La agencia estatal británica responsable de las prisiones, y de los procedimientos de cumplimiento de penas y reinserción social, ha informado hace menos de un mes a los gobernadores de los establecimientos carcelarios de la posibilidad de que en la segunda o tercera semana de julio no haya capacidad para acoger más presos en Inglaterra y Gales.

El presidente de la asociación de gobernadores de cárceles, Tom Wheatley, ha afirmado al diario The Guardian que son conscientes de que esa situación crítica se dará con un nuevo Gobierno, que tomaría posesión el 5 de julio. Advertía también de que si el nuevo Ejecutivo les pidiese que aún así albergasen más presos, le demandarían ante la Justicia por causar riesgos a sus representados.

Las campañas electorales ofrecen anuncios y debates sobre una gran variedad de cuestiones y otras pasan desapercibidas. El peligroso abarrotamiento en las prisiones y las largas listas de espera para que sean analizados los pleitos en los tribunales no están teniendo el protagonismo que provocaba recientemente este asunto, en un Reino Unido en el que es habitual oír con sarcasmo que nada funciona.

El primer ministro, Rishi Sunak, y el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, mantuvieron un duelo sobre la gestión de las prisiones y sus consecuencias días antes de la convocatoria de las elecciones. Respondían a la publicación en The Times de un artículo que daba cuenta de la recomendación del ente que coordina a los jefes regionales de la Policía de aplazar arrestos no prioritarios y operaciones que puedan desembocar en muchas detenciones.

Siguiendo la iniciativa original del exprimer ministro Boris Johnson, sucesivos ejecutivos han prometido desde 2019 la construcción de más prisiones en Inglaterra y Gales, con el objetivo de crear 20.000 nuevas plazas. Pero la realidad es que se ha creado espacio para menos de 7.000.

Starmer acusó a Sunak de dirigir un Gobierno incompetente y también lo calificaba así el comentario editorial de ‘The Times’. Reprochaban el incumplimiento de la promesa de construir el espacio necesario y la subrepticia puesta en libertad de presos que habrían sido condenados por violencia doméstica o por ser peligrosos para los menores.

Incoherencias

Si no se equivocan las encuestas, el abogado sir Keir Starmer, que dirigió la Fiscalía del Estado, tendría que ocuparse del asunto, con el posible respaldo de la responsable de Justicia en la primera fila de la oposición laborista, Shabana Mahmood. Han publicado un programa electoral en el que prometen la reforma de la Justicia y dar prioridad a las necesidades de las víctimas.

Los datos a mediados de junio reflejan que hay 88.815 plazas en los centros disponibles y una población de 87.347 presa. El actual Gobierno estima que al final de 2024, serán 93.200 presos. Inglaterra y Gales suman el mayor coeficiente de población reclusa en Europa (144 por cada 100.000 habitantes), según las cifras del Ministerio de Justicia filtradas por la oenegé, Prison Reform Trust.

La misma organización señala que en los últimos 30 años ha aumentado un 80% la población reclusa y en un 25% la duración de las sentencias. Sólo el 7% de los británicos cree que meter a más delincuentes en cárceles reduce los crímenes, pero el 56% considera que las sentencias son demasiado cortas. No parece que satisfacer a las víctimas o a la mayoría de la población ayude a resolver el problema de las prisiones.

En el mandato de Rishi Sunak se ha promovido el mantenimiento de detenidos en comisarías de Policía, se han puesto en libertad a presos 18 días antes de que cumplieran la sentencia. Se ha extendido esa medida a 70 días. El ministro de Justicia, Alex Chalk, optó por la eliminación de las sentencias menores de un año, pero la disolución del Parlamento ha parado la iniciativa. En algún momento se dijo también que Sunak buscaba países para enviar al excedente de presos.

El Centro para la Innovación de la Justicia ha propuesto que se reduzca el tiempo de cumplimiento de las sentencias a un 40%, cambiando el actual 50%, y la eliminación de sentencias de duración indeterminada. El nuevo Gobierno se encontrará con una Policía que registra bajos porcentajes en la resolución de delitos, una justicia con listas de espera tras la pandemia y las prisiones desbordadas.