La mutilación de los genitales femeninos, ritual practicado en 26 países musulmanes de África y Asia que suele concretarse en la ablación del clítoris y el entorno de la vagina, es objeto de intensa persecución en las zonas de Cataluña que concentran a población procedente de lugares en los que dicha agresión es una tradición. Los pediatras de los municipios de Gerona que aglutinan más inmigración encabezan en Cataluña las intervenciones contra la ablación, unas acciones que, cuando chocan con la reticencia de los padres implicados, son reforzadas por los Mossos d’Esquadra. En el 2009, pediatras y Mossos impidieron o disuadieron la mutilación genital de más de 200 niñas musulmanas, según fuentes de Salut.

«No consta que en Cataluña se hayan practicado ablaciones», asegura Tona Lizana, responsable del Pla Director d’Inmigració en la Generalitat. Coincide con ella la pediatra Imma Sau, con plaza en Olot (Garrotxa), especialista con amplia experiencia en disuadir a las familias de posibles ablaciones. Por el consultorio de Sau han pasado casi un centenar de padres cuyas hijas estaban en riesgo de ser mutiladas. Sau es artífice de la formación que han recibido todos los pediatras de Girona sobre amputaciones genitales.

«Si la niña ha nacido en España, su mutilación está prohibida tanto aquí como en el país del que es originaria su familia –asegura Sau–. Si se mutila a la pequeña durante un viaje al lugar donde nacieron sus progenitores, cuando regresen el padre irá a la cárcel». Esas niñas, al igual que el resto de la población infantil, deben pasar revisiones pediátricas periódicas, prosigue Sau. «Los pediatras conocen los signos físicos y psíquicos que denotan que ha ocurrido una ablación, y están obligados a denunciarla ante el juez –dice–. Si no lo hacen, cuando se descubra el médico irá también a la cárcel». Esto no ha ocurrido nunca en Cataluña, pero podría suceder si alguna de las niñas mutiladas denunciara su situación al llegar a la edad adulta.

Cuando un médico sospecha que existe riesgo de ablación –porque la familia pertenece a una etnia proclive a dicha agresión–, su obligación es citar al padre de la niña. En la consulta, se le explica en qué consiste una mutilación genital. «La mayoría no sabe qué es», asegura Sau. Se les detallan los riesgos físicos –infecciones, hemorragias–, psíquicos y emocionales que el acto supondrá para su hija y, con frecuencia, los padres confiesan que no sabían nada de eso. «Entienden que no han de hacerlo y, a veces, incluso telefonean a África para explicar a sus familias lo que acaban de saber», dice la pediatra.

Sin pasaporte

Antes de viajar, no obstante, la familia debe firmar un documento en el que se compromete a no mutilar a su hija. Cuando la reacción del padre no es positiva, el pediatra debe avisar a un juez, y este suele retirar el pasaporte a la niña en riesgo de ablación.

Las madres de esas pequeñas son contrarias a la mutilación de sus hijas, aseguran los médicos. «Ellas no creen en las razones de pureza e higiene que defiende la tradición –explica Sau–. El problema es que muchas de esas mujeres han sido mutiladas y desconocen cómo deberían ser sus propios genitales. No pueden comparar». Quieren evitar que sus hijas sufran lo que ellas pasaron.