten a análisis, por ejemplo, la narrativa sobre los laboratorios ucranianos de armas biológicas, que califican de falaz. También detectaron mensajes sobre la necesidad de iniciar unas negociaciones de paz en Ucrania o sobre la rusofobia en Occidente. Se señala la existencia de 279 focos emisores de «información prorrusa» y de 191 «agentes de influencia». Muchas de estas personas tendrían «relevancia pública» y la capacidad de «multiplicar la desinformación», ya sean conscientes o no.

La investigación pone nombre y apellidos a la actividad de las narrativas estudiadas, como Pedro Mouriño, empresario y cónsul honorario de Rusia en Galicia, la corresponsal en EEUU de RT, Helena Villar, o el director del portal de análisis Geoestrategia.es y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan A. Aguilar. En conversación con Sputnik, el propio Aguilar califica de «grave» el hecho de que las Fuerzas Armadas estén espiando a ciudadanos españoles.

«¿Basándose en qué? ¿Por asuntos que son internacionales y que no nos afectan directamente? Es una orden de la OTAN que se envía a Bruselas y de ahí a los Ministerios de Defensa de cada país. Esto solo puede venir de un sitio: del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN», declara Aguilar.

Este analista sostiene que el ente castrense que ha elaborado el informe es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), un aparato que, a su juicio, se habrá limitado a seguir las instrucciones que le llegan de la OTAN y que no necesariamente habrá incurrido en un conflicto de intereses con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de Presidencia de Gobierno y no del Estado Mayor de la Defensa.

«El CIFAS no tiene mucho personal, pero se alimenta de las segundas secciones de Estado Mayor de todas las unidades», explica. Y esas segundas secciones no son especialistas en inteligencia militar, a menos que operen en alguna misión internacional. «Informan de lo que ocurre dentro de su acuartelamiento y de su unidad militar, nada más».

«Habrán recibido la orden de preparar algún informe y han ido rellenando con lo que han encontrado. Han hecho una búsqueda en Google, es la realidad. Han llegado a 279 emisores de información y si les dejan un poco más llegan a 350, seguro», afirma en tono irónico.

Acallar la disensión

El informe alude negativamente a la actividad profesional de medios como las agencias Xinhua y Sputnik, y los canales RT e HispanTV. Tilda de «intoxicación» los contenidos publicados en redes sociales.

Da la impresión de que el informe evidencia la tendencia en la UE de perseguir opiniones y enfoques editoriales que no atiendan al discurso narrativo de la OTAN. En este sentido, el procedimiento de calificar de agentes extranjeros a las voces discordantes es propio de las «dictaduras más clásicas» y, acaso, un signo totalitario, explica a Sputnik el periodista e investigador de medios de comunicación Pascual Serrano, que ve un deseo de «criminalizar» la opinión disidente.

«Se pretende perseguir y prohibir a quienes no comparten las tesis militares de la OTAN. Ya lo han hecho con los medios rusos, su objetivo es seguir prohibiendo y persiguiendo todo y a todos los que molesten», asegura.

El informe del CIFAS también da cuenta de actos públicos como reuniones o conferencias en tanto que lugares para «convencer o reclutar» a personas influyentes en interés de las posiciones del Kremlin. E incluso señala a dirigentes de la Iglesia Ortodoxa en España por, supuestamente, «difundir consignas sobre la actitud a adoptar los ciudadanos rusos en el país si son preguntados sobre el conflicto en Ucrania».

Despropósito y chapuza

Los resultados filtrados del informe, una especie de designación práctica de los objetivos marcados por el Plan de Acción para la Democracia de la UE y que Pedro Sánchez replicará en España, no solo suponen un principio de contradicción con el artículo 20 de la Constitución Española sobre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. También contradicen los postulados en este sentido de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Una contraproducente lógica de mentalidad política de bloques parece gobernar el diseño del plan de la UE, que obvia que los argumentos para señalar medios y voces discordantes con el relato euroatlántico tiene un efecto boomerang, dado que entraña una lógica simétrica.

«Porque yo podría decir que Televisión Española es una plataforma con origen en España o financiada por La Moncloa, quienes no comparten la tesis de los BRICS son agentes de influencia de la OTAN y que los diplomáticos españoles son agentes que adoptan narrativas para crear mensajes difundidos por La Moncloa. ¿A qué suena ridículo?», argumenta Pascual Serrano.

Por otra parte, las conclusiones del informe del CIFAS son «torpes» y el trabajo está realizado con poco esmero, recuerda Juan A. Aguilar. «Es una chapuza. Citan el caso de los biolaboratorios como si fuera una invención de Sputnik, cuando la propia Victoria Nuland reconoció su existencia durante una sesión en la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU», afirma.

Con la OTAN sí o sí

La situación es inédita. Los análisis y proyectos políticos descritos chocan con posiciones legítimas e históricas dentro de la UE y de la propia España, donde las posiciones antimilitaristas siempre fueron importantes aun cuando el país está adherido a la OTAN desde 1981, una membresía ratificada en referéndum en 1986 mediante un resultado ajustado.

De hecho, tal membresía se ratificó con tres condiciones: la progresiva reducción de bases militares de EEUU en España, la no inclusión del país en la estructura militar integrada de la alianza y la prohibición de instalar o almacenar armamento nuclear en el territorio. Las dos primeras condiciones se han incumplido flagrantemente; España se integró en la estructura militar y aparecieron más bases de EEUU y la OTAN con más armamentos.

Recordar tales incumplimientos, abogar por conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania o criticar los proyectos de la Comisión Europea de crear una nueva comisaría de Defensa, un mercado único de defensa dentro de una Unión Europea de la Defensa y, ahora, el «escudo europeo» contra la «desinformación», otorga la condición de «agente de influencia extranjero», a juicio de los funcionarios de Bruselas. ¿Siguen confeccionándose listas negras en España como en 2016?

Al respecto, Juan A. Aguilar recuerda que el medio que dirige ya fue incluido «hace unos años» en el informe Elisa del CNI y del Centro Criptológico Nacional (CCN) sobre «narrativas desinformativas». «No hemos sentido especial presión, y eso que solicitamos por burofax al CNI que nos retiraran de ese informe», cuenta Aguilar, convencido de que, pese a las apariencias, el CNI no lo hizo.

En su opinión, no hace falta hacer informes para detectar los diversos enfoques, sino para señalarlos.
«Conocen perfectamente desde hace 11 años la línea editorial de nuestra publicación. Es tan evidente que no hace falta investigar nada», concluye, indignado por la asunción en los distintos escalafones del poder de que quien defienda puntos de vista diferentes a los pregonados por la OTAN y la Comisión Europea es necesariamente un «agente al servicio de los intereses de Moscú o Pekín».