La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación «de una operación a gran escala de compra de votos» en Melilla
Declaraciones del exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y candidato número 3 de Coalición por Melilla
La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de la presunta compra de votos por correo en Melilla. Así lo ha acordado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un decreto en el que indica que la investigación policial ha revelado «solidos indicios» de la existencia «de una operación a gran escala de compra de votos» en la ciudad autónoma.
Explica que «la operación delictiva» comenzó el 4 de abril, cuando el BOE publicó la convocatoria electoral, «y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».
Otra investigación por compra de votos en Arona
Un juzgado de Arona (Tenerife) ha abierto una investigación tras la denuncia presentada el miércoles ante la Policía Nacional por representantes de Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona, según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Las formaciones explicaron que los denunciados parten de una conversación de un grupo de Whatsapp privado de actividades deportivas en el cual participa un cargo de confianza del alcalde del PSOE, José Julián Mena.
En una captura de pantalla aportada con la denuncia un interlocutor manda una fotografía con un sobre electoral donde se ve al candidato y las palabras José Julián Mena Alcalde acompañado de las siguientes palabras: «Manuel, el caballo y yo estamos contigo». Tras esta publicación, el actual asesor del alcalde responde: «No esperaba menos. Los 50 euros cuanfo votes».
Añade que esos sospechosos «conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma».
Esa descripción de cómo habrían actuado la trama extiende el campo de la investigación más allá de los posibles delitos electorales y la mete de lleno en el campo de la corrupción.
De hecho, el fiscal general considera que los hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla podrían suponer la comisión de delitos de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental.
En cuanto a la justificación de que sea la Fiscalía especializada la que asuma el caso, y no la Fiscalía ordinaria de Melilla, el fiscal jefe explica que se trata de «una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada» y la previsible complejidad de la investigación.
García Ortiz resalta igualmente la «gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular».
