F.L.- El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, acordó el pasado lunes, 11 de julio, la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación contra el juez Francisco Serrano por modificar el régimen de visitas de un niño de 11 años y permitir que asistiera vestido de paje con una cofradía de la ‘Madrugá’ en la Semana Santa de Sevilla de 2010.

Con su decisión, el magistrado alargó el turno de custodia del padre del menor en un día y medio más, haciendo valer el interés del menor para que pudiera cumplir su deseo de asistir a la procesión. Y así lo consideró la Audiencia Provincial de Sevilla, que avaló la decisión del magistrado al no observar prevaricación en la misma.

Sin embargo, el TSJA considera “contraria a Derecho” la decisión del juez Serrano y le abre juicio oral, imponiéndole además una fianza de 7.200 euros “para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenársele”. Si no la hiciera efectiva, “se le embargarán los bienes suficientes para cubrir esa cuantía”, indica.

Los hechos se remontan al 30 de marzo de 2010, cuando el juez de Familia número 7, Serrano, emitió un auto en el que ordenó prolongar un día y medio la estancia del menor con su padre, al considerar “incomprensibles” los “obstáculos” que argumentó la madre para que el niño no fuera en la madrugada del Viernes Santo a la iglesia donde debía asistir como paje.

La decisión del juez alteraba así el régimen de visitas que había fijado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 4. De nada sirvió que la Audiencia sevillana argumentara que en el caso concurrían razones de “urgencia y necesidad”, y el juez instructor del TSJA argumenta en su auto que un juzgado de Familia sólo puede variar el régimen de visitas ya dictado en una causa de divorcio por otro, en este caso de Violencia sobre la Mujer, “si fuera cierta la premisa de que existía una situación de peligro o perjuicio inminente para el menor”, y que en todo caso se debería haber derivado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

“Acoso y derribo” contra un juez “molesto”

Por su parte, el abogado de Serrano ha lamentado, tras conocer la decisión del Alto tribunal, la “estigmatización” pública de su defendido y los daños que acarreará este auto al juzgado de Familia del que es titular.

El auto del TSJA concreta, según fuentes cercanas al caso, una campaña de “acoso y derribo”. Información publicada este martes, 12 de julio, en el diario La Razón destaca que esas fuentes mantienen que de lo que se trata es de apartar a un magistrado “crítico y molesto” con la Ley de Violencia de Género, “que mueve muchos miles de millones de euros al año” y que cuenta con una estructura de organismos oficiales “en los que trabaja mucha gente”.

Hay que recordar que Serrano, para el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación y una multa de 5.440 euros, pena que la madre del menor eleva a 20 años, realizó unas declaraciones contra esa ley que le supusieron la apertura de un expediente, aunque la Fiscalía y la juez instructora propusieron archivarlo posteriormente.

El “molesto” juez advirtió en su día de que el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realiza sus estadísticas “sólo con sentencias” y sin analizar las resoluciones de sobreseimiento y los archivos de las denuncias presentadas.

¿Misma justicia para todos los jueces?

Este precedente y el hecho de que la decisión del juez Serrano tenga que ver con que se alteró el régimen de visitas para que el niño asistiera a una procesión lleva a preguntarse si tan grave es que alterara por un día y medio el turno de custodia como para juzgar a un juez.

También cabe preguntarse si no hay en todo ello un trasfondo de sectarismo ideológico, mientras se mira hacia otro lado en otros casos quizás más flagrantes.

En ese sentido, por ejemplo, contrasta el que la misma autoridad judicial que ha decidido abrir con premura juicio oral contra Serrano no diga nada ante el hecho de que el juez Baltasar Garzón haya tenido paralizado durante tres años un caso de tanta relevancia como el del ‘caso Faisán’.

Según denunciaba este jueves el secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, el juez Garzón ha tenido paralizado este caso durante tres años en el cajón de su despacho hasta que fue sancionado y el magistrado Pablo Ruz se hizo cargo.

Ahora, Ruz ha dictado auto de procesamiento contra los tres imputados en la causa del chivatazo de ETA en el bar Faisán: el ex director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.