El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del gobierno de Joe Biden está trabajando codo a codo con distintas empresas para frenar el discurso que considera “peligroso”, presionando así a las plataformas tecnológicas para que se comprometan con una masiva censura para ciertos tópicos de conversación.

Citando un conjunto de documentos relacionados con una demanda presentada por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, el medio The Intercept reveló esta semana una silenciosa campaña de presión por parte del DHS para tratar de moldear el discurso en línea por la que ya se han celebrado una decena de reuniones con altos ejecutivos del sector tech y de finanzas.

En las reuniones, funcionarios de la Casa Blanca han discutido implementar “un proceso formalizado para que el gobierno clasifique el contenido de las redes sociales y soliciten que sea eliminado a través de un portal especial de Facebook que requiera un correo electrónico del gobierno o de las fuerzas del orden para poder utilizarlo”. Un portal que, por cierto, ya ha sido creado.

De acuerdo a los documentos, el DHS consideraría como contenido peligroso todo lo relacionado con los “los orígenes de la pandemia de COVID-19 y la eficacia de las vacunas de COVID-19, la justicia racial, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la naturaleza del apoyo de Estados Unidos a Ucrania”.

Como la clasificación de “desinformación” no está claramente definida, el contenido censurable podría extenderse a cualquier idea y opinión que contradiga la narrativa oficial de la administración Biden y de los líderes del Partido Demócrata en los principales temas políticos, como es el caso de la desastrosa retirada de Afganistán en 2021.

El gobierno de Biden intentó hacer pública parte de esta infraestructura en abril de 2022 con el anuncio de la creación de la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Nunca se aclararon las funciones exactas de la junta, ni cómo cumpliría su objetivo de definir y combatir las fake news, pero fue tanta la opinión negativa que generó que tuvieron que cerrarla a los pocos días.

Aunque no es de extrañar, la tanda de documentos obtenida muestra a las grandes empresas tecnológicas trabajando en conjunto con la Casa Blanca en esta propuesta fallida. Un mensaje de texto de febrero enviado por el ejecutivo de Microsoft Matt Masterson a un director del DHS dice lo siguiente: “Las plataformas tienen que sentirse cómodas con el gobierno. Es realmente interesante lo indecisos que siguen siendo”.

En una reunión celebrada en marzo con ejecutivos de Twitter y del JP Morgan, Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que la amenaza de información “subversiva” en las redes sociales podría incrementar el descontento de los ciudadanos con el gobierno. “Necesitamos una infraestructura de medios de comunicación que rinda cuentas”, subrayó Dehmlow en la reunión.

En 2018, el Congreso aprobó y el entonces presidente Trump firmó un proyecto de ley que creaba una oficina llamada Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), como una respuesta a algunos hackeos de alto perfil de empresas estadounidenses como SolarWinds y Equifax y, sobre todo, para proteger la infraestructura nacional crítica.

Pero la CISA, yendo en contra de las órdenes de Trump, no tardó en ampliar su definición de infraestructura nacional crítica para incluir a la “desinformación”, siguiendo las indicaciones de un comité asesor encabezado por Vijaya Gadde, la antigua jefe de asuntos legales y política de Twitter a quien Elon Musk despidió hace unos días.

Gadde fue la coautora de un informe de junio en el que se instaba a la CISA a asumir un papel protagónico en la vigilancia de la libertad de expresión en línea, pidiendo a la agencia que vigilara “las plataformas de medios sociales de todos los tamaños, los medios de comunicación convencionales, las noticias por cable, los medios hiperpartidistas, la radio y otros recursos en línea.”

Como ocurrió con la historia de la laptop de Hunter Biden y la teoría de que el coronavirus surgió de un laboratorio de Wuhan y no de un animal, los gigantes tecnológicos censuraron esta información al recibir órdenes del FBI y de funcionarios del gobierno de Biden. Todo esto fue admitido por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en el podcast de Joe Rogan hace algunas semanas.

Lo que no se sabía hasta el momento, y lo que estos nuevos documentos filtrados se encargan de revelar, son los planes avanzados que Biden junto con Silicon Valley se encuentran proyectando para implementar el autoritarismo dentro de las redes sociales.