Las adiciones incluyeron cinco cazas F-35 adicionales y un aumento de 4700 millones de dólares en el presupuesto de construcción naval. (Flickr)

William D. Hartung.- El 13 de marzo, el Pentágono presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024. Los resultados fueron —o al menos deberían haber sido— sorprendentes, incluso para los estándares de un departamento acostumbrado a obtener lo que quiere cuando lo quiere.

El nuevo presupuesto del Pentágono ascendería a 842.000 millones de dólares. Se trata del nivel más alto solicitado desde la Segunda Guerra Mundial, exceptuando el momento álgido de las guerras de Afganistán e Irak, cuando los Estados Unidos tenía casi 200.000 soldados desplegados en esos dos países.

¿Un billón de dólares para el Pentágono?

Es importante señalar que los 842.000 millones de dólares propuestos para el Pentágono el año que viene serán sólo el principio de lo que se pedirá a los pagadores de impuestos que desembolsen en nombre de la «defensa». Si añadimos el trabajo en armas nucleares del Departamento de Energía y pequeñas cantidades de gasto militar repartidas entre otras agencias, ya estamos en un presupuesto militar total de 886.000 millones de dólares. Y si el año pasado sirve de guía, el Congreso añadirá decenas de miles de millones de dólares adicionales a esa suma, mientras que otros miles de millones se destinarán a la emergencia a Ucrania para ayudarla a defenderse de la brutal invasión rusa. En resumen, estamos hablando de un posible gasto total de más de 950.000 millones de dólares en guerras y preparativos para más guerras, es decir, a una distancia asombrosa de la marca del billón de dólares con la que los funcionarios y expertos de línea dura sólo podían soñar hace unos pocos años.

El motor último de ese enorme derroche es una estrategia de expansión militar global pocas veces comentada, que incluye 750 bases militares de EE. UU. repartidas por todos los continentes excepto la Antártida, 170.000 soldados estacionados en el extranjero y operaciones antiterroristas en al menos 85 —no es una errata— países (un recuento ofrecido por el Proyecto Costes de la Guerra de la Universidad Brown). Peor aún, la administración Biden sólo parece estar preparándose para más de lo mismo. Su Estrategia de Defensa Nacional, publicada a finales del año pasado, se las arregla para encontrar el potencial de conflicto prácticamente en cualquier lugar del planeta y pide preparativos para ganar una guerra con Rusia y/o China, luchar contra Irán y Corea del Norte, y seguir librando una guerra global contra el terror, que, en los últimos tiempos, ha sido rebautizada como «lucha contra el extremismo violento». Piense que esta visión estratégica del mundo es exactamente lo contrario del enfoque de «la diplomacia primero» pregonado por el presidente Joe Biden y su equipo durante sus primeros meses en el cargo. Peor aún, es más probable que sirva de receta para el conflicto que de proyecto para la paz y la seguridad.

En un mundo ideal, el Congreso examinaría cuidadosamente esa solicitud presupuestaria del Pentágono y frenaría los planes excesivamente ambiciosos y contraproducentes del departamento. Pero los dos últimos años sugieren que, al menos a corto plazo, lo que se avecina es exactamente lo contrario. Después de todo, los legisladores añadieron 25000 y 45000 millones de dólares, respectivamente, a las solicitudes presupuestarias del Pentágono para 2022 y 2023, en su mayoría para proyectos de interés especial basados en los estados o distritos de miembros clave del Congreso. Y cuente con que los halcones del Capitolio también presionarán para conseguir aumentos similares este año.

Cómo la industria armamentística captura al Congreso

El aumento de 45000 millones de dólares solicitado por el Congreso para el presupuesto del Pentágono el año pasado fue uno de los más elevados de los que se tiene constancia. Las adiciones incluyeron cinco cazas F-35 adicionales y un aumento de 4700 millones de dólares en el presupuesto de construcción naval. Otras adiciones del Congreso incluyeron 10 helicópteros HH-60W, cuatro aviones EC-37 y 16 aviones C-130J adicionales (con un coste de 1700 millones de dólares). También hubo disposiciones que impidieron al Pentágono retirar una amplia gama de aviones y buques más antiguos —incluidos los bombarderos B-1, los aviones de combate F-22 y F-15, los aviones de reabastecimiento aéreo, los aviones de transporte C-130 y C-40, los aviones de guerra electrónica E-3, los helicópteros HH-60W y los relativamente nuevos pero desastrosos Littoral Combat Ships (LCS), a los que sus detractores se refieren como «barquitos de mierda».

El esfuerzo de los grupos de presión para impedir que la Armada retire esos buques plagados de problemas es un ejemplo de todo lo que falla en el proceso presupuestario del Pentágono a su paso por el Congreso. Como señalaba el New York Times en un detallado análisis de la accidentada historia del LCS, en un principio se concibió como un buque multimisión capaz de detectar submarinos, destruir minas antibuque y luchar contra el tipo de pequeñas embarcaciones que utilizan países como Irán. Sin embargo, una vez fabricado, demostró ser inepto en cada una de esas tareas, al tiempo que experimentaba repetidos problemas de motor que dificultaban incluso su despliegue. Si a ello se añade la opinión de la Armada de que el LCS sería inútil en un posible enfrentamiento naval con China, se decidió retirar nueve de ellos, a pesar de que algunos sólo habían servido entre cuatro y seis años de una vida útil potencial de 25 años.

Sin embargo, contratistas y funcionarios públicos con intereses en los LCS se movilizaron rápidamente para impedir que la Armada diera carpetazo a los buques y acabaron salvando cinco de los nueve que iban a ser retirados. Entre los principales actores figuraba una asociación comercial que representaba a empresas que habían recibido contratos por valor de 3000 millones de dólares para reparar y mantener esos buques en un astillero de Jacksonville (Florida), así como en otros emplazamientos de EE. UU. y el extranjero.

Los congresistas clave para salvar el buque fueron el representante John Rutherford (R-FL), cuyo distrito incluye ese astillero de Jacksonville, y el representante Rob Wittman (R-VA), cuyo distrito incluye una importante instalación naval en Hampton Roads, donde también se realizan trabajos de mantenimiento y reparación del LCS. Estoy seguro de que no le sorprenderá saber que, en 2022, Wittman recibió cientos de miles de dólares en contribuciones a la campaña de la industria armamentística, incluidas importantes donaciones de empresas como Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics, que desempeñan un papel en el programa LCS. Cuando se le preguntó si la campaña de presión a favor del LCS influyó en sus acciones, respondió sin rodeos: «No puedo decir que fuera el factor predominante. . . pero puedo decir que fue un factor».

La ex representante Jackie Speier (D-CA), que intentó que se mantuviera la decisión de retirar los buques, tenía una dura opinión de la campaña para salvarlos:

«Si el LCS fuera un coche que se vendiera hoy en América, serían considerados limones, y los fabricantes de automóviles serían demandados hasta el olvido. . . Los únicos ganadores han sido los contratistas de los que depende la Armada para mantener estos buques».

No todos los congresistas son partidarios de aumentar sin cesar el gasto del Pentágono. En el lado progresista, los representantes Barbara Lee (D-CA) y Mark Pocan (D-WI) han presentado un proyecto de ley que recortaría 100000 millones de dólares anuales del presupuesto del departamento. Esa cifra coincide con un informe de 2021 de la Oficina Presupuestaria del Congreso, en el que se esbozan tres vías de reducción del presupuesto del Pentágono que dejarían a EE. UU. con un sistema de defensa bastante más que adecuado.

Mientras tanto, los miembros del derechista Freedom Caucus y sus aliados han prometido presionar para que se congele el gasto discrecional federal a los niveles del año fiscal 2022. Si se aplicara de forma generalizada, supondría un recorte de entre 75000 y 100.000 millones de dólares en el gasto del Pentágono. Pero los partidarios de la congelación no han sido claros sobre el grado en que esos recortes (si los hubiera) afectarían al Departamento de Defensa.

Varios miembros republicanos de la Cámara de Representantes, entre ellos el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, han dicho que el Pentágono estará «sobre la mesa» en cualquier debate sobre futuros recortes presupuestarios, pero los únicos puntos específicos mencionados se refieren a frenar la «agenda woke» del Pentágono —es decir, desfinanciar cosas como la investigación de combustibles alternativos— junto con iniciativas destinadas a cerrar bases militares innecesarias o reducir el tamaño del cuerpo de oficiales. Tales medidas podrían ahorrar unos cuantos miles de millones de dólares, dejando intacto el grueso del presupuesto del Pentágono. Independientemente de su posición en el espectro político, los partidarios de recortar el presupuesto militar tendrán que enfrentarse a una mayoría del Congreso formada por partidarios del Pentágono y a la enorme maquinaria de influencia de la industria armamentística.

Engrasando las ruedas: cabildeo, contribuciones de campaña y la carta del empleo

Al igual que con el LCS, los principales contratistas de armas han engrasado habitualmente las ruedas del acceso y la influencia en el Congreso con contribuciones a la campaña por valor de 83 millones de dólares en los dos últimos ciclos electorales. Dichas donaciones se destinan principalmente a los miembros con más poder para ayudar a los grandes productores de armas. Y la industria armamentística es rápida en el sorteo. Típicamente, por ejemplo, esas corporaciones ya han ampliado su colaboración con los republicanos que, desde las elecciones de 2022, dirigen ahora el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el subcomité de defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Las últimas cifras de OpenSecrets, una organización que sigue de cerca los gastos de campaña y de los grupos de presión, muestran que el nuevo jefe del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R-AL), recibió más de 511.000 dólares de los fabricantes de armas en el ciclo electoral más reciente, mientras que Ken Calvert (R-CA), el nuevo jefe del subcomité de asignaciones de defensa, le siguió de cerca con 445.000 dólares. Rogers ha sido uno de los congresistas más agresivos a la hora de presionar para aumentar el gasto del Pentágono. Es un antiguo defensor del Departamento de Defensa y tiene sobrados incentivos para abogar por su agenda, dadas no sólo sus propias creencias, sino también la presencia de importantes contratistas de defensa como Boeing y Lockheed Martin en su estado.

Los contratistas y los miembros del Congreso con fábricas de armamento o bases militares en sus jurisdicciones utilizan habitualmente el argumento de los puestos de trabajo como herramienta de último recurso para impulsar la financiación de las instalaciones y los sistemas de armamento pertinentes. Poco importa que el impacto económico real del gasto del Pentágono se haya exagerado enormemente y que, con la financiación adecuada, pudieran desarrollarse fuentes más eficientes de creación de empleo.

A escala nacional, el empleo directo en el sector armamentístico se ha reducido drásticamente en las últimas cuatro décadas, pasando de 3,2 millones de americanos a mediados de los ochenta a un millón en la actualidad, según las cifras recopiladas por la Asociación Industrial de Defensa Nacional, el mayor grupo comercial de la industria armamentística. Y ese millón de puestos de trabajo en el sector de la defensa representa sólo seis décimas del uno por ciento de la población activa civil de los EE. UU., de más de 160 millones de personas. En resumen, el gasto en armamento es un nicho diferenciado en el conjunto de la economía, más que un motor esencial de la actividad económica general.

El empleo relacionado con las armas aumentará sin duda a medida que lo hagan los presupuestos del Pentágono y los gastos en curso destinados a armar a Ucrania. Aun así, el empleo total en el sector de la defensa se mantendrá en niveles modestos en relación con los de la Guerra Fría, a pesar de que el presupuesto militar actual es muy superior al gasto en los años de máximo apogeo de aquella época.

Las reducciones en el empleo relacionado con la defensa quedan enmascaradas por la tendencia de grandes contratistas como Lockheed Martin a exagerar el número de puestos de trabajo asociados a sus programas de fabricación de armas más importantes. Por ejemplo, Lockheed Martin afirma que el programa F-35 crea 298.000 puestos de trabajo en 48 estados, aunque la cifra real se acerca más a la mitad (basándose en los gastos anuales medios del programa y en las estimaciones del Costs of War Project, según el cual el gasto militar crea unos 11.200 puestos de trabajo por cada mil millones de dólares gastados).

Es cierto, sin embargo, que los puestos de trabajo que existen generan una influencia política considerable porque tienden a estar en los estados y distritos de los miembros del Congreso con más influencia sobre el gasto en investigación, desarrollo y producción de armamento. Para resolver este problema sería necesaria una nueva estrategia de inversión destinada a facilitar la transición de las comunidades y los trabajadores dependientes de la defensa a otros empleos (como se señala en el nuevo libro de Miriam Pemberton Six Stops on the National Security Tour: Rethinking Warfare Economies).

Desgraciadamente, los principales contratistas están cada vez mejor posicionados para influir en los futuros debates sobre el gasto y la estrategia del Pentágono. Por ejemplo, una comisión del Congreso de reciente creación, encargada de evaluar la Estrategia Nacional de Defensa del Pentágono, está formada en su mayoría por expertos y ex funcionarios con estrechos vínculos con esos fabricantes de armamento. Son ejecutivos, consultores, miembros de consejos de administración o miembros del personal de grupos de reflexión que cuentan con una importante financiación de la industria.

Lamentablemente, esto no debería sorprender a nadie. La última vez que el Congreso creó una comisión sobre estrategia, su composición también estaba muy sesgada hacia personas vinculadas a la industria de defensa y recomendó un aumento anual del 3% al 5% en el gasto del Pentágono, ajustado a la inflación, para los próximos años. Esta cifra superaba con creces las previsiones de gasto del Departamento. La cifra recomendada por la comisión se convirtió inmediatamente en un grito de guerra para los defensores del Pentágono, como Mike Rogers y James Inhofe (republicano de Oklahoma), antiguo miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, en sus esfuerzos por aumentar aún más el gasto. Inhofe solía tratar ese documento como un evangelio, y en una ocasión agitó una copia del mismo en una audiencia del Congreso sobre el presupuesto del Pentágono.

«Una ciudadanía alerta e informada»

El poder y la influencia de la industria armamentística son obstáculos de enormes proporciones para un cambio en las prioridades nacionales. Pero hay precedentes históricos de un enfoque diferente. Después de todo, con la suficiente presión pública, el gasto del Pentágono se redujo tras la guerra de Vietnam, de nuevo al final de la Guerra Fría, e incluso durante los debates sobre la reducción del déficit a principios de la década de 2010. Podría volver a ocurrir.