Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la causa por supuestos tráfico de influencia y corrupción en los negocios y alega «que no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal» de la que estima está siendo objeto.

Así lo solicita su abogado Antonio Camacho en un recurso que ha presentado contra el auto dictado el pasado día 2 por el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, encargado de este procedimiento abierto a raíz de una denuncia del colectivo Manos Limpias.

Excluidos actos financiados con fondos europeos

El juez señaló en dicho auto que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial».

El magistrado añadía que quedaban excluidos de su investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.

El rector de la Complutense dice que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa antes de empezar el máster
Begoña Gómez sale en coche del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras suspenderse su comparecencia.

A juicio de Antonio Camacho la parte dispositiva del auto recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una «investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático».

Mantiene que el auto «no despeja cuáles son los hechos que son investigados en el presente procedimiento que afectan» a Begoña Gómez por lo que estima que «es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución».

Recuerda que la Audiencia señaló en un auto en mayo que «en la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos; otro, sobre al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la denunciada es una conjetura, y un último referido a las ayudas a la UTE» referida «en el que sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación».

Y añade que en junio el juez se inhibió en favor de la Fiscalía Europea con relación a los hechos relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por Red.es a la UTE, «los únicos respecto a los que la Audiencia estimó que existía una base probatoria suficiente para investigarlos».

Recuerda que a pesar de la inexistencia de nuevos indicios el juez ha tomado declaración como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en relación con el máster que Begoña Gómez codirigía en esta institución académica y ha acordado diligencias como pedir a la SEPI la remisión del expediente de las ayudas otorgadas por el Consejo de Ministros a Air Europa.

A juicio de la defensa de Begoña Gómez estas diligencias ponen de manifiesto que «el instructor pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia».

E insiste en que ha pedido «en numerosas ocasiones» al juez que aclare cuál es el objeto de investigación en aras a la protección del derecho de defensa.