Nàquera, un municipio valenciano de la comarca del Camp de Túria (Valencia) de apenas 7.728 habitantes, es uno de los principales feudos de Vox en España, con el 29% de los votos. El pacto alcanzado para gobernar con el apoyo del PP incluye la retirada de la bandera LGTBI de los edificios públicos y el veto del término violencia machistas en las concentraciones institucionales. La primera medida propuesta por el alcalde del partido verde, Iván Expósito, ha sido subirse el sueldo y asfixiar financieramente a la oposición, compuesta por el PSPV-PSOE, Compromís y la Unión Popular de Nàquera (UPdN).

Mientras que el anterior alcalde, Damián Ibáñez, cobraba un salario anual de 31.999 euros, Expósito pretende disparar su sueldo hasta los 45.000 euros anuales. Tres tenientes de alcalde (Juan Silla, de Vox, y Vicente Estellés y Rafael Clausí, del PP) completan el nuevo equipo de Gobierno municipal, además del popular Alejandro Ricart y los ultras Marta Izquierdo y Marisa Furió como ediles. La propuesta de la alcaldía adjudica al primer edil y al primer teniente de alcalde la dedicación exclusiva mientras que el resto de concejales ostentarán la dedicación parcial de entre el 60 y el 75% de la jornada.

En total, según el régimen de retribuciones propuesto para aprobar en el pleno de este viernes, el equipo de Gobierno ha fijado un gasto en sueldos de 243.250 euros anuales. El nuevo gobierno municipal ha creado áreas encargadas de “familia” y “vida”, “tradiciones y festejos taurinos” o “caza”, todas en manos de Vox.

Por otra parte, Expósito ha dejado a los seis ediles de la oposición sin dietas por asistencia a plenos y a comisiones informativas, según fuentes municipales. La medida supone en la práctica ahogar financieramente a los concejales del PSPV-PSOE, Compromís y UPdN.

El lastre de las indemnizaciones urbanísticas

Además de la “plena independencia en las cuestiones de índole ideológica”, el acuerdo de Gobierno entre Vox y el PP incluye el “recorte del gasto político socialmente improductivo”. El municipio, caracterizado por una población alejada del casco histórico residente en urbanizaciones donde ha arrasado el voto a la formación de Abascal, arrastra una importante deuda en materia de pago de indemnizaciones tras los proyectos urbanísticos fallidos impulsados por el PP hasta el 2011.

Sólo las indemnizaciones por el programa de actuación urbanística (PAI) del sector R-8 Els Plans han supuesto un agujero de 24 millones de euros a asumir entre el consistorio y la Generalitat Valenciana. De la indemnización, dos millones de euros corresponden al antiguo aparejador municipal y socio del principal contratista.