Tras imponerse en las elecciones, el equipo de la campaña de Lula no descansa. Mientras el ex presidente se fue de vacaciones a Bahía, su vicepresidente Gerardo Alckmin está liderando la transición mientras que su jefe de campaña, Aloizio Mercadante, prepara una demanda judicial para presentar en la Corte Suprema (STF) que inhabilite electoralmente al actual presidente Jair Bolsonaro.

La presentación buscará que el STF, dominado por la izquierda, donde 9 de los 11 jueces fueron designados por el PT, condene a Bolsonaro por presunto abuso de poder político y económico, lo que lo inhabilitaría de poder participar en futuras elecciones.

Como evidencia, la demanda incluye declaraciones públicas del presidente criticando el sistema electoral, advirtiendo de la posibilidad de fraude y poniendo en duda la seguridad de las máquinas de votación.

Según informan desde la campaña petísta, también se podría incluir en esta demanda evidencia de los diputados electos Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro y Nikolas Ferreira, los tres dirigentes más fuertes electoralmente de Bolsonaro.

De esta manera, Lula quiere eliminar cualquier competencia real que pueda tener en la derecha en los primeros días de su gobierno, que comenzará el próximo 1ro de enero.

Como su amigo dictador Daniel Ortega en Nicaragua, que utilizó la Corte Suprema que tiene a su favor para inhabilitar a todos los candidatos opositores y presentarse sin rivales en la última elección, Lula busca asentar su poder en Brasil para nunca más perder una elección.

El equipo legal del PT también prepara otra demanda, que se presentará en paralelo, centrada en cuestiones económicas, incluidos los beneficios financieros que el gobierno liberó durante el proceso electoral, como la concesión de préstamos descontados de nómina a los beneficiarios de Auxílio Brasil.

Según el comando de la campaña de Lula, Bolsonaro decidió dar planes sociales durante el 2022 solamente para beneficiar su postura electoral, algo que tanto él como Dilma hicieron también durante sus mandatos pero nunca fueron ni denunciados por ello.

Esta demanda es la más débil, ya que la Propuesta de Reforma a la Constitución (PEC), apodada “Paquete de Bondades“, que aumentó la ayuda social del plan Auxilio Brasil de R$400 a R$ 600, fue aprobada en el Congreso con los votos de todo el PT, y el propio Lula pidió durante la campaña que votaran a favor de la medida de Bolsonaro.

Por último, los asesores de Lula aseguran que tienen una última bala en la recámara por si las otras dos demandas fallan, y es la de investigar a Bolsonaro por el manejo del país durante la pandemia. Según los petístas, Bolsonaro cobró coimas en la compra de vacunas y luchó contra los gobernadores para que no cierren la economía.

Ambas acusaciones fueron derribadas durante la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de la Cámara de Diputados, que investigó a Bolsonaro durante todo el ciclo electoral por este tema y no encontró nada.

Sin embargo, desde el petísmo están esperanzados que sus aliados en la Suprema Corte garanticen una condena en esta causa si las demás fallan. Cabe recordar que la figura más fuerte del STF es Alexandre de Moraes, un juez aliado de Lula que actualmente lidera la causa Fake News contra Bolsonaro, en otro intento por inhabilitarlo al actual presidente.