La crisis de Irlanda ha reavivado las alarmas. Como fichas de dominó, bajo la presión de los mercados y los inversores especulativos pueden caer, después de Grecia, otros países periféricos, y España no está a salvo. Ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Economía, Elena Salgado, olvidan la pesadilla del 9 de mayo pasado, cuando tuvieron que decidir casi sobre la marcha un drástico programa de ajuste para evitar que el riesgo país escalara a cotas que hicieran imposible financiar la deuda.

Para apaciguar a los mercados, José Luis Rodríguez Zapatero acaba de relanzar su programa de reformas. Muchas medidas son de consumo interno: créditos ICO a la innovación, libertad de amortización para las empresas, atención personalizada a los escolares. Pero los analistas saben que la marcha de unas pocas de esas propuestas les va a servir para pulsar la voluntad reformadora del Ejecutivo. Entre ellas hay iniciativas en las que los miembros del Gabinete han incurrido en contradicciones.

Cajas que son bancos

Las reformas de este sector han sido las únicas que han salido adelante con acuerdo entre el Gobierno y el PP. Tras superar con nota la fase más aguda de la crisis financiera -que se llevó por delante a decenas de grandes bancos de otros países-, la recesión y la indigestión del inmobiliario sacaron a la luz las debilidades de las entidades españolas. El ‘colchón’ de provisiones constituido en épocas de bonanza se agota y la morosidad sigue creciendo pese a los bajos tipos de interés. Las cajas de ahorro, que ya pueden incorporar capital privado, necesitan ganar tamaño y solvencia. Para ello han emprendido una carrera de fusiones y muchas van a colocar un banco en la cúpula. El Banco de España ha dado un ultimátum para acelerar el proceso: los consejos y los equipos de dirección de estos bancos se han de dar a conocer antes de que acabe el año. Las ayudas del FROB y el efecto de las fusiones arreglarán balances y cuentas de los años 2010 y 2011. La prueba de fuego llegará en 2012, si la salida de la crisis es tan lenta como se pronostica, cuando, en un sector ferozmente competitivo, tengan que devolver el dinero prestado.

Acuerdos sobre energía

Una subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados, por la que han desfilado decenas de personas relacionadas con el sector, acaba de pactar un documento bastante genérico con el voto en contra de IU y la abstención del PP, partido que no ha visto reflejada su posición favorable a la energía nuclear. Alcanzado a medias este objetivo, el Gobierno ha encarado los abultados ‘números rojos’ de la generación eléctrica. Para achicarlos, acaba de aprobar un recorte del 45% en las primas de las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica, y también se propone rebajar las subvenciones a la eólica y termosolar. Las renovables supondrán el 20,8% de la energía final en 2020, pero las cuentas públicas no podían soportar el ritmo de las ayudas. Se ha dado el primer paso, y queda mucho camino por recorrer, porque el déficit tarifario acumulado -diferencia entre costes de generación reconocidos e ingresos aportados por la tarifa- supera los 16.000 millones de euros y crece a pasos de gigante.

La contradicción

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo lleva dos años trabajando en un conjunto de propuestas para garantizar la viabilidad futura de las pensiones. El Gobierno le aportó la suya en febrero, pero esta reforma se afronta con criterios distintos desde los ministerios de Economía y Trabajo. Así se explican la corrección de los documentos remitidos a Bruselas y las declaraciones contradictorias sobre la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, la extensión del periodo para el cálculo de la pensión o la exigencia de mayores plazos para el cobro de la prestación máxima. Han pasado nueve meses y si Zapatero asegura que «no habrá marcha atrás» en la reforma, el ministro Gómez calcula que el proyecto de ley podría llegar al Congreso en primavera. Desde CC OO, su secretario general ha expresado lo que muchos piensan: a partir de mayo, la sucesión de citas electorales hará imposible el consenso.

Más o menos empleo fijo

La reforma laboral, con los cambios que implica en el despido objetivo -como la polémica mención a la «previsión de pérdidas» que aparece entre sus causas-, no ha producido efectos visibles en el mercado de trabajo. Todavía es pronto, pero el Gobierno ya reconoce que el empleo se va a recuperar muy lentamente, y que la alta temporalidad va a seguir presente durante mucho tiempo. Los defensores de la reforma aguardan con expectación si los desarrollos de la norma suavizarán sus efectos o, por el contrario, si el Ejecutivo mantendrá el pulso con los sindicatos.

De puertas adentro

Que las relaciones del Gobierno con los agentes sociales sean buenas o regulares, a los mercados les importa lo justo. Les preocupa, eso sí, que las protestas puedan causar una paralización de la actividad. El Gabinete podría verse reforzado si, una vez superado el proceso electoral en CEOE, la patronal y las centrales alcanzan un acuerdo que flexibilice la negociación colectiva y contribuya a que las empresas salgan antes del bache con medidas como la movilidad geográfica y funcional de sus trabajadores, o la vinculación de los salarios a los resultados económicos. Zapatero ha puesto como límite el 20 de marzo para que las partes alcancen un pacto.

Más transparencia

Cinco autonomías -Baleares, La Rioja, Asturias, Aragón y Extremadura- no dan información pública sobre su ejecución presupuestaria y otras muchas proporcionan datos insuficientes. El ministerio de Economía va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para plantear a todos sus miembros una mejora de la transparencia, y el rendimiento de cuentas una vez al mes. El Gobierno entiende que los mercados penalizan la ocultación.

Mayor productividad

El anuncio del vicepresidente Chaves de que el sueldo de los empleados públicos se vinculará a su productividad sonó como un mensaje al exterior. Esa opción ya existe, porque se incluyó en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero no se aplica. Los sindicatos aseguran que nunca ha habido interés, ni tampoco dinero. Y ahora les parece un sarcasmo que el Ejecutivo sugiera su entrada en vigor, cuando se ha saltado el resto de los compromisos adquiridos y les ha recortado la remuneración.