Dos cayucos que han llegado a El Hierro

El debate por el reparto de los más de 6.000 menores no acompañados que colapsan los centros de acogida de Canarias -“más los que seguirán llegando”, puntualiza su ejecutivo regional- y la reforma de la Ley de Extranjería se han convertido en los últimos días en el enésimo pulso enconado entre el Gobierno y el Partido Popular en la legislatura. Moncloa ya empieza a asumir que le será imposible sacar adelante ambas medidas sin el apoyo de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, una vez que ya da por hecho que Junts votará ‘no’.

La cuestión se dirimirá este miércoles, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebra en Tenerife. El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas (todas han confirmado su asistencia, presencial o telemáticamente) acojan a niños migrantes no acompañados de forma “solidaria y vinculante” con los territorios de llegada.

El ministo de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que su intención es llevarla “sí o sí” al Congreso a finales de julio, aunque aún no han decidido si lo harán en forma de Decreto Ley o Proposición de Ley -fuentes del Gobierno reconocen que hacerlo por la primera vía comporta un problema jurídico ya que hay cuestiones de competencias autonómicas que no te permite el decreto y recuerdan que, con la segunda, valdría con que el PP se abstuviera-. “La presión es grande y esto es urgente. Solo se puede responder con una modificación de la ley. Pedimos al PP un pacto de Estado para una respuesta que debe pasar por la solidaridad y la modificación legislativa”, afirmó tajante, antes de afirmar que no le cabe “en la cabeza” que los populares, a los que ha pedido “romper con Vox”, no apoyen la medida.

Respecto a las críticas del Gobierno vasco sobre las diferencies de “esfuerzo” entre las distintas comunidades -aseguran acoger actualmente a 723 menores y señalan a La Rioja por acoger solo a 9-, en Moncloa reconocen que las regiones que históricamente han hecho más esfuerzo han sido País Vasco y Cataluña, aunque advierten de que la petición de Junts de dejar fuera del reparto a Cataluña “no es aceptable”.

Fondo de contingencia

El PP, por su parte, volvió a dejar claro su postura a favor acoger esos menores migrantes. Pero a cambio de “condiciones”, lo que pasa por la creación de un fondo de contingencia extraordinario para poder sufragarlo. “Las comunidades pueden acoger menores hasta el límite de su capacidad. Si no, sería inhumano, y las consecuencias tienen que ver con la inseguridad”, apuntó Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del partido.

El dirigente vasco de los populares -que exigen un pacto público y por escrito en el que “participen todas las comunidades”- aprovechó para recrudecer su discurso contra el Gobierno al acusarle de “tratar a los menores como paquetería exprés” y “de manera inhumana”.

Por ello, y por mucho que desde la dirección nacional del PP hagan hincapié en que su posición obedece a criterios de “solidaridad” y “responsabilidad”, los populares decidieron enviar una carta -firmada por Dolors Montserrat, la líder de la delegación de la formación en Bruselas- denunciando la “inacción” en este frente del Gobierno de Pedro Sánchez, quien -según Sémper- no tiene “política migratoria”.

“Le exigimos al Gobierno de España que abandone el cinismo y la imposición. Que acuerde, y no imponga, un sistema de reparto acorde con las capacidades máximas que tienen las comunidades autónomas”, detalló Sémper antes de responder también al ultimátum lanzado por Vox, que no da marcha atrás en su amenaza de abandonar los gobiernos autónomicos que comparte con el PP en el caso de que se acepte el reparto de estos menores.

Sémper respondió a la derecha radical que “los chantajes no funcionan con Feijóo” y que “un problema tan complejo sólo se puede afrontar desde la seriedad y desde el rigor”. En su opinión, además, los españoles no comparten la postura de los de Santiago Abascal en este asunto. Pepa Millán, portavoz parlamentaria de los voxistas, volvía a incidir ayer desde el Congreso en ese órdago señalando que los acuerdos de gobierno firmados en las comunidades “no son una broma ni un cheque en blanco”.