El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (i) y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), en un acto conjunto

El PP ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior por el supuesto ‘chivatazo’ que recibió el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre un registro en la Consejería de Obras Públicas por un caso de irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras, y es que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quiere saber si miente el dirigente autonómico o la delegada del Gobierno que lo niega.

Revilla desveló que fue avisado por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, de que se iba a registrar la sede de la Consejería de Obras Públicas: a las 7.20 recibió la llamada anunciado que a las 7.30 se iniciaba la intervención policial.

Sin embargo, la delegada ha subrayado este lunes que informó al presidente autonómico de la operación cuando la Conserjería estaba ya “totalmente custodia desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional” y ha alegado que era su deber.

“O miente la delegada o miente el presidente de Cantabria, pero los cántabros no se merecen que les mientan –ha dicho Gamarra en rueda de prensa en el Congreso–. Esto es de máxima gravedad y se necesitan explicaciones”.

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En concreto, el PP ha pedido las comparecencias en el Congreso del ministro Fernando Grande Marlaska, del director de la Policía, Francisco Pardo, y de la propia delegada en Cantabria, todo ello para saber cuándo se facilitó información a Revilla y qué detalles se le dieron.

TAMBIÉN CS PIDE ACLARACIONES
También Ciudadanos ha llevado este caso al Congreso, en su caso solicitando la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la propia Quiñones. Además, ha registrado preguntas escritas para que el Gobierno explique si tenía conocimiento de que se iba a producir el registro y por qué fuente.

En caso negativo, los ‘naranjas’ se interesan sobre por qué Quiñones sí conocía esta información, si el Ejecutivo piensa tomar medidas contra ella por el presunto chivatazo y si piensa llevar a cabo algún tipo de investigación para depurar responsabilidades ante “la clara violación del secreto de sumario”.