A pesar de que el presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos tiene un “arsenal de democracia” —en referencia a los supuestos beneficios de su política belicista—, lo cierto es que el país norteamericano no ha podido suministrar a Kiev las armas que dice necesitar, apunta la revista ‘Foreign Affairs’.

De acuerdo con un análisis publicado por el medio, “la escasez de producción, la inadecuada mano de obra y las interrupciones en las cadenas de suministro” han obstaculizado la capacidad de Estados Unidos para suministrar armas a Ucrania y mejorar las capacidades de defensa del país europeo.

“La creciente privatización durante la Guerra Fría, junto con la disminución de la inversión federal y de la supervisión de los contratos de defensa desde la década de 1960, contribuyeron a la ineficacia, el despilfarro y la falta de priorización que están complicando la ayuda estadounidense a Ucrania en la actualidad”, señala el historiador Michael Brenes en el artículo.

Como resultado de esta política, “la industria ha estado poco preparada para responder a la crisis de Ucrania y desvinculada de las necesidades más amplias de seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Aunque las reformas son posibles, no hay soluciones rápidas para estas heridas autoinfligidas”.

De acuerdo con el análisis, durante la Segunda Guerra Mundial, Washington poseía casi el 90% de la capacidad productiva de aviones, barcos y armas y municiones. Ahora, los artículos comerciales han supuesto más del 88% de las nuevas adjudicaciones de contratos desde 2011, y el capital privado invierte más de 6.000 millones de dólares al año en la industria de defensa.

Según Brenes, los contratistas de defensa han apostado por artículos de gran costo frente a las compras de municiones o artículos más baratos. “Por ejemplo, se calcula que el programa F-35 Joint Strike Fighter costará 1,6 billones de dólares de principio a fin. La producción de piezas pequeñas, como motores de cohetes, rodamientos de bolas, tubos, carcasas de acero y otros materiales esenciales para los ucranianos, no es tan rentable y, hasta hace poco, tenía menos importancia tanto para el Gobierno estadounidense como para los contratistas de defensa”, afirma el articulista.

A pesar de ello, la industria sigue persiguiendo la inversión en aviones y misiles avanzados de alto costo, como el bombardero furtivo B-21 y el misil balístico intercontinental Sentinel LGM-35, aunque este tipo de programas conlleven previsiblemente retrasos generalizados y sobrecostos, que los contribuyentes estadounidenses tienen que sufragar, afirma Brenes.

“Esta historia de 70 años de consolidación, privatización, subcontratación, recortes de empleo, inacción federal y búsqueda de mayores beneficios ha creado una tormenta perfecta que ahora dificulta la asistencia en materia de seguridad a Ucrania y, potencialmente, a futuros conflictos”, agrega.

Según el análisis, Estados Unidos no dispone de la mano de obra necesaria para producir el número de misiles Javelin solicitados por Ucrania, incluso después de que este país consumiera en los seis primeros meses del conflicto un supuesto suministro de dichos misiles para cinco años. También consumió lo que se suponía que era un suministro de seis años de misiles Stinger en solo 10 meses.

Y es que resulta que una de las pocas fábricas propiedad del Gobierno estadounidense y operada por contratistas que producían la pólvora negra necesaria para los proyectiles de artillería explotó en 2021 y nunca fue reconstruida porque no podía generar suficientes beneficios.

“Estados Unidos no puede ser un arsenal de democracia para Ucrania, ni para ningún país, si no alinea mejor sus políticas internas y externas de manera que mejoren las vidas de los ciudadanos estadounidenses. Para servir mejor a Ucrania, Estados Unidos debe invertir más en el futuro de los estadounidenses, no solo en sus propias capacidades de defensa”, concluye el texto.